Redacción  Opción

El Frente Unitario de los Trabajadores, el Frente Popular, de más organizaciones que los integran,  presentaron el 29 de octubre ante la delegación de la CIDH, presente en Quito, el    Informe sobre violaciones a Derechos Humanos en el Levantamiento Indígena- Popular – Otubre-2019.

El documento concluye que: el Gobierno de Lenin Moreno excluyó a las organizaciones de indígenas y de trabajadores en la construcción de la política económica, priorizó los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y grupos económicos de poder.

Que se evidencia una falta de prevención de los impactos sociales que podría traer el paquete de medidas económicas con la expedición del decreto ejecutivo No. 833. Que el gobierno minimizó la movilización social y dejó que el conflicto avance a niveles que podría desbordar los límites del Estado Constitucional de Derechos. Se  puede constatar que el estado de excepción y el toque de queda, se convirtió en un mecanismo que ahondó la acción violenta del Estado.

El informe dice también que la manera como el Estado ha actuado antes, durante y después del Paro Nacional, pone en evidencia la existencia de patrones de criminalización a las organizaciones sociales, a sus dirigentes y a la protesta popular;  que peligrosamente se van normalizando. Asimismo se pretende naturalizar la figura de terrorismo como analogía de la protesta social, hecho que pretende consolidar el Estado Autoritario, desfigurar el derecho a la libre organización y a la resistencia.

Además se ratifica que el Estado ecuatoriano hizo un uso excesivo de la fuerza, mediante las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, trayendo consigo muertos, heridos, apresamientos arbitrarios y ataques a las zonas de paz y los enjuiciamientos penales  a los dirigentes de las organizaciones sociales posteriores al paro, se enmarcan en la línea de la persecución política.

Entre las recomendaciones de este informe se insta al Estado ecuatoriano a la protección y promoción de los derechos humanos, al respeto del derecho a la protesta social y a la resistencia.

Dado que existen víctimas mortales y heridos de gravedad, se plantean se arbitrar las medidas necesarias del caso para que se garantice el derecho a la verdad, justicia y reparación integral.

Plantean el inmediato cese de los enjuiciamientos penales, las campañas mediáticas y de hostigamiento que pesan en contra de  los dirigentes, representantes y miembros de las organizaciones de trabajadores, de indígenas y populares; con la finalidad de garantizar un proceso de diálogo que apunte a la resolución de las inequidades existentes en el País, como mecanismo para una verdadera paz social, y

Promover los mecanismos necesarios para que las organizaciones de indígenas, de trabajadores y sectores populares puedan participar  en la toma de decisiones que impliquen la definición de las políticas económicas y sociales.