Redacción Opción
300 millones de dólares es el recorte al presupuesto de la educación general, denuncian los dirigentes de la Unión Nacional de Educadores UNE, esto ha provocado la eliminación de tres ofertas educativas que afectan a más de 165 mil niños, niñas y jóvenes de los sectores más empobrecidos. “Richard Martínez se ha convertido en enemigo de la niñez y juventud, con las medidas económicas neoliberales se ensaña con los más débiles de este país dejándoles sin el derecho a la educación” señala la UNE.
La reducción del presupuesto, es una grave afectación al Derecho a la Educación y una clara transgresión a la Constitución en su artículo 165 inciso 2, donde se señala que el Gobierno en estado de excepción puede. “Utilizar fondos públicos destinados a otros fines, excepto los correspondientes a salud y educación”. Presidente y Ministros NO pueden hacer recortes de presupuesto en educación por prohibición expresa de la norma constitucional.
Está claro que la ambición voraz del régimen es arrasar con todo para engordar las obesas cuentas de los tenedores de los papeles de la deuda ya que la cifra recortada en educación general es similar a la que en el mes de marzo Martínez pagó por bonos (deuda externa), USD 324 millones de dólares. Los recortes en educación general y superior están pagando la deuda externa.
19.344 niños de 3 a 4 años de los sectores urbano-marginales se quedan sin estudiar por el cierre de la oferta académica SAFPI Servicio para Atención Familiar para la Primera Infancia. 146.576 de personas dejarán sus estudios por la suspensión de los programas de alfabetización y post alfabetización que comprende los niveles de Básica Superior y Bachillerato intensivo.
Miles de jóvenes se quedan fuera del Bachillerato Internacional, dejando frustrados sus estudios al finalizar esta oferta educativa en 77 establecimientos del régimen Costa.
2’500.000 jóvenes se encuentran fuera del plan Educativo COVID- 19 al no tener acceso a conectividad y herramientas telemáticas.
Aproximadamente 6.000 docentes han sido desvinculados, mientras 5. 600 partidas presupuestarias de los docentes jubilados no son reemplazadas.
Frente a toda esta realidad que atenta a la educación pública. La Unión Nacional de Educadores, exige la destitución de Richard Martínez. Las políticas inconstitucionales del Gobierno están obligando a docentes y padres de familia a romper la cuarentena y defender desde las calles la educación; el Gobierno será el responsable directo de los acontecimientos que puedan suscitarse, concluyeron