Por Patricio Camacho Z.

Mi madre tiene 83 años y es jubilada del IESS, es una de los 447.824 jubilados que existen en el país y que diariamente me pregunta:

-“… ¿Qué va a pasar con el IESS, con mis medicinas?”.

Y es que las declaraciones del representante de los empleadores ante el Consejo Directivo del IESS, han logrado generar un debate sobre el abultado monto que por salud le debe el Estado al IESS que bordea los $ 7.000 millones.

De acuerdo a un estudio actuarial de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se debió tomar acciones urgentes para salvar el fondo de salud; que el Gobierno cumpla con su obligación de pagar las atenciones de salud de los jubilados, jefas de hogar, personas con discapacidad y personas con enfermedades catastróficas. Además, que el IESS se haga eficiente en su capacidad de cobro a los pacientes externos (no afiliados), pero que son responsabilidad del Ministerio de Salud Pública y de los seguros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Con ello se debía garantizar la sostenibilidad del fondo de salud del IESS hasta 2028, que es la fecha de corte de la valuación actuarial.

La OIT hizo una proyección de que ese año habría ingresos por 4.600 millones de dólares. Hasta ahora, el escenario que se ha cumplido es el desfavorable. Los gobiernos no han cumplido con ese pago al IESS y de los 256 millones que le cuesta atender a los pacientes externos por año, apenas ha podido cobrar 18 millones de dólares, lo que genera un desbalance que va sumando a todos los problemas que acarrea la entidad. A más de ello está la ingente cantidad de recursos que desembolsó el IESS para enfrentar al COVID19.

Está en la retina pública, el problema del seguro de pensiones cuya crisis se agudizó en abril de 2015, en el gobierno de Rafael Correa, que impulsó con su enorme aplanadora de alza manos la Ley de Justicia Social, que en su artículo 68 ordenaba “sustituir el aporte fijo del Estado del 40 % para el fondo de pensiones por una garantía que aplicaba únicamente cuando el Seguro Social no cuente con los recursos económicos para cubrir las obligaciones en curso de pago”. En marzo 21 del 2018, la Corte Constitucional emitió un fallo para que se vuelva a cobrar este valor a partir de 2019, ya que su eliminación era inconstitucional.

Desde ese entonces, el Gobierno central ha realizado pagos anuales del rubro del 40% de aportes para pensiones prorrateadas.  En 2019 canceló USD1.773’528.162  y en 2020 pagó $ 1.254’521.156; en ambos rubros no se honró la deuda en su totalidad. Y quedaron pendientes de pagar USD 849’589.920. A este valor se deben sumar los rubros que se presupuestaron para 2021, que alcanzan los $ 821’234.438. En síntesis, el actual régimen debe cubrir por deuda arrastrada desde el 2019 un total de  $1.670’824.359.

Recordemos que el pasado 18 de junio, el presidente Guillermo Lasso vetó parcialmente la última propuesta parlamentaria que planteaba reformar la ley de la Seguridad Social incluyendo a la normativa de la Policía y también la correspondiente a las Fuerzas Armadas porque se desconocía si se hizo el análisis económico y financiero previo, y lo más importante, con ello quedó en el limbo el nombramiento del nuevo Vocal de los Trabajadores con el consiguiente vacío legal. Ante ello cabe dos cosas denunciar la campaña de desprestigio del vicepresidente de la República para crear un ambiente favorable al cambio de modelo de salud del IESS para que se aplique la propuesta del modelo mixto, que en área de salud propone el copago para tener un paquete completo de cobertura.