Por: Sandra Peñaherrera

El debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal COIP sobre aborto no punible, ha traído consigo el choque de dos posturas antagónicas; por un lado se encuentran las personas agrupadas en los sectores conservadores más recalcitrantes en la historia del país que bajo dogmas de carácter eminentemente religiosas, fundamentalistas y moralistas se han opuesto rotundamente a la posibilidad de la aprobación para la incorporación de nuevas condiciones legales para la interrupción del embarazo, por otro lado nos encontramos quienes desde una postura más amplia, democrática y en defensa de los derechos humanos; en especial de los derechos que tenemos las mujeres y niñas al acceso efectivo, goce y satisfacción de los derechos sexuales y reproductivos, ratificamos nuestra condición de decidir sobre nuestros cuerpos.

De lado y lado han surgido debates contradictorios, cada uno ha puesto sobre la mesa discursos, pruebas, testimonios, para ganar razón de sus argumentos; lo cierto es que para hablar de la interrupción del embarazo o para referirse al aborto se debe obligatoriamente discutir uno de los aspectos históricos que en realidad ha sido invisibilizado y del cual poco se habla y se trata del cuerpo de las mujeres como condición de opresión y sometimiento.

Simone de Beauvoir en su obra El Segundo Sexo, realiza un amplio y profundo estudio sobre como las condiciones de inferioridad social y discriminación de las mujeres se encuentran fundamentadas sobre bases biológicas

¿La mujer? Es muy sencillo, afirman los aficionados a las fórmulas simples: es una matriz, un ovario; es una hembra: basta esta palabra para definirla. En boca del hombre, el epíteto de «hembra» suena como un insulto; sin embargo, no se avergüenza de su animalidad; se enorgullece, por el contrario, si de él se dice: «¡Es un macho!». El término «hembra» es peyorativo, no porque enraíce a la mujer en la Naturaleza, sino porque la confina en su sexo  (Beauvoir, 1949, p.11)

Simone afirma “que el cuerpo de las mujeres ha sido desde el albor de los tiempos un lugar de opresión”, si a esto sumamos que desde la aparición de la división sexual del trabajo, la maternidad convertida en un acto de servidumbre para la mujer marcó condiciones desfavorables dentro de la estructura económico social, determinando el “valor” de las mujeres asignadas a su rol de madres, a las tareas domésticas que revitalicen la fuerza de trabajo y a los cuidados.

El cuerpo de las mujeres se ha constituido en el espacio de poder de otros y más no de ellas; el cuerpo de las mujeres como objeto de deseo de los hombres, como formas de humillación, sometimiento, represión  y dominio; se podría especular entonces que es aquí en donde surge la violación sexual como una de los actos más crueles y execrables, de violencia, surge en pensar que los cuerpos de las mujeres está hecho para satisfacer el deseo sexual de los hombres con o sin su voluntad, para complacer a otros y no para sentir placer, el derecho al placer sexual se nos ha negado a través de los siglos; hemos sido condenadas por contravenir las leyes de la Iglesia y el Estado, nuestra conducta ha sido moralizada; ejemplos de esto se encuentra en lo ocurrido en la santa inquisición, ahí se catalogó a las mujeres capaces de vivir su sexualidad, como libertinas, brujas, herejes, hechiceras, condenadas a prisión, a torturas e incluso a la muerte.

Es así como nuestros cuerpos están sometidos a actos de escrutinio público y político, relacionados al poder social, a que sean otros quienes califiquen nuestro actuar y decidan por nosotras; bajo un solo objetivo, mantener el control sobre las mujeres que rompen sus roles tradicionales y así detener el proceso de subversión del orden establecido.

Ahora bien, por estar nuestros cuerpos ligados a la reproducción, ya que somos las mujeres quienes concebimos, debemos ser las mujeres quienes aportemos directamente en la discusión sobre la despenalización del aborto, es importante compartir algunos elementos para el debate sobre un tema tabú, de alta complejidad, pero de tratamiento obligatorio.

La despenalización del aborto se constituye en un asunto de justicia social, debe ser tratado como un problema de salud pública, de respeto a los derechos humanos y eminentemente adquiere un sello de clase; ya que con la práctica de abortos clandestinos, inseguros e insalubres mueren las mujeres más pobres, aquellas mujeres que no han tenido la posibilidad de acceder a la educación, mujeres analfabetas, jóvenes adolescentes carentes de conocimiento científico, a quienes se les ha prohibido hablar sobre temas de sexualidad, derecho al placer, entre otros elementos, mueren aquellas mujeres que no tienen recursos ni para cubrir sus necesidades básicas menos aún para acceder a métodos anticonceptivos.

Nuestro país refleja una dolorosa realidad, según un estudio publicado en la Revista Indexada “Pragmatic and Obsevational Research” durante el periodo 2004-2014 se reportaron untotal de 431.614 abortos en el territorio ecuatoriano, de estos abortos existe una cifra elevada de muertes; alrededor del 16% de mujeres mueren por esta causa en referencia al porcentaje total de mortalidad materna, básicamente porque se tratan de abortos clandestinos, inseguros y sin la atención sanitaria requerida debido a las restricciones legales, así como falta de presupuesto y de profesionales capacitados, siendo considerado como la primera causa de morbilidad materna y la tercera causa de mortalidad materna, a esto debemos agregarle las altas tasas de violencia de género; según el INEC en los resultados obtenidos en la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia contra las Mujeres del año 2012; 1 de cada 4 mujeres en el país sufren de violencia sexual, el Informe sobre la Situación de la Maternidad Forzada en Niñas del Ecuador Vidas Robadas, determina que cerca de 2000 niñas menores de 14 años se embarazan en el Ecuador anualmente a causa de violación sexual, lo que significa que 7 niñas al día se conviertan en madres.

¿Qué hacemos frente a estos indicadores escalofriantes?

Los ocultamos o invisibilizamos como hasta hoy, o decidimos emprender acciones concretas en la implementación de políticas públicas que permitan contrarrestar esta difícil realidad, que necesariamente debe partir de la política pública de acceso a justicia y en especial de la despenalización del aborto, esto no genera consigo la promoción, inducción o proliferación de esta práctica; al contrario, penalizar el aborto no lo impide solo lo hace menos seguro.

En el Ecuador la interrupción del embarazo es legal; así lo determina el Art. 150 del Código Orgánico Integral Penal, sobre el aborto no punible El aborto practicado por un médico u otro profesional de la salud capacitado, que cuente con el consentimiento de la mujer o de su cónyuge, pareja, familiares íntimos o su representante legal, cuando ella no se encuentre en posibilidad de prestarlo, no será punible en los siguientes casos: 1. Si se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. 2. Si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental.”; sin embargo consideramos necesario la ampliación por otras causas como: embarazo por violación, estupro, incesto, por malformación del feto y por inseminación no consentida por todo lo señalado anteriormente.

Las reformas al COIP en materia de despenalización del aborto son urgentes y a la vez deben estar acompañadas de la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho a educación y salud sexual y reproductiva para asegurar el pleno cumplimiento del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, decidir cuándo ser madre o no, cuántos hijos tener, con quién tenerlos, prevenir y erradicar toda forma de violencia, pero principalmente precautelar la vida de las mujeres.

Que se entienda entonces, nuestro cuerpo nos pertenece a nosotras; por lo tanto, con el aborto legal, seremos  las mujeres quienes decidamos!!!

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#AbortoLegalYa