El dato: En 2014 el Ministerio de Educación recibió 34 denuncias, sobre abuso y acoso sexual, en 2015 fueron 94, en 2016 la cifra ascendió a 389, para 2017 llegaron a 883 denuncias y a inicios de 2018 se han presentado cerca de 3.000 referentes a esos delitos.

El pasado 15 de marzo, la Comisión Aampetra emitió un informe que establece graves irregularidades respecto a la actuación de los funcionarios del Ministerio de Educación, entre ellos el ex ministro Augusto Espinosa, por hacer caso omiso a las denuncias de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes.

Si bien es cierto a Espinosa no se le puede censurar políticamente -pues su período venció el 16 de noviembre del año pasado, sin embargo, la Fiscalía sí puede determinar indicios de responsabilidad penal, establecidos en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Las razones:

El Art. 272 (Fraude procesal) establece que la persona que oculte pruebas en un procedimiento administrativo será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

El Art. 277 (Omisión de denuncia) establece que la persona que conozca de algún hecho grave y no lo ponga en conocimiento de la autoridad, será sancionada con pena privativa de libertad de quince a treinta días.

El Art. 151 (Tortura) establece que la persona que cause dolor o sufrimiento, ya sea físico o psíquico, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años.

La Federación de Estudiantes Secundarios (FESE) y el Colegio de Abogados de Pichincha presentaron esta misma denuncia en el mes de enero, pero apenas el pasado 19 de marzo acudieron a la Fiscalía al reconocimiento de firmas, razón por la cual exigieron que se actúe con mayor celeridad.

Lo que necesitas saber:

En 2013 el Ministerio de Educación expidió un protocolo que determinaba que en caso de que un docente incurriera en casos de violencia se debía denunciar a la Fiscalía, pero en el 2015 ese protocolo se actualizó y se incorporó para los directores distritales la posibilidad de otorgar la suspensión temporal del agresor.

Por otro lado, la Ley Orgánica Intercultural Bilingüe establece que todo estudiante, docente o autoridad educativa que conozca de un caso de abuso sexual tiene que realizar la denuncia directamente en la Junta Distrital de Resolución de Conflictos -cuyos miembros hacían de jueces- cuando en realidad los casos de abusos sexuales son delitos que deben denunciarse en la Fiscalía.

Recomendaciones de la Comisión AAMPETRA

  • Impulsar a los estudiantes y docentes a denunciar.
  • Destituir automáticamente al agresor.
  • Iniciar procesos judiciales para los victimarios.
  • Fortalecer los departamentos de consejería estudiantil.
  • Elevar los protocolos a acuerdos ministeriales para que su cumplimiento sea obligatorio.
  • Realizar auditorías permanentes en los centros educativos para acceder a información directa respecto al cumplimiento de los protocolos de seguridad.

Reacciones:

Para Ángel Orna, vicepresidente del Colegio de Abogados de Pichincha, la Fiscalía camina a paso de tortuga y eso es evidente por la demora al llamado para el reconocimiento de firmas. “El ex ministro Espinosa debe ser investigado por faltas de carácter penal, porque los casos de abuso sexual van más allá de imponer sanciones administrativas, cambio de sitio de trabajo o suspensión temporal”, dice.

“Exigimos que la Fiscalía actúe más rápido y no a favor de un interés político, sino en nombre de la justicia frente a los miles de jóvenes y niños que fueron abusados y aun violados en las instituciones educativas, actos que fueron socapados con el silencio de Espinosa. Los estudiantes rechazamos a todo aquel que improvise con nuestro futuro y juegue con nosotros” indica Jorge Piedra, presidente de la FESE.

Cesar Cárdenas, director del “observatorio ciudadano de servicio público de Guayaquil”, que hace acompañamiento a los padres de familia y abogados de los estudiantes afectados del colegio Aguirre Abad para que dichos casos no queden en la impunidad, afirma: “Personas como Espinosa deben estar en la cárcel, porque la conmoción social que estos casos han provocado en los estudiantes  y padres de familia es irreparable”, indica.

ESPINOSA Y EL ATENTADO A LA EDUCACIÓN

Su administración ha sido calificada como improvisada y represiva, a continuación las razones:

  • Los colegios se han convertido en cárceles, donde reprimen a quien piensa distinto.
  • Alrededor de un millón de jóvenes no han podido acceder a la universidad.
  • Más de 600 estudiantes fueron criminalizados y se emprendió sumarios administrativos a más de 1500 en todo el país.
  • Cerca del 60% de bachilleres no acceden al empleo, como se ofertó mediante el Bachillerado General Unificado.
  • El 46% de instituciones educativas no cuenta con Departamento de Consejería Estudiantil (DECE).
  • El 70% de las autoridades no participaron en concursos de méritos y fueron colocadas a dedo.
  • El ministro suspendió el pago del incentivo jubilar a docentes que dieron su vida entera en el magisterio.
  • En el 2016 declaró la disolución de la UNE, principal gremio de profesores del país, que agrupaba a más de 100 mil docentes.