Por: Remo Cornejo Luque
Muchos que ejercen un cargo político, ya sea por elección popular o por designación funcional de algún poder del Estado, se muestran “estupefactos y horrorizados” ante los múltiples escándalos de corrupción, como que fuese una cosa novedosa. ¡Tanto cinismo enferma!
Todos aquellos que han disfrutado de las mieles del poder, para no irnos muy lejos desde el retorno de la democracia representativa en 1979 y, muy particularmente, desde que llegó el correísmo en 2006, saben, han palpado y convivido, son protagonistas, cómplices y encubridores de los miles de casos de impudicia que ha vivido y sigue viviendo el Ecuador. Son actos impulsados en todos los niveles, desde Carondelet hasta los incipientes proveedores de insumos médicos, como que fuese una norma a seguir de los ciudadanos dentro de un sistema socio económico en decadencia, que raya con la moral y ética popular.
Con esta premisa, hoy en día, es muy común escuchar: “No importa que robe, pero hace obras”; “No importa los sobreprecios, pero tenemos carreteras”; “Todos roban por igual”, “Si llegas debes aprovechar el momento para asegurar tu vida y la de tu familia”, etc., lo cual corrobora la incidencia de esas “normas a seguir” como algo habitual, que no es otra cosa que un franco coqueteo para ingresar al pantano de la corrupción e impunidad.
Colegimos, entonces, que todo el andamiaje estructural y superestructural de nuestro sistema económico social, está infestado por el virus de la corrupción a tal punto que el Índice de Corrupción de Transparencia Internacional y el CESLA, ubican al Ecuador entre los países más corruptos de Latinoamérica.
Que en tiempos de Covid 19 se hayan aprovechado los sucios mercaderes y corruptos (llámese correístas, morenistas o bucaramistas) enquistados en las diversas instituciones estatales, para usufrutuar de las necesidades de salud de la población, no es de sorprenderse. Ni tampoco puede causar asombro de que ahora salga a la luz el reparto del sistema hospitalario del IESS, ya sea como cuota política para asegurar mayoría legislativa e impulsar leyes fondomonetaristas, ya sea para asegurar la gobernabilidad a favor de los grandes grupos empresariales y banqueros.
Lo real es que hay algunos asambleístas que están siendo investigados por sus vínculos en actos de corrupción. Por ejemplo, en la provincia de Manabí se dio la detención de Daniel Mendoza involucrado en el proceso de adjudicación del contrato de la construcción del Hospital Básico de Pedernales y por tráfico de influencias. En Los Ríos, los asambleístas César Litardo, Karla Chávez, Marcia Arregui, Ximena Chagtong están siendo involucrados en el reparto de los hospitales de Babahoyo y Quevedo, y deben responder ante la justicia y esclarecer este embrollo. En Guayaquil, el Hospital Teodoro Maldonado estuvo sometido a las negociaciones de insumos médicos de la familia Bucaram, durante las administraciones de Jairala Zunino y Fadul Jurado, causando un gran perjuicio al IESS en los sobreprecios. Y así en los diferentes hospitales de las diversas provincias del país.
Este reparto miserable e inhumano antes del Covid 19 y del aprovechamiento de sobreprecios en fármacos e insumos médicos durante el estado de excepción, llena de indignación a la población ecuatoriana que reclama justicia y cárcel para todos los corruptos, cómplices y encubridores.
Aunque la señora ministra de Gobierno diga que no ha existido ningún reparto, que el “Gobierno de Todos” (léase de todos sus familiares) está aplicando la cirugía contra la corrupción, lo cierto es que su palabra está más devaluada que moneda venezolana, y los sectores sociales organizados, los hombres y mujeres con criterio democrático, con principios, valores y ética, gritamos al unísono es ¡YA PAREN DE ROBAR, CARAJO!