Por: Jonathan Báez *
Recientemente se anunció la posibilidad de flexibilizar la jornada laboral para aumentar el empleo en el país. La problemática alrededor de esta política se enmarca en una premisa que consiste en “eliminar o desregular el mercado laboral con el objetivo de acabar con las rigideces causantes de un alto índice de desempleo, así como de un sector informal creciente.” (Ibarra and González 2010, 38). En otras palabras, la flexibilidad es una condición para que el empleo aumente y mejore. Desde esa perspectiva es pertinente preguntarse si ¿Existe evidencia de que la flexibilidad mejore los niveles y condiciones de empleo en Ecuador?
Las políticas de flexibilización laboral se pueden observar en las décadas 80 y 90 (Acosta 2001). Entre los años 1988-1999 se profundizaron y una muestra es la tendencia a la disminución del salario mínimo. Este proceso representa una de las tipologías de flexibilidad (Sarfati y Kobrin 1992) y en Ecuador implicó que el salario mínimo decreció “significativamente hasta alcanzar niveles similares a los de la década del 60. Así, el salario pasa de USD 50 en mayo de 1989 a USD 18 en 1998, representando una disminución cercana al 172% en menos de una década.” (Báez 2016).
Sin embargo, esa medida de flexibilización no tuvo los resultados que se pretendían. La disminución salarial no necesariamente implica un aumento del nivel de empleo. En ese sentido, la tasa de desempleo aumentó de un 7% en 1988 a casi el doble en 1999 con un 14.4%. Es decir, la premisa de desregularización del sector laboral como medida para aumentar el nivel de empleo no posee evidencia. Al contrario, el nivel de empleo disminuye. Esta afirmación se refuerza al observar la tendencia en años siguientes en que un aumento del salario mínimo no implicó que el nivel de desempleo aumentara. De esa manera el nivel de desempleo disminuye del 11.6% en 2003 a 6.8% en 2016.
El periodo en que se aplicó la flexibilidad del salario no tuvo un contexto de recesión económica. Al contrario, existió una expansión observada a través del aumento del PIB nacional (nominal). Por lo tanto, la propuesta de los sectores empresariales y, adoptada por el gobierno, alrededor de la flexibilidad del salario no se relaciona con el contexto macroeconómico. En el caso del periodo en que los niveles del salario mínimo aumentan constantemente (pero cada año a ritmos más lentos) y el empleo mejora, si se ve matizado por el ciclo económico ascendente, como resultado del aumento de los precios de las materias primas (Báez 2016). No obstante, más allá de este condicionamiento económico lo que resalta es el proceso a través del cual la flexibilidad como respuesta no muestra evidencia de disminución del desempleo en el país.
En lo que respecta a las condiciones de empleo. Los datos disponibles sobre la precarización indican que en la época de aplicación de políticas enfocadas hacia la flexibilidad, el porcentaje de este tipo de empleo (informal) aumenta de 53.7% en 1990 a 57.4% en 1999. Estos datos muestran que la aplicación de otras medidas de flexibilidad tampoco corrigen los problemas del empleo precarizado, en su lugar lo profundiza. Es decir, no limita el crecimiento del sector “informal” sino que lo aumenta.
La evidencia histórica presentada muestra que las políticas de flexibilidad no implican un aumento del empleo. Por otro lado, tampoco se observa que en el periodo de aplicación de otras medidas de flexibilidad aplicadas tuvieran incidencia en mejorar los niveles del sector informal en el país. En ese sentido, es necesario un análisis más profundo sobre si la nueva medida de flexibilidad de la jornada laboral va a matizar el problema del desempleo en el país o, al contrario, va a significar una nueva ola de precarización.
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[*] Economista, maestrante de Sociología en FLACSO. Autor de investigaciones sobre temas de desigualdad, concentración, mercado laboral y grupos económicos. Entre ellas destacan “Hilando la desigualdad: Grupos Económicos y paraísos fiscales en Ecuador”; “Acumulación en la Revolución Ciudadana: Concentración de mercados y grupos económicos en el sector agropecuario”; “Alza salarial en un contexto de crisis”; “¿Para quién el Estado? Estudio de la concentración en compras públicas” y “Tendencias en la estructura agraria, inequidad rural, derecho a la alimentación y nutrición en el Ecuador post-neoliberal”.
Fuente: Línea de Fuego