El asesinato de los compañeros de la prensa Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra llenó de consternación, indignación y dolor a todo el Ecuador y despertó una generalizada acción de solidaridad con ellos y sus familiares, así como motivó el rotundo rechazó a las acciones de las bandas criminales del narcotráfico, responsables de los hechos.

Es evidente que nos enfrentamos a nuevos momentos y amenazas. Hasta ahora los episodios de terror de las bandas criminales del narcotráfico, los conocíamos por las noticias de la vecina Colombia o de México, recreadas ahora por las “narco novelas” que se transmiten por los principales canales de televisión del país.

Durante muchos años los pueblos del Ecuador rechazaron el Plan Colombia y la pretensión de algunas fuerzas oscuras de involucrar al país en el conflicto interno colombiano. Esta actitud debe mantenerse.

La situación requiere poner al centro la unidad del pueblo para rechazar las acciones criminales, levantar la defensa de la vida, la paz, el desarrollo. Unidad del pueblo para defender la soberanía del país, pues aprovechándose de las debilidades evidentes del gobierno en el manejo de esta crisis, han surgido voces que hablan de la necesidad del tutelaje yanqui en materia de seguridad, de la presencia de una nueva base militar, entes otras medidas.

La experiencia colombiana nos dice que las siete bases militares norteamericanas en su territorio no han mermado a las organizaciones criminales del narcotráfico, que ese negocio sigue boyante, que los cultivos ilícitos crecen y que la narco política tiene un gran peso en la vida del vecino país. Al contrario, crecen los asesinatos a líderes sociales, defensores de los derechos humanos, que en el primer trimestre del 2018 llevan ya 73 víctimas, según el Informe Estadístico de Homicidios de Líderes Sociales y defensores de DDHH, 2018 Indepaz-Acpaz.

La demanda al gobierno ecuatoriano es que garantice en todo momento la vida, la integridad y la seguridad de la población civil, de las comunidades campesinas, indígenas y afro ecuatorianas que habitan en la frontera. Y un llamado al gobierno colombiano a asumir sus responsabilidades en el control de esos grupos criminales al interior de sus fronteras. Lo cierto es que la mejor “ayuda” que Colombia le puede prestar al Ecuador es cumpliendo con sus deberes.