Por Francisco Escandón

En la década pasada, el Estado ecuatoriano estuvo dirigido por una especie de organización mafiosa que gozó de impunidad judicial. Durante ese tiempo, ninguno de los delitos cometidos por la cúpula fueron sancionados y sólo hasta ahora se comienza a investigar algunos de ellos, luego de los intentos, aún incompletos, de descorreización.

Esa casta de intocables logró coptar las instituciones e ideologizar a la sociedad. Así lograron que el poder público fuera obediente a su proyecto político infectado de corrupción y prepotencia.

Los diezmos, las coimas, los sobreprecios formaron parte del esquema que usó esta banda delincuencial. No sólo se enriquecieron ilícitamente, sino además hicieron de las empresas contratistas y hasta de las instituciones del Estado fuentes de financiamiento de las campañas electorales multimillonarias.

Las denuncias periodísticas del caso Arroz Verde revelaron este secreto a voces que derrumba el mito de los intocables, pues existen detenidos y otros requeridos para investigaciones de la Fiscalía.

Una de ellos, Pamela Martínez, decidió no cargar sola con el peso de la culpabilidad. Su desesperación ante el desamparo de sus cómplices, le llevó a acogerse a un acuerdo de cooperación eficaz con las autoridades y está delatando a los cabecillas de la corrupción. Los cuadernos de registro de contribuciones y otras pruebas incautadas a Martínez pueden ser definitivas para inaugurar el ocaso de los otrora dioses.

No hay crimen perfecto. Las lealtades entre mafiosos son efímeras y cuando de ponerse a buen resguardo se trata, hasta podrían atentar contra la vida de delatores, quizás ese el caso de la ex asesora presidencial.

La independencia del sistema judicial y de control está en la mira de la opinión pública. La Fiscalía General tiene una prueba de fuego, Diana Salazar debe llevar adelante las investigaciones sin discriminación, pues no sólo los delincuentes están en la orilla del gobierno anterior, también hay algunos que pasan de agache en el actual.