Por: Nelson Atupaña Chimbolema*

El desarrollo de los derechos de los pueblos indígenas y pueblos originarios, ha permitido establecer; que no solamente tenemos un monismo jurídico de por medio, sino que también tenemos un pluralismo jurídico, que permite la resolución de los conflictos internos de comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas de conformidad a un sistema jurídico ancestral.

El Ecuador ha reconocido los instrumentos internacionales como: el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Adicionalmente de esto están reconocido los 21 derechos colectivos en la Constitución del 2008 y profundizó el Art. 57 de la Norma Suprema, donde se reconoce a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas como sujetos y titulares de derechos y uno de esos derechos es precisamente el ejercicio de la justicia indígena. Sin embargo a pesar de que está reconocido el ejercicio de la justicia indígena, las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas han sido perseguidos, vejados, criminalizados, judicializados y hasta privados de su libertad, en el momento de aplicar este derecho constitucional.

Esto se corrobora con el caso particular de criminalización y judicialización que actualmente está ocurriendo en la provincia de Cañar, donde los jueces, fiscales y abogados han condenado o están procesando penalmente a 23 autoridades indígenas. De las cuales 7 autoridades indígenas ya se encuentran sentenciados/as, privados de su libertad y cumpliendo las penas impuestas en los Centros de Rehabilitación Social en las provincias de Azuay y Cañar.

En este sentido las 23 autoridades indígenas de San Pedro de Cañar han sido procesados/as por resolver casos de: cuatrerismos, coyoterismo, pandillas juveniles, problemas de tierras en el territorio cañarí, entre otros conflictos, mediante la aplicación de la justicia indígena reconocida en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Sin embargo estas autoridades indígenas fueron procesadas bajo los delitos de secuestro, secuestro extorsivo, daño al bien ajeno y complicidad de secuestro por los operadores del sistema de justicia ordinario.

Ante esta situación Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, en su informe preliminar sobre su visita al Ecuador realizada del 19 al 29 de noviembre del presente año. Manifestó en el marco del ejercicio de la jurisdicción indígena y se refirió a la visita que efectuó a las tres autoridades indígenas que se encuentran privados de su libertad en el Centro de Rehabilitación Social Turi – Cuenca, y añadió que precisamente visitó con el fin de conocer personalmente los casos de la criminalización del ejercicio de la justicia indígena.

En consecuencia, cuestionó al Estado que las autoridades indígenas hayan sido criminalizadas por ejercer la justicia indígena bajo delitos de secuestro, plagio, daño a la propiedad privada, etc., dentro de la justicia ordinaria. Por eso, recomendó y solicitó el pedido de amnistía para las autoridades indígenas que han sido injustamente criminalizados y encarcelados y que debería ser otorgada de la manera más inmediata por el Estado ecuatoriano.

*Kichwa de la Nación Puruhá, Abogado

Fuente: https://atuplan.com/2018/12/10/criminalizacion-de-la-jurisdiccion-indigena-en-el-ecuador/ 10 de diciembre 2018