Redacción Opción

L a Unión Nacional de Educadores, UNE, está cumpliendo un papel de suma importancia  en la defensa de la educación como un derecho humano fundamental de los pueblos, como organización social cumple su rol de defender los intereses de los maestros,  de los  niños y niñas y de la juventud. En estos meses de pandemia la voz de la UNE se ha escuchado a través de la radio y otros medios, en diversos foros, debate, conversaciones, plantones y movilización para reclamar contra las rebajas del presupuesto y de los  salarios.

Del escenario de las  calles y plazas,  las acciones de la  UNE en defensa de la educación, hoy se realizan en las Cortes, usando todos los recursos a su alcance.

Isabel Vargas Torres, y Kleber Hidalgo, dirigentes de la Unión Nacional de Educadores, presentaron la  acción de incumplimiento  al Decreto 1017, que ha significado  una reducción del presupuesto de alrededor de $900 millones.

Los accionantes establecieron que la  Función Ejecutiva a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas está vulnerando los derechos  que NO SON SUSCEPTIBLES  DE INTERVENCIÓN como es la Educación. Afirmaron que los derechos suspendidos en el actual estado de excepción son el ejercicio del derecho de libertad de tránsito, el derecho de libertad de asociación y reunión; pero no derechos a la educación y a la salud.

Platearon que la acción del gobierno afecta a diecinueve mil trecientos cuarenta y cuatro niños de los sectores urbano – marginales que dejarían de estudiar por el cierre de la oferta académica. Perjudica la atención familiar para la primera infancia, asimismo estaría perjudicando a ciento cuarenta y seis mil quinientos setenta y seis personas de la oferta  educativa de alfabetización, Post–alfabetización, básica superior y bachillerato para el año 2020. El recorte también significa que miles de jóvenes queden fuera del bachillerato internacional y tendrá  sus repercusiones dos millones quinientos mil personas que se encuentran fuera del plan educativo  COVIDCOVID–19 al no tener acceso a la conectividad y herramientas tecnológicas.

Otros daños al sistema educativo constituyen los cerca de seis mil docentes han sido desvinculados, y cerca de dos mil partida presupuestarias de docentes jubilados no hayan sido reemplazadas.