Por: Luisana Aguilar @luibeagal

 

En el ambiente se respira un aire de satisfacción, esa que se siente cuando alguien te cree, cuando se cierra un ciclo para iniciar otro, un momento para hacer memoria, que aunque amarga, necesaria para comprender el presente. Es el acto de Disculpas Públicas covocado por la Defensora del Pueblo, Gina Benavides, para las y los jóvenes del colectivo Yasunidos, “Los 10 de Luluncoto” y para periodistas ecuatorianos. Para la Defensora del pueblo estos casos son emblemáticos porque “reflejan que el país vivió diez años de graves problemas estructurales en cuanto a la defensa y protección de los derechos humanos”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) define que las disculpas públicas son una medida de satisfacción, que dignifica y reestablece el honor a víctimas de violaciones de derechos humanos, necesarias en procesos de reparación. También es una acción en la que el Estado reconoce su responsabilidad y demuestra su voluntad política para que situaciones de vulneraciones similares no vuelvan a ocurrir. Disculpas públicas que llegaron después de más de dos años de que ocurrió la violación.

Gina Benavides manifestó que una vez que asumió el cargo de Defensora, por pedido del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, (CPCCS), solicitó se envíen los casos que llegaron hasta esta institución para que se evalúe el trabajo de la Defensoría del Pueblo. Ahí llegaron cincuenta y nueve denuncias, entre los que estaban el caso de los “10 de Luluncoto” y del Colectivo “Yasunidos”mientras que “Caso periodistas” se basa en una queja puesta en 2015 y reiterada en 2017 por Fundamedios, donde registraba más de dos mil casos de ataques a periodistas en Ecuador.

Los tres casos, de acuerdo a Benavides “son estructurales y tienen el sinónimo de haber vivido la acción u omisión institucional que dieron paso a un proceso de silencio y desatención a derechos, en particular el derecho a recibir una atención defensorial oportuna y eficaz”. Las disculpas las hace la Defensoría específicamente desde su responsabilidad, más no del Estado en su conjunto. Sin embargo, en cada caso la Defensora incluyó exhortos a otras instituciones estatales. En el caso de Yasunidos se incluyó un exhorto al Consejo Nacional Electoral, CNE, para que se reactive el proceso de Consulta Popular que el colectivo solicitó. Jorge Espinoza, representante de Yasunidos afirmó que harán formal la solicitud de información al CNE para conocer la verdad sobre lo que pasó con las firmas entregadas.

Para el caso “10 de Luluncoto” los exhortos fueron dirigidos al Consejo Nacional de la Judicatura para que se corrija lo actuado. Su presidenta Ángela Porras, recibió el exhorto, al igual que el Dr. Julio César Trujillo del CPCCS y la asambleísta Janine Cruz, que fue invitada como parte del poder legislativo.

Abigail Heras, una de las jóvenes del caso “10 de Luluncoto”, encarcelada por casi un año acusada de terrorismo y sabotaje, recordó su caso como un acto de disciplinamiento social por parte del gobierno de Rafael Correa que criminalizó la protesta social. Sus palabras retornaron hacia aquel sábado tres de marzo del 2012 en el que fueron detenidos, días antes de participar en una Marcha por el Agua la Vida y la Dignidad. Abigail remembró los tratos crueles e inhumanos que recibieron junto con sus compañeros y compañeras, y que después se extendieron hacia sus hogares y familias cuando allanaron sus casas en un operativo con el grupo de élite de la Policía Nacional. Después regresó al presente “varios de los operadores de justicia que actuaron en nuestra contra todavía permanecen en funciones”, por tal motivo pidió la evaluación y la destitución de quienes participaron en el proceso judicial.

En el caso Fundamedios, la Defensora pidió que se extiendan las disculpas desde la organización y los representantes presentes del gremio, hacia todas y todos los periodistas que fueron atacados, perseguidos y deslegitimados por el gobierno anterior, en particular con las familias de quienes, se presume, fueron asesinados por el ejercicio de su profesión, como el caso del periodista Fausto Valdiviezo.

Francisco Hurtado, actual Defensor Adjunto de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, destacó en su intervención que el mayor simbolismo del acto estuvo en el lugar donde se desarrolló: el parque El Arbolito, “el lugar de las resistencias”. Hurtado recordó que en aquel lugar Yasunidos se tomó el espacio como centro de acopio, verificación y enumeración de los formularios llenos de firmas, para luego, después de una marcha, entregarlas al Consejo Nacional Electoral, CNE en abril de 2014. También a este parque llegó la marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos convocada por la CONAIE y otras organizaciones sociales en 2012 y a la cual los “10 de Luluncoto” no llegaron porque se encontraban presos y presas.

Se reconoció a las y los integrantes de estos colectivos como defensores de derechos humanos y de la naturaleza, y se hizo un llamado a la Asamblea Nacional a que legisle para proteger a quienes ejercen la defensa de derechos desde sus diferentes ángulos, así también a firmar el Acuerdo de Escazú para la protección a personas defensoras de la naturaleza en América Latina. Días después de las disculpas, el veinte y siete de septiembre, este acuerdo fue suscrito por el Estado Ecuatoriano.

En medio de sonrisas y en muchos casos lágrimas , periodistas, activistas, jóvenes y defensores de derechos y de la naturaleza recibieron el reconocimiento, pero aún para muchos de ellos  “hay mucho por hacer y esta es apenas una herramienta para continuar defendiendo derechos.”

 

Memoria de los casos

Recordar el Caso de los “10 de Luluncoto” es regresar la mirada hacia el año 2012. Diez jóvenes se reunieron en una casa al sur de Quito para preparar su participación en la marcha por el Agua la Vida y la Dignidad de los Pueblos, convocada por organizaciones indígenas, campesinas, especialmente en contra de la minería a gran escala. Días antes de la marcha la Policía realizó un operativo al que denominó “Sol Rojo”, apresó a los diez jóvenes y la Fiscalía los acusó por el delito de “terrorismo organizado”. Una de las detenidas estaba embarazada por lo que mantuvo arresto domiciliario. El informe psicolosocial “Ocaso de la Justicia” elaborado por la Clínica Ambiental, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH determinó un posible montaje de evidencias, tratos crueles e inhumanos recibidos por los detenidos durante el arresto y afectación psicológica y social a sus familias. Abigail Heras y Cristina Campaña, permanecieron un año presas, varias veces realizaron huelga de hambreen la cárcel para lograr su libertad.

 

Hacer memoria de Yasunidos, es recordar a miles de jóvenes movilizados exigiendo que el petróleo del Yasuní, uno de los lugares más biodiversos del planeta, se mantenga bajo tierra. Es 2014 y el Colectivo “Yasunidos” entregó 755.000 firmas recogidas a lo largo de tres meses, y las entregó al Consejo Nacional Electoral para dar paso a una Consulta Popular de iniciativa ciudadana, que permita que el crudo de los campos ITT, bloque petrolero N°43, ubicados en el Parque Nacional y Reserva de Biósfera Yasuní se quede bajo tierra. Sin embargo, fueron blanco de persecución y vigilancia por parte de la Secretaría Nacional de Inteligencia, fueron agredidos físicamente durante las marchas que realizaron, se les desacreditó públicamente y finalmente, las firmas fueron rechazadas y no se dio paso al proceso de Consulta Popular.

Hablar del ejercicio periodístico se convirtió en años pasados en un espacio de vulnerabilidad al ataque. La organización Fundamedios registró y cuantificó ataques contra la libertad de expresión desde 2008 a 2016, llegando a contabilizar 2.050. Los ataques registrados eran por aplicación de sanciones basadas en la Ley Orgánica de Comunicación (LOC); censura en internet o ciberataques; abusos del poder estatal como la emisión de cadenas de radio y televisión para desprestigiar a un periodista o para responder a una noticia u opinión y que además, interrumpían la programación habitual; y el discurso estigmatizante a través del discurso público.