Giovanni Atarihuana, director nacional del movimiento de izquierda Unidad Popular, acompañado de Lucía Sosa, Prefecta de Esmeraldas, y varios de sus compañeros, llegó ante el Consejo de Participación Transitorio con una denuncia en contra de los actuales miembros de la Corte Constitucional, argumentando el incumplimiento persistente y sistemático de sus funciones, por lo que solicitaron al presidente del Consejo, Julio César Trujillo, que ese organismo sea cesado.

Según el dirigente, la Corte Constitucional ha represado más de 12 mil causas. Sólo Unidad Popular presentó 7 demandas que tienen que ver con la Ley de Comunicación, las Enmiendas Constitucionales, la Ley de Justicia Laboral, entre otras, que ese organismo arbitrariamente las congeló porque cuestionaban políticas del anterior régimen  que considerábamos inconstitucionales.

Las omisiones, las tardanzas, en definitiva el incumplimiento de las funciones de la Corte Constitucional habría causado graves daños a la ciudadanía, pues las miles de causas que recibió y no trató tienen que ver con violación de derechos humanos y de garantías constitucionales.

Esas demoras han violentado derechos y causado millonarias pérdidas. En este sentido, Atarihuana puso énfasis en los casi cuatro años que tardó la Corte para declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Justicia Laboral (aprobada por Alianza Pais) que eliminó la obligación del Estado de pagar anualmente el 40% del aporte para las pensiones jubilares.  Esa tardanza perjudicó al IESS y a los afiliados en 4 960 millones de dólares. En esa resolución se amparó Correa para incumplir un derecho constitucional de los afiliados y los jubilados y así dejó de pagar 1 200 millones de dólares anuales.

Podría decirse – añadió –  que al fin la Corte nos dio la razón y que se restituyó ese derecho; sin embargo, el daño está hecho porque la resolución establece que el Estado empiece a pagar desde el año 2019, es decir cuatro años después, sin establecer retroactividad ni reparaciones al daño realizado para millones de afiliados.

El líder de Unidad Popular finalizó señalando que continuarán luchando por desmontar definitivamente el aparato institucional del correísmo, de autoritarismo, corrupción e impunidad, que ha significado graves violaciones a los derechos de los trabajadores y los pueblos del Ecuador.

Acciones de Inconstitucionalidad presentadas por Unidad Popular.

El 21 de agosto del 2014, demanda a Rafael Correa por el COOTAD.

El 30 de noviembre 2015 se demanda a Rafael Correa frente a la aprobación del Presupuesto General del Estado.

El 21 de diciembre 2015, demanda a la presidenta de la Asamblea Nacional por la aprobación de las Enmiendas Constitucionales.

El 22 de abril de 2015, demanda al Presidente de la República por la Ley Orgánica para la Justicia Laboral.

El 30 de marzo 2016, demanda al Presidente de la república por la Ley Orgánica de Promoción Juvenil.

El 24 de Julio de 2017, demanda por inconstitucionalidad al Código Orgánico de Entidades de Seguridad, en el que se crea una tercera fuerza armada.

Unidad Popular demandó a Rafael Correa por supuesto tráfico de influencias, el 12 de septiembre, 2017.

Otras demandas de UP

El 20 de marzo del 2018 se solicitó al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio la evaluación del Fiscal Carlos Baca y de Gustavo Jalkh.

Presentó una denuncia en contra del expresidente Rafael Correa y del presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, por presunto tráfico de influencias.

Este movimiento también ha pedido medidas cautelares en contra del exmandatario, y que se retomen las investigaciones en cuatro denuncias previas: además de falsedad ideológica, por los contratos de Odebrecht y de Petrochina, y por tráfico de influencias en el manejo de la justicia.

Por Rolando Castro