El pasado 8 de mayo, pobladores de Molleturo, parroquia rural del cantón Cuenca, perteneciente a la provincia del Azuay, indignados ante múltiples atropellos y en defensa de los derechos humanos y de la naturaleza se tomaron el campamento de la compañía china Junefield/Ecuadorgoldmining South América S A., situada en los páramos de la comunidad de Río Blanco.

Esta medida de hecho la tomaron amparados en el Art. 98 de la Constitución, que establece el derecho a la resistencia, ya que por años no han encontrado respuesta de las autoridades locales ni nacionales frente a las arbitrariedades y atropellos que han venido sufriendo, uno de ellos como la falta de socialización del proyecto minero.

Sin embargo, fueron reprimidos por parte de miembros policiales y militares, que acorralaron la zona de conflicto, sin considerar que en la protesta pacífica se encontraban mujeres, ancianos y niños, de los cuales varios de ellos resultaron heridos y asfixiados por el gas lacrimógeno; es decir que se puso en riesgo la vida de estas personas que ejercían su legítimo derecho a la defensa de su territorio, incluso un periodista resultó herido por el impacto de un proyectil en su mano izquierda.

Lo que exigen estos habitantes es paz, justicia y tranquilidad para las 72 comunidades de Molleturo, que se conseguirán según dicen, cuando se prohíban las concesiones mineras en todo el territorio nacional, y las transnacionales mineras se regresen a sus países de origen.

Uno de los problemas graves que se ha generado es la división social, el enfrentamiento entre comunidades, las que están a favor del proyecto minero y las que están a favor de dejar los páramos libres de minería, para salvaguardar las fuentes de agua, principal elemento de la sostenibilidad de la vida.

El pasado 10 de mayo, dirigentes de la CONAIE y la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), realizaron un recorrido en Río Blanco y aseguraron que policías y militares se mantienen resguardando la propiedad de la empresa china. Además indicaron que se constató que la represión y violencia por parte de la policía fue lo que produjo el incendio del campamento minero, pues una bomba lacrimógena impactó en un material químico que hizo que el fuego se propague a lo largo del campamento.

Estos dirigentes respaldaron la acción tomada por los pobladores de Molleturo, pues aseguran que demuestra la inconformidad ante la falta de seriedad y resultados concretos dentro del proceso de diálogo en el que se encuentran varias organizaciones sociales actualmente en el país.

Declaraciones

“La palabra dada por el presidente Moreno queda en entredicho, cuando en la realidad de los hechos las poblaciones locales siguen sufriendo la arremetida de la minería en sus territorios. Por lo tanto estas acciones de protesta son legítimas y cuentan con el respaldo de la CONAIE y su estructura, porque luchar por derechos no es un delito”, indica Jaime Vargas, presidente de la CONAIE.

Blanca Chancoso, vicepresidenta de la Ecuarunari, menciona que han solicitado de todas las formas posibles que se cambie la política desarrollista extractivista aplicada en el país, pero se han hecho de los oídos sordos, por lo que las comunidades no han tenido más que reaccionar. “Reiteramos la vigilia permanente y esperamos que el gobierno arregle lo más pronto posible esta situación, sin recurrir a la criminalización y persecución a los defensores de la vida”.

Luis Sánchez, perteneciente a la parroquia Tundayme -otra de las comunidades despojadas por la minería, – manifiesta que “la intromisión del gobierno y las transnacionales para dividir a los territorios ha causado la discordia entre los pobladores, acción que sucede en todas las comunidades donde se encuentran acentuados los proyectos mineros”.

Comunidades afectadas por la minería se movilizaron en Quito el pasado 3 de mayo. La movilización arrancó desde el parque El Arbolito hacia la Contraloría General del Estado y posteriormente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T).

El objetivo fue solicitar que se investiguen las concesiones mineras autorizadas por parte del ministerio de Minas, así como la entrega de licencias ambientales por parte del ministerio del Ambiente; además, que se indague por qué la Corte Constitucional no despacha la autorización para realizar una consulta popular en Quimsacocha, entre las principales peticiones.

En palabras de Yaku Pérez Guartambel, presidente de la ECUARUNARI, esas concesiones y licencias han favorecido los intereses de las transnacionales mineras, que se encuentran arbitrariamente en los territorios de las comunidades ancestrales campesinas, montubias y afrodescendientes.

“Para muchos los páramos tienen que ver solo con los indígenas y campesinos, pero no es así porque de esa agua también se alimentan las grandes ciudades; líquido vital que al permitirse la minería se contaminará con cianuro y mercurio”, sostiene Pérez.

Belisario Chimborazo, alcalde del cantón Cañar -tierra conocida como de las reales minas del Hatun Cañar-, menciona que 40 mil hectáreas pertenecientes a cinco parroquias son las afectadas por las concesiones mineras: “Hemos logrado tratar el 90% de agua para consumo de 116 comunidades las 24 horas al día y con estas concesiones mineras todo ese trabajo se iría al piso, están en riesgo todos los sistemas de agua, la potable, de riego y bosques nativos”.

“Mi parroquia se dedica a la agricultura y ganadería, expendemos alrededor de 200 mil litros de leche diarios y somos un promedio de 4.000 pequeños y medianos productores, razón por la que nos hemos resistido durante 15 años al proyecto extractivo de Loma Larga, porque la extracción minera contaminará el río Tarqui, uno de los más grandes de Cuenca”, dice Federico Guzmán, de la parroquia Victoria del Portete.

Alexandra Narváez, perteneciente a la provincia de Sucumbíos, manifiesta que el Estado ha otorgado más de diez concesiones mineras en la cabecera del rio Aguarico, que están causando graves daños principalmente en los niños, quienes ya no pueden bañarse en las riberas del río porque les causa ronchas en el cuerpo e incluso ya no pueden dedicarse a la pesca por la contaminación.

Mesías Ushiña, representante de las asociaciones de canales de riego de Chimborazo, indica que en Pallatanga se han concesionado miles de hectáreas de páramos. “Las empresas mineras presentaron un plan de reconstrucción ambiental, pero de papeles no ha pasado porque no vemos acción alguna, por lo tanto exigimos que se suspendan estos contratos hasta que sean evaluados y que se sancione a las autoridades que facilitaron estas concesiones”.

Humberto Tenemasa, de la parroquia Molleturo perteneciente al cantón Cañar, comenta que ha trabajado tanto en la extracción petrolera como en la extracción minera y que causan el mismo daño tanto a la naturaleza como a las comunidades: “La minería responsable no existe en ninguna parte del mundo, al contrario, siempre trae consigo enfermedades graves para sus habitantes y además la delincuencia y la prostitución; es decir inseguridad total”.

La minería en otros países

  • En Canadá existen unas 10 mil minas abandonadas y no se ha hecho ninguna remediación ambiental.
  • En México el hombre más rico del país concentra el 15% de la concesión minera.
  • En Perú se encuentra la quinta ciudad más contaminada del planeta, La Oroya, donde el 80% de los niños tiene plomo en la sangre.
  • En Chile la minería fue la causante de la muerte de Raúl Lagos, quien murió por tener mercurio en su sangre y es un símbolo de miles de casos.
  • En Bolivia, el cerro Potosí tenía las vetas de plata más importantes del mundo y luego de ser explotado, muestra un promedio de vida de sus habitantes es de 37 años.

El 8% del territorio ecuatoriano está concesionado a la minería, en el caso de Colombia es el  15%, mientras que en Perú hay un 21% de concesiones sin ningún buen resultado. Sin embargo, en países como Costa Rica y El Salvador -de los cuales deberíamos seguir su ejemplo- se ha declarado a su territorio libre de minería.