Redacción Opción

El día 25 de enero, ante los escandaloso sucesos relacionados con la distribución y aplicación de la vacunas contra el Covid19, la Defensoría del Pueblo solicitó al Presidente de la Republica la destitución del Ministro de Salud Juan Carlos Zevallos. A continuación el comunicado:

Señor

Lenín Boltaire Moreno Garcés

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

En su Despacho

Señor Presidente:

En mi calidad de titular de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, Institución Nacional de Derechos Humanos, encargada de velar por la promoción y protección de los derechos humanos de todas las personas habitantes en el Ecuador y de las y los ecuatorianos en el exterior, elevo a su consideración mi solicitud formal de remoción o destitución del Sr. Dr. Juan Carlos Zevallos, Ministro de Salud Pública, por conflicto de intereses y falta de transparencia en la gestión pública respecto de la distribución y entrega de la vacuna contra el COVID 19.

Hemos recibido una serie de denuncias sobre la irregularidad y falta de transparencia en los procesos de asignación y distribución de las primeras ocho mil dosis de vacunas contra el COVID-19, que no han respetado el protocolo de priorización que exige el país en estos momentos de incremento del contagio y de muertes debido a esta pandemia.

A través de los medios de comunicación se ha conocido varias denuncias de irregularidades relacionadas con la aplicación de la primera dosis de la vacuna a personal administrativo y autoridades que no se encuentran en el grupo del personal médico de primera línea, que durante la pandemia se ha mantenido al frente de la emergencia sanitaria. Muestra de ello es la presencia del Ministro de Salud en compañía de una brigada de vacunadores del Hospital Pablo Arturo Suárez, en los departamentos senior suites Rivera del Río, el sábado 23 de enero del 2021, quien al ser consultado sobre si tiene un familiar en dicho centro de salud respondió «No solo un familiar, varios familiares», lo que preocupa severamente por la discrecionalidad y privilegios con los que se estaría aplicando el plan de vacunación, mismo que evidencia un conflicto de intereses.

Al respecto, he mostrado mi preocupación por la falta de transparencia y acceso a la información pública sobre el “Plan de la vacunación contra la Covid-19”, así como la falta de información relacionada con el alcance, impacto y consecuencias de la pandemia en el país, lo que ha motivado la emisión de exhortos, pronunciamientos y llamados de atención al Ministro de Salud por parte de esta institución.

Asimismo, a esta arbitrariedad se suma la falta de transparencia del Ministerio de Salud en la información pública; debo recordar señor Presidente que, la Defensoría del Pueblo en cumplimiento del mandato legal establecido en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), periódicamente, hace seguimiento al adecuado cumplimiento en la difusión de la información pública que en forma obligatoria se debe difundir a través de los portales web de cada ente obligado; en el presente caso, desde el mes de septiembre de 2019 el Ministerio de Salud Pública no había publicado esta información en su portal institucional a pesar de que dicha situación ha sido requerida en reiteradas ocasiones, lo que implicó que la calificación de cumplimiento de las obligaciones frente a la LOTAIP por parte del MSP sea de 0% sobre 100%.

A la falta de transparencia activa (información mínima obligatoria) se suma la falta de contestación a pedidos puntuales de acceso a la información pública que se han realizado en el contexto de la emergencia.

Por todo lo señalado, mediante oficio No. 0182 del 02 de abril de 2020, solicité que se disponga al Ministro Zevallos, que tome inmediatamente las medidas correctivas que permitan garantizar el buen uso de los recursos públicos que administra el Ministerio de Salud Pública y sus entes desconcentrados, para que permita el oportuno acceso a la información pública en su poder, en cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución y la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información, garantizando información pública veraz, verificada, oportuna y contextualizada sobre el destino de los recursos utilizados para combatir la pandemia del COVID-19 y el manejo de toda la emergencia sanitaria.

Es lamentable que toda la gestión del Ministro de Salud se caracterice por una permanente falta de transparencia y limitaciones para el acceso a la información respecto a diferentes temas como la contratación de equipos e insumos médicos o la presentación de información respecto al alcance, impacto y consecuencias de la pandemia en el país.

Lo mismo ocurrió en relación a las denuncias sobre la emisión irregular de carnés de discapacidad, cuando la Defensoría del Pueblo, en uso de sus competencias y atribuciones, buscó coadyuvar en la identificación y sanción de los responsables, para lo cual solicitó información al Ministerio de Salud, mediante oficio DPE-DDP-2020-0417-0 de fecha 14 de septiembre de 2020, la misma que no fue entregada.

La reiterada falta de respuesta a los pedidos de acceso a la información pública, obligó a que la Defensoría del Pueblo presente acción jurisdiccional de acceso a la información pública, en la cual el juez constitucional mediante sentencia dictada el 23 de noviembre del 2020, declaró que el Ministro de Salud vulneró el derecho al acceso a la información pública garantizado en el artículo 18 de la Constitución y dispuso como medida de reparación integral la entrega inmediata de la información requerida, que hasta la presente fecha no ha sido entregada en su integridad, pese a que al respecto media disposición judicial; este incumplimiento podría constituirse en una infracción penal de conformidad con el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, y que lo estoy poniendo en conocimiento de la Fiscalía General del Estado para que se inicien las investigaciones penales correspondientes, así como ante la Corte Constitucional la acción de incumplimiento de manera que se disponga su inmediata destitución.

En ese contexto, resulta preocupante que el Ministerio de Salud Pública, en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus COVID – 19, haya vulnerado el derecho a la salud de las y los ecuatorianos, al no garantizar que los servicios de atención sanitaria se encuentren adecuadamente abastecidos para enfrentar la pandemia, por la falta de protocolos adecuados y oportunos para la atención de pacientes sospechosos de ser portadores y afectados por el virus, así como, al no asegurar la disposición a tiempo de pruebas para la confirmación de la enfermedad, ni que se cuente con los equipos adecuados para el tratamiento en hospitalización de los pacientes confirmados, a lo que se suma ahora, los cuestionamientos por el discrecional manejo con el que se ha empezado a distribuir y aplicar las primeras vacunas.

En vista de todo lo ocurrido, desde un enfoque de derechos humanos, esta Institución Nacional de Derechos Humanos solicita a usted, Señor Presidente, que se proceda a la DESTITUCIÓN del Señor Doctor Juan Carlos Zevallos del cargo que ostenta como Ministro de Salud y en su lugar se designe a una persona con experiencia y capacidad técnica, que garantice a la ciudadanía la conducción efectiva de un área tan sensible en estos momentos para nuestro País.

Finalmente, sin perjuicio de las acciones que lleven adelante, en el marco de sus competencias, la Corte Constitucional, la Fiscalía General del Estado y la Asamblea Nacional respecto de las irregularidades en la gestión del Ministro de Salud Pública y en relación a los diferentes temas antes señalados, consideramos necesario que con el fin de transparentar la aplicación adecuada y sin privilegios de las vacunas que lleguen al país, se activen procesos de veeduría y participación ciudadana que garanticen un adecuado control social y así tener la tranquilidad de que las mismas serán correctamente utilizadas.

En este sentido, he dispuesto que -en cumplimiento de la misión de velar por la igualdad de las y los ciudadanos ecuatorianos- las delegaciones provinciales institucionales realicen un seguimiento exhaustivo en torno a los procedimientos y protocolos para la ejecución del Plan de Vacunación contra la Covid-19 dispuesto por el Gobierno Nacional, a fin de verificar que llegue a todas y todos los ecuatorianos.

En mi calidad de Defensor del Pueblo, recalco el compromiso de esta institución de estar atenta ante actuaciones que atenten contra los derechos humanos y de la naturaleza.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Freddy Vinicio Carrión Intriago

DEFENSOR DEL PUEBLO