La crítica a la globalización neoliberal caracterizó los años de transición de los dos últimos siglos. Esa movilización social fecundó en Latinoamérica gobiernos alternativos de corte populista, los cuales optaron por modernizar los procesos de acumulación de capital en favor de los monopolios nacionales y extranjeros.

En el Ecuador, los alfiles de la partidocracia fueron reemplazados por Correa quien, más allá de la alharaca propagandística, no superó el capitalismo, pues en esencia sus políticas constituyeron la subsistencia de la larga noche neoliberal.

Una muestra de esas políticas es la privatización del ingenio azucarero ECUDOS junto a las cementeras Guapán y Chimborazo, la promulgación de la Ley de Incentivos para Asociaciones PúblicoPrivadas, la firma del Acuerdo Multipartes con la Unión Europea, las concesiones mineras y petroleras, los altos niveles de deuda pública, la precarización de las condiciones de trabajo y la proscripción de la organización sindical independiente.

En esa cuadratura ideológica también se cobijan las medidas económicas que el actual gobierno anuncia: la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica, la venta de activos del Estado, la eliminación de los subsidios, etc.

Así la burguesía aspira resolver la crisis fiscal, ya que el déficit superó las previsiones iniciales que crecieron de 3,94% al 9,2% en relación con el Producto Interno Bruto.

Esa crisis será nuevamente facturada para que la paguen los trabajadores, pues por un lado el gobierno perdona las deudas que los grandes ricos morosos tienen con el Estado (USD. 2.355millones), como lo hizo Correa[1], y por otro anuncia que eliminará los subsidios a los combustibles (USD. 1.707millones) que implicaría un duro golpe al pueblo.

[1] Durante el correísmo se aprobaron dos normativas que principalmente perdonaron las deudas que los grandes grupos económicos mantenían con el Estado: la Ley de remisión de intereses, multas y recargas tributarias sobre impuestos nacionales (aprobada por la mayoría correísta en abril del 2015) y la Ley para la reestructuración de deudas de la banca pública, banca cerrada y gestión del sistema financiero nacional y régimen de valores (aprobada en marzo del 2017).

No existen dudas, los hechos hablan por sí solos, continúa el gobierno de las prebendas para la oligarquía que tiene en el Estado capitalista el protector de sus intereses de clase.

En definitiva, las contradicciones de Rafael con Moreno no trascienden del plano político, del liderazgo de la dirección del Estado y de Alianza País, pues perdura y se profundiza el modelo económico vigente en el Ecuador desde el regreso a la democracia formal.

Urge oponerse a estos anuncios de medidas económicas y exigir fuentes de financiamiento presupuestario que rompa la ortodoxia neoliberal de la tecnocracia crediticia internacional. Por ejemplo, además de cobrar las deudas que mantienen los multimillonarios evasores de impuestos, se debe recuperar la plata que los corruptos defraudaron al Ecuador, nacionalizar los servicios de las telefonía celular, reforzar el control en las fronteras para impedir el contrabando de combustibles a los países vecinos, etc.

Se requiere continuar el combate contra el neoliberalismo que durante la década precedente fue tolerado y desarrollado solapadamente, además de superar ese recetario dogmático que vuelve a ser promocionado como la alternativa a las crisis generales y cíclicas del capital.

 

Por lo tanto, urge transformar en serio la sociedad.