Señores:

Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH,

Comisión ocasional encargada de investigar los hechos suscitados en el paro, de la Asamblea Nacional,

Organizaciones de derechos humanos,

Colectivos y organizaciones sociales,

Pueblos del ecuador

Presente:

De nuestras consideraciones.-

EL 2 de octubre, el gobierno nacional, encabezado por Lenin Moreno, anunció una serie de medidas económicas, entre las que constan la eliminación de los subsidios de los combustibles y flexibilización laboral y otras, contenidas en el Decreto Presidencial 883 y en proyectos de ley económicas urgentes que se planteaba enviar a la Asamblea Nacional. Ante esta desacertada decisión, transportistas, movimiento indígena, trabajadores, estudiantes y demás organizaciones sociales, anunciaron medidas de hecho.

Ante la movilización de distintos sectores, en las principales ciudades de todas las provincias del Ecuador, la respuesta del Estado fue ordenar una brutal represión, en cabezazos por el Presidente de la República, la Ministra de Gobierno María Paula Romo y el Ministro de Defensa Oswaldo Jarrín, quienes, además de ordenar un despliegue desproporcionado de la policía y el ejército, decretó un Estado de Excepción el 3 de octubre, además del toque de queda parcial en todo el territorio nacional el 8 de octubre y toque de queda en el D.M. de Quito el 12 de octubre. Estas medidas limitaron varios derechos y garantías de la población, además que facultaron a la fuerza pública a reprimir a los manifestantes, dejando un saldo trágico de 11 fallecidos, 8 personas que desarrollaron discapacidad, 1340 heridos y 1192 detenidos (más del 70% de ellos de manera extrajudicial).

La represión sistemática, que fue generalizada, tiene un particular contenido en contra de la juventud que, representa el 32% de la población del Ecuador y que,  dadas sus condiciones de vida, se sumó masivamente a las manifestaciones. Según datos oficiales, el 30%  de los y las jóvenes es  pobre o extremadamente pobre. Según el estudio el 17,7% de las y los jóvenes vive en pobreza; y el 11,4%, en pobreza extrema, el 60% de la juventud no tiene empleo pleno, solo el 76% accede a educación secundaria y más de 1,2 millones de jóvenes no han accedido a las universidades en los últimos años.

Rechazamos los actos de represión y exigimos que los responsables respondan, tanto quienes ordenaron los ataques contra manifestantes desarmados, como quienes los perpetraron. Alertamos sobre una campaña de criminalización de la protesta social que, en los hechos, busca impedir que el pueblo, en legítimo uso de su derecho a la resistencia, reclame cuando el poder político y económico vulnere sus derechos.. En particular, alertamos sobre los siguientes hechos:

1.            De todas las detenciones, el 25% corresponde a adolescentes de entre 15 y 19 años, edad para estar en el colegio; otro 25% corresponde a jóvenes de entre 20 y 24 años, edad para estar en la universidad; le sigue en número jjóvenes de 25 a 29 años con un 12% de las detenciones, y un 8% menores de 15 años; es decir, adolescentes.

2.            El caso de Anthony David Lapo Benitez 18 aaños, estudiante del último año del Colegio Bernardo Valdivieso, 3quien, presuntamente habría sido sentenciado a 30 días de prisión preventiva por el delito de ataque y resistencia, detenido cuando se dirigía a su casa con un amigo, fue agredido y detenido por la Policía Nacional en las calles Bolívar y Lourdes de la ciudad de Loja.

3.            El Estado ecuatoriano mantiene detenidos a 6 estudiantes secundarios, menores de edad, a quienes pretenden acusar de terrorismo.  Los menores Elkin C. (17 años), Stalyn P. (14 años) Edwin V. (16 años), Denixon D. (17 años), Marlon M. (17 años) y Anthony T. (17 años), permanecen en el Centro de Adolescentes Infractores “Virgilio Guerrero” desde el sábado 12, luego de permanecer incomunicados por 8 horas.

 En base a lo expuesto, apoyados en la Declaración Universal De Derechos Humanos y acuerdos internacionales respecto a derechos y libertades y, deberes y responsabilidades de los gobierno y, a la Constitución del Ecuador, que en su artículo Art. 98 especifica que «Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos», hacemos las siguientes peticiones:

1.            Hacemos un llamado a las organizaciones de Derechos Humanos y a la opinión pública en general a visibilizar, denunciar y exigir justicia para las víctimas de los brutales actos de violencia, dirigidas desde el gobierno de la República del Ecuador y en especial en el caso de los 6 estudiantes secundarios  que permanecen retenidos hasta la actualidad,

2.            Que se tomen acciones administrativas y legales en contra de quienes los detuvieron, tanto contra los mentalizaron y ordenaron estás arbitrariedades, como quienes las ejecutaron, así también como disculpas públicas ante los afectados inmediatos y la sociedad civil.

3.            Que se desarrollen espacios de diálogo, donde los representantes del  gobierno escuchen el clamor social, se comprometan a una agenda de discusión sobre los temas sociales y a realizar los correctivos necesarios.

Atentamente,

Skarleth Tamayo

PRESIDENTA FESE NACIONAL