Por Jenny Segovia

“Diana y Sara, de 11 y 12 años respectivamente, sobrevivientes de violencia sexual en Ecuador

A las dos niñas las unía más que un lazo de sangre. Eran sobrevivientes simultáneas de la pareja de su madre y carecían de la fuerza e información para denunciar el abuso. Un abuso que sucedía en su hogar y que causó que quedaran embarazadas casi al tiempo.

Conmocionada por la situación, la madre de Diana y Sara las llevó al centro de salud en donde la dirección de la Policía Especializada en Niñez tomó la decisión de enviarlas a una casa de acogida. La madre nunca regresó por ellas.

Ambos eran embarazos de alto riesgo, por lo que podrían haber sido interrumpidos de manera legal en el país pero no fue así.

Aunque ellas solo querían huir de su encierro forzado, los dolores, los desvanecimientos, la falta de energía y la inapetencia eran su cotidianidad. Una de las psicólogas relata sobre la situación de Sara: «ella se sentía completamente aislada y nos pedía que la dejáramos bajar, aunque fuera a comer, porque quería estar con sus compañeras. ¿Cómo hacerle entender a esta guagua que no puede jugar, no puede correr, no puede subir gradas, porque también está en riesgo su vida?» reflexiona la profesional.

Durante el parto, Sara colapsó. El centro médico donde fue atendida no contaba con lo necesario para realizar una cesárea y entonces la tortura llegó a su punto máximo: la niña fue amarrada de pies y manos a la camilla para dar a luz.

A las 2 ahora las une el destino de miles de niñas obligadas a ser madres en América Latina: no pudieron jugar con muñecos, pero ya tienen en sus brazos la responsabilidad de cuidar a sus dos bebés.

A veces se paran en el pórtico de su casa a ver a los niños jugar. Podrían ser ellas, pero no. Uno de los bebés llora y ellas deben entrar y hacerse cargo. La salud de las niñas se vio gravemente afectada y no solo eso, su futuro y proyecto de vida cambiaron drásticamente. Ellas quieren que esta oportunidad sirva para que el Estado se ocupe de prevenir la violencia sexual y los embarazos forzados en niñas”. Fuente “Campaña Niñas no Madres”

En América Latina y el Caribe los partos en niñas van en aumento cada año, esto como resultado del sostenimiento del sistema capitalista patriarcal – excluyente por excelencia, que acrecienta las brechas de desigualdad e inequidad entre hombres y mujeres, que naturaliza la violencia sexual, falta de acceso a servicios integrales de salud y la violación de múltiples derechos de la niñas. Los diferentes tipos de  violencia en contra de la mujer se han intensificado en la última década, cada vez son más frecuentes los casos de violación, tortura y muerte, especialmente en contra de las niñas, anualmente en el mundo 150 millones de niñas han sufrido violencia sexual, y de ellas 2 millones de niñas menores de 15 años son obligadas a ser madres, México, Guatemala, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay conforman el segundo grupo de países con el índice más alto de embarazos en niñas menores de 14 años a nivel mundial, luego de África subsahariana.

En Ecuador, 17 mil 448 niñas menores de 14 años víctimas de violencia sexual tuvieron un parto entre 2009 y 2016. (Fuente: base de datos de Estadísticas Vitales y Nacimientos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos-INEC).

Aproximadamente 2 700 niñas de hasta 14 años tienen un parto por año. (Fuente: Llerena Pinto, F.P. Llerena Pinto, M.C. El Embarazo en la pre adolescencia. En inteligencia Económica para el Desarrollo. Quito: Económica CIC, Ecuador 2018).

Hay un considerable incremento de los casos de VIH en niñas y niños de entre 10 y 14 años.  60% de las víctimas de violencia sexual son niñas y adolescentes. (Servicio de Atención Integral de la Fiscalía).

En 2013 se registraron 634 denuncias por violencia sexual en el sistema educativo, el 85% de estos casos fueron cometidos en contra de niñas y adolescentes mujeres (Fiscalía General del Estado).

Aunque cada día se reciben 3 denuncias por violación de niñas menores de 14 años, la gran mayoría de los casos no son procesados formalmente. (Fuente: Datos presentados para la discusión del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Integral Penal, por el Defensor Público. 6 de julio del 2016).

Según la Fiscalía, entre 2015 y 2017 se registraron 27 666 denuncias sobre delitos sexuales en todo el país; de estas, 4 854 son contra niños, niñas y adolescentes, de los cuales se ha judicializado apenas la mitad. De esta mitad, solo 817 casos tienen sentencias condenatorias, mientras que en 271 casos el agresor fue absuelto. Esto quiere decir que de 4 854 casos de niñas y niños que pudieron romper el silencio familiar, social e institucional para denunciar, apenas en el 17 % de los casos tuvieron una sentencia condenatoria. (Fuente: base de datos de Estadísticas Vitales y Nacimientos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos-INEC).

Según  la Encuesta sobre Relaciones Familiares y violencia de género contra mujeres, el 19,1 % de las víctimas de abuso sexual no lo comunicó porque no les iban a creer; el 16,3 % buscó hablar, pero le pidieron guardar silencio; y el 28 % de niñas y adolescentes señaló que sus relatos no fueron creídos. En promedio, cada día 6 niñas son obligadas a dar a luz. Las cifras de embarazos en niñas registran un incremento del 74% durante los últimos años. Solo en 2016, 2 960 niñas acudieron a los servicios de salud debido a un embarazo y sus complicaciones (Fuente: Fundación Desafío).

El sistema de salud debe constituirse en una de las principales instancias para la detección y atención a víctimas de violencia de género, la Norma Técnica de Atención Integral en Violencia de Género emitida por el Ministerio de Salud Pública en 2014, brinda las herramientas necesarias para que los funcionarios de salud puedan identificar si una persona esta viviendo violencia de genero, especialmente en el caso de las niñas violadas y embarazadas ya que según la misma, el embarazo en menores de catorce años es un criterio para identificar un abuso sexual, por lo que debe ser registrado, comunicado a la dirección del hospital, puesto en conocimiento de Fiscalía; y la víctima, direccionada a una Sala de Primera Acogida para su atención integral, pero las cifras demuestran todo lo contrario, la norma no está siendo aplicada, lo que en la práctica ocurre es que prevalece el ocultamiento, la naturalización de la violencia en la sociedad y en el sector de la salud es una de las causas de la falta de registro y denuncia de los casos de violación en las niñas, el estado las obliga a vivir solas y en silencio la violencia sexual, y a parir y crían a sus hijos fruto de esta violencia.

Por el contrario se evidencia que el sector salud si acciona para denunciar a las mujeres que abortan, según Darwin Jaramillo, Fiscal de Pichincha, quien indicó que 90% de las mujeres que son enjuiciadas por abortar, son denunciadas por los médicos que las atienden como consecuencias de complicaciones obstétricas. En Ecuador hay 301 mujeres judicializadas por abortos y partos, el 70 % son adolescentes menores de diecinueve años.

La revictimización en los procesos legales es constante, no se considera válido el testimonio de las niñas y adolescentes, en la mayoría de los casos ni los mismos familiares dan credibilidad a las denuncias, además no se cumplen los estándares internacionales, varios han sido los organismos en materia de derechos de las mujeres, que han recomendado acciones al respecto al estado ecuatoriano, como es el caso del informe del Comité́ para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que en marzo del 2015 puntualizó́ que observa con preocupación, el limitado acceso al aborto terapéutico, la negativa de los debates parlamentarios sobre el Código Integral Penal, a despenalizar el aborto en caso de violación, incesto o malformaciones fetales graves. El Comité́ recomendó́ al Estado, a poner en práctica la Guía Práctica Clínica para el aborto terapéutico, y a despenalizarlo en casos de violación, incesto y malformaciones graves del feto. (Comité́ para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 2015)

La Constitución del Ecuador, aprobada en Montecristi, vigente desde 2008, en su sección séptima sobre salud, determina que el Estado garantizará el derecho a salud mediante acceso permanente a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y reproductiva.

En el capítulo sexto de Derechos de libertad, se reconoce el derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre la salud y vida reproductiva y a decidir cuando y cuantas hijas e hijos tener.  

En la sección de Buen Vivir se menciona que el Estado será́ responsable de asegurar acciones y servicios de salud sexual y reproductiva, y garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el embarazo, parto y posparto.

A pesar de lo expresado en estos artículos de la Constitución, no se defienden la vida de las mujeres, los derechos reproductivos y a decidir sobre su cuerpo, y lo que es peor aún, el estado ni siquiera garantiza la reparación integral a las víctimas.

Que se puede esperar de una sociedad como la nuestra, en la cual el primer mandatario de la nación aplaude el trabajo infantil y lo pone como ejemplo de superación; que podemos esperar de una sociedad en la que la iglesia católica se horroriza y pone a funcionar todo su aparataje en contra del matrimonio igualitario y los derechos individuales de los seres humanos, pero no hace nada ante las violaciones y abusos cometidos por sacerdotes y monjas en contra de miles de niñas, niños y adolescentes; una sociedad en la cual se ha naturalizado todas las formas de violencia en contra de las mujeres, y en la que se ven involucrados altos funcionarios gubernamentales y del sistema judicial, policías y militares en actos de corrupción, narcotráfico, tráfico de órganos e incluso desaparición y trata de personas.

Las niñas y adolescentes que han sido violentadas en su entorno familiar por sus padres, hermanos, tíos, abuelos o amigos cercanos y que son obligadas a ser madres, se ven forzadas a abandonar sus estudios, sufren discriminación y rechazo, la mayoría de ellas presentan complicaciones en su salud: anemia, hemorragias, infecciones de vías urinarias, preeclampsia, eclampsia, ruptura de membranas, entre otras; emocionalmente todas manifiestas haber sufrido depresión, ansiedad, desesperación y angustia, que en muchos de los casos las han llevado a tener intensiones suicidas.

Una de cada cuatro adolescentes en América Latina que vive en áreas rurales y en situación de pobreza trabaja en quehaceres domésticos y de cuidado no remunerados, al ser obligadas a ser madres, sus proyectos de vida se ven seriamente transformados; al no poder culminar sus estudios ven imposible mejorar sus condiciones laborales, esto a su vez profundiza la reproducción intergeneracional de la pobreza y la desigualdad.

Obligar a las niñas y adolescentes que están en proceso de crecimiento y formación a llevar a término un embarazo y asumir la maternidad, es una forma de tortura y crueldad que las denigra y que constituye un signo de violencia institucionalizada por el estado, que pone en riesgo su vida, su salud y el futuro de nuestras naciones.

Los gobiernos de todos los estados deben trabajar en todos los aspectos, de políticas sociales, culturales y comunicacionales, para eliminar la violencia de género en todas sus instancias y así instituir sociedades libres de discriminación, sostenibles e igualitarias.

Para dar un salto cualitativo en todos estos aspectos, es fundamental impulsar una agenda de igualdad, incluida la igualdad de género, centrada en la infancia y donde las niñas y las adolescentes sean consideradas como sujeto de derechos y protagonistas del desarrollo sostenible. La igualdad a la que se aspira trasciende dimensiones puramente distributivas o de oportunidades y su génesis debe buscarse en distintos espacios de la vida social y económica, en los ámbitos de la cultura y el funcionamiento de las instituciones. De esta forma, su alcance requiere de un enfoque combinado y sustentado en los derechos, las capacidades, la igualdad de medios y el enfoque de género (CEPAL, 2014c).