Lo que representó una tragedia para la mayoría de ecuatorianos y en especial para los manabitas y esmeraldeños,  se convirtió en una lotería para quienes administraron los recursos económicos y financieros que se recaudaron vía Ley de Solidaridad, por los créditos internacionales y las donaciones nacionales y extranjeras.

Dos años después del terremoto,  la “millonaria” inversión realizada  en las dos provincias, según el informe de la Secretaría Técnica del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, con corte al 15 de febrero de 2018, establece que se encuentran en ejecución $1.559 millones de dólares, de los $ 2.952 millones que han sido asignados.

Pero surgen varias interrogantes: ¿qué ha pasado con estos recursos? ¿Cómo y dónde han sido invertidos? ¿Qué obras de emergencia han sido culminadas? Lamentablemente no hemos tenido respuesta a estas interrogantes, la información respecto del uso y destino del dinero para la reconstrucción es disperso, impreciso, no confiable e inaccesible en algunos casos.

En Ecuador los organismos de control no han jugado su papel, menos los asambleístas y peor los alcaldes y el prefecto, miembros del Comité de Reconstrucción de Manabí. Los reclamos han sido realizados por las organizaciones sociales,  entre ellas la Comisión Nacional Anticorrupción, Capítulo Manabí, quienes hemos demandado la entrega de informes y rendición de cuentas, que no se han dado nunca. Es la primera vez que la Secretaría Técnica del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva nos ha entregado un informe, aunque parcial y muy general.

Hemos realizado también una visita in situ  al Proyecto de Reasentamiento La Chorrera, Terminal Terrestre y Centro Comercial o Mercado del cantón Pedernales, se ha realizado el seguimiento a la información de los medios de comunicación, de la prensa escrita y de radio, respecto del estado y condiciones de obras que han sido financiadas con dineros de la “reconstrucción” en cantones como: Portoviejo, Manta, Sucre, Jama, San Vicente, Chone.

La vivienda.

Una de las obras emergentes y prioritarias a emprenderse fue la construcción y reparación de viviendas. La meta del gobierno fue atender 45 455 viviendas, pero según el Informe del Comité de Reconstrucción” se han contratado 38 463, de las cuales 31 006 han sido entregadas, faltando por contratar  6 987 viviendas. Sin embargo, al comparar  las cifras del Comité, no cuadran.

A dos años del terremoto cientos de familias siguen viviendo en carpas colocadas en sus terrenos o en terrenos prestados, además de un alto porcentaje de proyectos “emergentes y prioritarios” de vivienda para damnificados que no están concluidos.

A esto se añaden varias denuncias sobre irregularidades cometidas en los procesos de contratación, en la entrega de las viviendas, en las reparaciones y construcciones de viviendas.

Apenas 23 ciudadelas han sido construidas: en Manabí 15, Esmeraldas 5, Los Ríos 2, Santo Domingo de los Tsáchilas 1.

Viviendas estrechas y copago.

Por otro lado, la CNA, capítulo Manabí,  visitó varios cantones y pudo comprobar que existían algunas irregularidades. Las casas entregadas a los damnificados eran distintas a las que se les ofreció, pues mientras las casas modelo eran de dos pisos, las entregadas son de uno, con áreas más pequeñas con materiales de baja calidad, con tuberías de los baños que pasan por las cocinas.

Los testimonios de quienes recibieron estas viviendas dicen que son demasiado pequeñas. No se consideró el número promedio de (5) miembros que tienen las familias manabitas; además el Estado ha desamparado a aquellas familias que no poseen escrituras, pues solo se permite entregar viviendas a propietarios de terrenos.

Una preocupación más se suma a los damnificados,  pues desde febrero de este año deben cumplir con el copago que corresponde al 10% del valor de la vivienda entregada; de no hacerlo por seis meses consecutivos, se revertirá el incentivo, ha anunciado el Miduvi

Por Anita Pilay / Manabí.