El pasado 8 de mayo, pobladores de Molleturo, parroquia rural del cantón Cuenca, perteneciente a la provincia del Azuay, indignados ante múltiples atropellos y en defensa de los derechos humanos y de la naturaleza se tomaron el campamento de la compañía china Junefield/Ecuadorgoldmining South América S A., situada en los páramos de la comunidad de Río Blanco.

Esta medida de hecho la tomaron amparados en el Art. 98 de la Constitución, que establece el derecho a la resistencia, ya que por años no han encontrado respuesta de las autoridades locales ni nacionales frente a las arbitrariedades y atropellos que han venido sufriendo, uno de ellos como la falta de socialización del proyecto minero.

Sin embargo, fueron reprimidos por parte de miembros policiales y militares, que acorralaron la zona de conflicto, sin considerar que en la protesta pacífica se encontraban mujeres, ancianos y niños, de los cuales varios de ellos resultaron heridos y asfixiados por el gas lacrimógeno; es decir que se puso en riesgo la vida de estas personas que ejercían su legítimo derecho a la defensa de su territorio, incluso un periodista resultó herido por el impacto de un proyectil en su mano izquierda.

Lo que exigen estos habitantes es paz, justicia y tranquilidad para las 72 comunidades de Molleturo, que se conseguirán según dicen, cuando se prohíban las concesiones mineras en todo el territorio nacional, y las transnacionales mineras se regresen a sus países de origen.

Uno de los problemas graves que se ha generado es la división social, el enfrentamiento entre comunidades, las que están a favor del proyecto minero y las que están a favor de dejar los páramos libres de minería, para salvaguardar las fuentes de agua, principal elemento de la sostenibilidad de la vida.

El pasado 10 de mayo, dirigentes de la CONAIE y la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), realizaron un recorrido en Río Blanco y aseguraron que policías y militares se mantienen resguardando la propiedad de la empresa china. Además indicaron que se constató que la represión y violencia por parte de la policía fue lo que produjo el incendio del campamento minero, pues una bomba lacrimógena impactó en un material químico que hizo que el fuego se propague a lo largo del campamento.

Estos dirigentes respaldaron la acción tomada por los pobladores de Molleturo, pues aseguran que demuestra la inconformidad ante la falta de seriedad y resultados concretos dentro del proceso de diálogo en el que se encuentran varias organizaciones sociales actualmente en el país.

Declaraciones

“La palabra dada por el presidente Moreno queda en entredicho, cuando en la realidad de los hechos las poblaciones locales siguen sufriendo la arremetida de la minería en sus territorios. Por lo tanto estas acciones de protesta son legítimas y cuentan con el respaldo de la CONAIE y su estructura, porque luchar por derechos no es un delito”, indica Jaime Vargas, presidente de la CONAIE.

Blanca Chancoso, vicepresidenta de la Ecuarunari, menciona que han solicitado de todas las formas posibles que se cambie la política desarrollista extractivista aplicada en el país, pero se han hecho de los oídos sordos, por lo que las comunidades no han tenido más que reaccionar. “Reiteramos la vigilia permanente y esperamos que el gobierno arregle lo más pronto posible esta situación, sin recurrir a la criminalización y persecución a los defensores de la vida”.

Luis Sánchez, perteneciente a la parroquia Tundayme -otra de las comunidades despojadas por la minería, – manifiesta que “la intromisión del gobierno y las transnacionales para dividir a los territorios ha causado la discordia entre los pobladores, acción que sucede en todas las comunidades donde se encuentran acentuados los proyectos mineros”.