No es solo Coca Codo Sinclair.

La crisis se extiende en el sector eléctrico ecuatoriano

Por Marco Villarruel A.

 

La prensa nacional trae las informaciones sobre el grave escándalo en la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair ya que se han detectado numerosos desperfectos. Las autoridades han informado que no recibirán la obra mientras no cumpla las especificaciones contractuales.

Los proyectos hidroeléctricos gubernamentales Minas de San Francisco, Delsitanisagua, Toachi Pilatón, Quijos, Mazar-Dudas, iniciados en el gobierno anterior registran inconsistencias que impiden su recepción

Entre tanto el jueves  22 de noviembre se conoció que el Ecuador comprará energía eléctrica a Colombia, lo cual causó gran sorpresa dado que las ofertas gubernamentales, especialmente durante el gobierno anterior, decían que venderemos energía a Colombia y Perú, y de manera indirecta, a otros países. La explicación oficial –la de siempre, incluso cuando no habían las hidroeléctricas- es que se debía al estiaje.

Así las cosas ahora se conoce de otro aspecto que pone en duda le eficiencia del servicio eléctrico en el Ecuador, y en este caso la sorpresa la trae la Empresa Eléctrica Quito S.A.

Desde los meses finales del año pasado las quejas por el mal servicio en atención al cliente se multiplicaron de manera abismal. En muchos casos no llegaban las facturas y por tanto miles de usuarios se desconcertaron porque no sabían si esperar o acercarse a las oficinas, que es lo que finalmente  hicieron y por esta razón se formaron enormes colas para averiguar y eventualmente pagar por su consumo. Muchos reclamos eran por la sobrefacturación.

Este desfase fue atribuido “al cambio de plataforma informática” por lo que su puesta a punto produjo desórdenes administrativos. La Empresa se vio obligada a suspender las desconexiones y consecuentemente las reconexiones domiciliarias, pero la concesionaria no ha respondido por las pérdidas.

Allí no termina la historia porque por la misma causa, así se informa a los clientes, los reclamos  se han multiplicado durante todo el año 2018.

Por ejemplo, los registros en las lecturas de los consumos en los medidores ocasionan quejas por los altos valores o por consumos insignificantes, imposibles de entender aun cuando las facturas vengan acompañadas del pago de las cocinas de inducción, otro proyecto que soporta una grave crisis de sostenibilidad.

Ahora las reconexiones no se cumplen con la celeridad que se requiere, incluso las fechas ofertadas por el personal de ventanilla no se pueden cumplir porque la empresa privada que hace ese trabajo ha dejado mucho que desear en el cumplimiento de sus obligaciones legales.

Igual es el panorama en reparaciones, mantenimiento del servicio, deficiencias en el alumbrado público. Hay centenares de luminarias que permanecen encendidas las 24 horas sin que el “Servicio al Cliente” pueda cumplir lo que ofrece. La empresa contratada no atiende los pedidos de la ciudadanía.

Ya en enero del 2018, el diario El Comercio daba cuenta de sobrevalores en facturas. Mauricio Mendoza, jefe de Atención al Cliente explicó que lo medidores están en lugares inaccesibles, hay perros que amenazan a los empleados de la Empresa, la visibilidad no es buena, y una de las soluciones sería actualizar los datos porque la tendencia es la facturación electrónica.

Lo que no se ha dicho frente a este problema que no ha cesado hasta finales del 2018, es que la Empresa Eléctrica Quito ha privatizado gran parte de sus servicios. Son empresas particulares las que están atendiendo los servicios. Pero su deficiencia contrasta con lo que acontecía en años anteriores cuando eran los empleados de la empresa los que levantaban la información.

Una razón crucial que parece responder a esta situación que mantiene en vilo a centenares d empleados y funcionarios de la EEQ es la instalación de la nueva plataforma informática que no se ha puesto ni siquiera en el nivel en el que funcionaba con anterioridad. Al respecto se puede señalar que no ha habido la suficiente información o transparencia sobre los términos de la contratación.

Para los empleados de la empresa la situación se ha vuelto compleja porque son ellos los que deben enfrentar los reclamos de los clientes y tienen prohibición expresa de señalar “al sistema” como el causante del desorden técnico-administrativo actual.

La Defensoría del Pueblo debería tomar cartas en el asunto.