Por Mariano Santos N.

Estamos a las puertas de las próximas elecciones presidenciales y legislativas que se darían en febrero o marzo del próximo año, dependiendo de lo que decida el CNE y, preocupa mucho el accionar de este Consejo.

De los cinco miembros que conforman el mismo, tres han hecho mayoría y han marginado por completo a los dos de minoría, pero, esta mayoría de tres ha tomado varias decisiones polémicas, por decir lo menos.

Así, por ejemplo:

  1.   Aceptación de 4 Partidos políticos irregulares.

En agosto del año anterior, la Contraloría se pronunció por la irregularidad que habían incurrido cuatro grupos políticos que no alcanzaron firmas para su inscripción, Justicia Social, Podemos, Libertad es Pueblo y Fuerza Compromiso Social, los que no cumplieron con los requisitos legales” establecidos en el Código de la Democracia para su inscripción y registro en el Registro de Organizaciones Políticas del Consejo Nacional. Electoral. Sin embargo, la presidenta del consejo Diana Atamaint, y antes de que el Consejo se pronuncie, ya daba su veredicto que fue el que al final se impuso, es decir, el reconocer esos cuatro grupos políticos como legales.

¿Quiénes son esos grupos?

Uno de ellos es Fuerza Compromiso Social (partido de Iván Espinel, hoy en la cárcel por corrupción), partido «alquilado» a los correistas.  Pregunta de rigor: ¿es legal el alquilar un partido político?; el CNE jamás se pronunció, pero lo que sí es cierto es que es un acto ILEGÍTIMO, es corrupción, es parte de la descomposición casi generalizada en que vive nuestro País.  Su propia inscripción fue un cúmulo de actos corruptos; Fue legalizada en 2016 y para hacerlo presentaron un total de 174.700 adherentes. Sin embargo, se estableció que 665 registros corresponden a números de cédulas incompletas; 12.427 registros con cédulas no válidas, 3.146 registros repetidos, 33 registros afiliados que habían fallecido, y 16 registros de menores a 16 años. El total de respaldos válidos fue de 158.413, con lo que no le alcanzaba para obtener la personería jurídica. Pero claro, quien lo «santificó» fue Juan Pablo pozo, aquel presidente del CNE que fue condecorado por Correa…

Lo escandaloso resulta que hubo muchos más muertos como afiliados en esos cuatro partidos (¿y quién sabe, cuantos en otros partidos?) que no debieron haber terciado, pues Se identificó a 6.648 muertos, sí, ¡muertos vivos! por eso es que hay reiteradas quejas contra el padrón electoral, el cual tendría más de 1,3 millones de electores fantasmas que sirven para el fraude.

Dentro de esos cuatro partidos que deberían ser eliminados, consta también otra FICHA, la del movimiento Justicia Social de Jimmy Salazar (esposo de otra FICHA, Pamela Martínez) quien debería estar preso o por lo menos con medidas cautelares; otra FICHA es la de Gary Moreno (hermano de Lenin Moreno con su movimiento Libertad es Pueblo…

  • Caso Sobornos 2012 2016. ARROZ VERDE.

Un 64% de los montos aportados a la campaña electoral del 2013 del movimiento Alianza País no tendrían un origen «claro», señalaban los consejeros de minoría del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Pita y Luis Verdesoto. 

Dentro del caso Sobornos 2012-2016 que investigaba la Fiscalía General (hoy ya con una sentencia en primera instancia) por presuntos aportes irregulares a la campaña electoral de AP, los dos consejeros electorales observaron que hay 154 aportantes, cuyas contribuciones superaron los          $ 5 000. Luego de siete meses de análisis, el Consejo Nacional electoral resolvió “…el movimiento político Alianza PAIS (AP) cumplió con los plazos del Código de la Democracia para entregar sus informes de cuentas de campaña electoral”, aunque en varios de sus reportes aparecen nombres de personas mencionadas en la investigación por el caso Sobornos 2012-2016 a cargo de la Fiscalía General.

Verdesoto reprochaba que se concluya que la liquidación de gastos “es correcta, y sujeta a derecho.

Entonces, el CNE está señalando paladinamente que el caso Arroz Verde ¡es falso! contrariamente a lo que ya ha resuelto en primera instancia la Corte Nacional de Justicia. Más aún, el documento de la decisión del CNE es ahora parte del expediente judicial dentro del caso Sobornos 2012-2016, como un alegato de defensa de Correa y su banda.

  • Intento de Juicio político a Atamaint.

Cuando en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, que la presidía el “angelito” Daniel Mendoza, se votó para llevar el juicio político al pleno de la asamblea a Diana Atamaint, Mendoza, como es ´avión´, no estuvo en la reunión y mandó a su suplente, una señora llamada Pinuccia Colamarco; entre correistas y morenistas le salvaron el pellejo…pero… El voto dirimente lo dio la señora Colamarco, ¿hubo reparto?, Eran las voces que corrían por los pasillos de la Asamblea Nacional a fines de enero del presente año. Pero en ese intento de juicio, se vieron cosas interesantes…

Uno de los consejeros, Enrique Pita, declaraba que se privó a las organizaciones políticas de su derecho de auditar las elecciones. De todo ello responsabilizó a Diana Atamaint como máxima autoridad electoral. Aunque durante la sesión se habló de “fraude electoral”, la palabra que más escandalizó a los integrantes de la Comisión de Fiscalización fue otra: “REPARTO”, reseñaba un matutino de la capital.

Enrique Pita explicó cuántas coordinaciones, direcciones y secretarías le fueron entregadas a cada consejero. “Diana Atamaint permitió eso -dijo-, y no es gratis. Tener una mayoría se paga gestionando y ubicando gente, como Loyo”. ¿Loyo?, Este pájaro de alto vuelo, hoy en la cárcel, fue contratado por Atamaint pese a las advertencias sobre sus malos antecedentes judiciales que le hicieron llegar por escrito los consejeros de minoría. Este «pájaro» estaba a cargo del plan operativo y el calendario electoral de las elecciones seccionales de 2019, proceso que ha sido cuestionado e incluso se sancionó a los tres consejeros de mayoría. ¿Algún parecido con el reparto de los hospitales?  a ¿Salcedo, Mendoza, Morales?…

Pero, había más, Verdesoto señalaba «…se subían-bajaban votos al antojo, no hubo auditoría de organizaciones políticas. Pita manifestó que se detectaron actas recontadas y validadas sin firma, actas sin datos de sufragantes y actas recontadas con variación de votos blancos, nulos y válidos. Aseguró que se encontró un sistema informático manipulable que permite cierta discrecionalidad al momento de obtener resultados. 

En el desglose de sus denuncias consta la creación de usuarios externos que no tenían relación con el sistema informático pero que tenían la facultad de cambiar el estado de un acta de escrutinio: “imagínense ustedes que una persona que no es parte de la organización, en un momento dado puede conectarse al sistema y tener la posibilidad de cambiar el estado de un acta”, manifestaba.  

quienes estuvieron al frente del área informática en las últimas elecciones, deben responder por estas presuntas irregularidades. Y le puso nombre y apellido: “Toda el área informática fue manejada por el consejero de mayoría(José) Cabrera, en todos los aspectos”. 

  • Caso Yasunidos y los(as) cipayos(as).

El Consejo Nacional Electoral (CNE) negó el reconocimiento de las firmas que presentó el colectivo Yasunidos para convocar a una consulta popular para impedir la explotación petrolera en el bloque 43 del Yasuní ITT. 

En noviembre del año anterior, con los votos afirmativos de los consejeros Diana Atamaint, José Cabrera, Esthela Acero (nuevamente los tres de mayoría); y, los negativos de Luis Verdesoto y Enrique Pita, el pleno del Consejo resolvió sobre un informe jurídico en el que valida lo actuado por el CNE en el 2014, durante la presidencia de Domingo Paredes, en pleno correato, con el que invalidaron las 755 mil firmas que recolectaron los Yasunidos para convocar a ese plebiscito. 

Tal decisión se la tomó pese a informes de tres organismos que fallaron en favor de los Yasunidos.

Estos tres organismos estatales reconocieron que el proceso de validación de firmas fue irregular, y que se violaron los derechos de quienes querían la consulta. La Defensoría del Pueblo (14 de agosto de 2018), el CPCCS – transitorio, que presidía J C Trujillo (25 de septiembre de 2018) y el CNE – transitorio (15 de noviembre de 2018).

Los Yasunidos apelaban a un informe de investigación que elaboró el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS Transitorio), en el que planteaba la reparación de sus derechos, luego de que las más de 700 mil firmas que presentaron en el 2014 para impulsar la iniciativa, fueron descartadas en ese entonces, enero de 2019, cuando Atamaint ya era presidenta del organismo electoral, la Defensoría del Pueblo pidió “la reparación de los derechos constitucionales de participación” del colectivo Yasunidos , proponentes de la consulta popular.

El Consejo de Participación Ciudadana le exhortó en septiembre, el TCE emite una sentencia al respecto (la segunda adjuntada al proceso político en la Asamblea) en la que reconoce la vulneración de derechos de participación y manda al CNE a dar, en el plazo de 30 días, una respuesta a la solicitud del certificado de legitimidad democrática presentada por Yasunidos.

Esa respuesta solo se produjo dos meses después, en noviembre del 2019 y, fue negativa; es decir, igual a la decisión del CNE anterior (aquel del correato) de negar el pedido.

¿Cuál es la trascendencia de esa votación?

A través de esa consulta planteada por los Yasunidos y en el caso de ser favorable, se podía detener la agresión acelerada hacia los pueblos no contactados como producto de la explotación petrolera, el genocidio. Esas comunidades no contactadas o semi contactadas forman parte de nuestros pueblos originarios, de nuestras comunidades ancestrales. ¿Cómo es posible que dos personas pertenecientes, la una (Atamaint), a la nacionalidad Shuar, la otra (Acero), a la nacionalidad quichua, hayan tenido esta (y las otras aquí señaladas) actitud abominable en contra de sus hermanos, esos otros pueblos nómadas?; ¿No se habrán enterado acaso, que como producto de la explotación petrolera principalmente en la época de TEXACO, hoy llamada Chevron, desaparecieron otras nacionalidades indígenas originarias como los Tetetes y Sansahuari?; o, que otras como los Záparos están al borde de su extinción?

Cipayo es un término que viene del persa. Es un término que se lo utilizó principalmente en la india y en nuestra América. En la India, se conocía como cipayo a un nativo de la India reclutado al servicio del poder europeo, normalmente del Reino Unido, pero el uso también se extendía a los ejércitos coloniales de Francia y Portugal. De ahí se generalizó una segunda acepción como nativo de una colonia simpatizante con los intereses metropolitanos, o simplemente «secuaz a sueldo», como recoge la Real Academia Española.

En nuestra América, se denominaron cipayos los soldados indios puestos al servicio de las metrópolis coloniales y en contra de sus propios pueblos.  Tal vez el ejemplo más elocuente fue el colaboracionismo con los invasores que se evidenció durante la conquista en México como la de Malinche, indígena amante, confidente e informante de Hernán Cortés contra Moctezuma, en la toma y destrucción de Tenochtitlán.  Igualmente, la derrota de muchos líderes de la gesta emancipadora se debió al quehacer de los cipayos.

En manos de esos cipayos está el próximo proceso electoral del Ecuador. Ayer, los cipayos estaban al servicio del poder colonial en nuestra América; hoy, los cipayos del siglo XXI, involucrados en actos de corrupción como hemos podido reseñar aquí, trabajan contra los pueblos del Ecuador y están a favor del gran capital nacional y extranjero, al servicio de la gran burguesía ecuatoriana y extranjera.

La Contraloría acaba de determinar este lunes 22 de junio, una sanción a esos malos ecuatorianos, esos tres consejeros de mayoría que deben ser destituidos para permitir un proceso electoral transparente.