Por Gustavo Reyes

 

Creado en 1944, el Fondo Monetario Internacional (FMI) es el prestamista de última instancia para los países en dificultades financieras. Después de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, el FMI se creó originalmente para que los países con déficits pudieran pedir dinero y les pagar su deuda a otros que lo financiaban, sobre todo aquel que esperaba el desangramiento de Europa para proclamar su triunfante hegemonía capitalista, me refiero a los EEUU.  El discurso era generar estabilidad financiera, aumentar la cooperación mundial, facilitar el comercio y el crecimiento, y reducir la pobreza, para propiciar, según el concepto orientador de esta potencia, lo que dieron por denominar como “desarrollo” y que fuera proclamado por Harry Truman el 20 de enero de 1949, en su discurso inaugural como jefe de Estado norteamericano.

 

La política del Fondo Monetario, se articuló entre un discurso de salvataje de las economías, pero casi en todos los casos degeneró en una mayor dependencia de los países hacia el capital transnacional y el debilitamiento de sus Estados; el FMI ha tenido diversas formas de intervención a lo largo de todas las regiones del mundo. En América Latina, con el denominado Consenso de Washington, que consiste en una política que demanda reformas integrales para fortalecen el papel de las fuerzas del mercado y debilitar las estructuras estatales a cambio de ayuda financiera inmediata.  Como si se tratase de una receta de cocina, las orientaciones de este organismo multilateral eran similares para todos los países.  Así, según el economista británico John Williamson en 1989, las medidas incluían un manejo exclusivo del endeudamiento externo de los Gobiernos con este organismo para supuestamente desalentar los altos déficit fiscales, recortes en los subsidios gubernamentales y menores impuestos para las compañías.

 

Reducir el tamaño del Estado se convirtió en la consigna de los neoliberales de la economía; por ello, las privatizaciones, los recortes en los programas sociales, incursión del capital transnacional en el manejo de sectores estratégicos, la firma de tratados de libre comercio y su consecuente ruptura de casi todas las barreras arancelarias, se pusieron a la orden del día, tras la derrota de las teorías estructuralistas de Raúl Prébisch al inicio de la década de los 80 y 90 del siglo anterior.  Ecuador como es de suponer no ha sido la excepción; es así que, tras llevar al extremo la política monetaria de cambio flotante (que la fija el mercado financiero) ocasionó la muerte del Sucre, combinada con la galopante corrupción de las élites financieras que manejaban la política del país, se produjo la peor de las crisis, sin precedentes en la historia, como fue la del salvataje bancario de 1999 que provocó una gran oleada de migraciones, que los xenófobos prefieren olvidar de sus memorias.

 

Estos hechos no son viejos, y como tales, debemos estar alertas, pues las antiguas recetas del neoliberalismo no han cambiado, tras el confuso y trastabillado avance de los pueblos latinoamericanos, aprovecharon para enquistarse en Grecia, en los países de la Eurozona, en las ex repúblicas soviéticas y volver a posicionar su discurso en Argentina, que hoy mismo vemos como sufre las consecuencias de una fallida política de debilitamiento estatal, recorte de las pensiones jubilares y programas sociales, y un nuevo endeudamiento que por un valor de 50 mil millones de dólares han ido a mendigar a las puertas del FMI en Washington, pero solo tras aplicarse y cumplir obedientemente los mandados a este organismo, al establecer recortes a los subsidios a la energía y el despido de más 95.000 empleados del sector público.

 

Pero tampoco podemos ser partícipes de retornar a una década desperdiciada en la corrupción, prepotencia y debilitamiento del tejido social, como fue la década del neopopulismo perfumado de izquierda, que gobernó durante los últimos años sin que tuviera la decisión política de integrar la región, aislar la influencia del capital transnacional, potenciar las capacidades económicas de la región y propiciar un desarrollo generalizado de las sociedades, este neopopulismo en el Ecuador estuvo marcado con la proliferación de asistencias sociales en lugar de provocar una consolidación de la economías de menor escala, denominada como popular y solidaria, acentuó su dependencia en los recursos provenientes de los comodities (petrólero para nuestro caso), cuyos precios se elevaron a niveles exorbitantes, no por una suerte de la divina providencia, sino por la creciente demanda de China, gigante asiático, cuyo fenómeno como expansor de la economía mundial ocasionó la necesidad de captación de mayores recursos naturales como el petróleo, carbón, acero, y otros minerales, que por otro lado han acelerado la crisis ambiental del planeta.

 

Las denominadas democracias “progresistas” que surgieron a raíz del fracaso de la propuesta neoliberal, no hicieron más que ampliar alianzas con los asiáticos, como los nuevos ricos del mundo; quienes, a sabiendas de que son los generadores del incremento del precio de estos comodities, también aprovecharon para poner sus condiciones en sus modelos de desarrollo; es así que, muchos de los contratos de obra pública en los denominados países del socialismo del siglo XXI se establecieron con empresas chinas, y no solo eso, también preventas petroleras, y como consecuencia de su expansión económica: colocación de dinero a manera de deuda para seguir solventando el modelo asistencialista y corrupto de esta década.  Tras la desaceleración de China, esta nueva potencia ahora pretende extorsionar a la región con el cobro de intereses y capital de sus empréstitos previamente colocados, mismos que en el Ecuador arriban a más del 67% de su Producto Interno Bruto, solo de las cifras conocidas oficialmente.  Por ello, retornar a la década saqueada no es una alternativa para nuestros pueblos.

 

Como tampoco lo es el retroceder a los viejos recetarios de debilitamiento estatal y apertura al capital transnacional, sendero que ha decidido recorrer el transitorio gobierno del Licenciado Lenin Moreno, quien desde que recibió su mandato ha dado palos de ciego en materia económica, anunciando un Plan, que promete ser el último cada vez que lo expone en cadena de radio y televisión, pero que en poco más de un año, ya van como tres y no sería el último; la estrategia parecería ir caminando gradualmente hacia las políticas fondomonetaristas cada vez que anuncia estas medidas aprovechando su ya descolorido discurso de lucha contra la corrupción y consensos generales.

 

Los últimos pasos que evidencian el nuevo transitar del presidente de la República se han dado con la aprobación de la flamante “Ley de Fomento Productivo, Atracción de Inversiones y Generación de Empleo” que aparte de establecer la posibilidad de una remisión de deudas por intereses, multas y recargos por más de $2.100 millones a los grandes grupos de poder económico, establece una exoneración del pago del impuesto a la renta a las nuevas inversiones por el lapso de 8 a 20 años dependiendo del sector al que vayan dirigidas, elimina el impuesto a los ingresos extraordinarios de las petroleras, elimina gradualmente el impuesto a la salida de divisas, facilita la perdida de nuestra jurisdicción soberana en tratados bilaterales, entre otras medidas que son aplaudidas por sectores empresariales, grandes comerciantes y banqueros.

 

Estas medidas se complementan con la reducción del tamaño del Estado, que como vieja canción, empieza a ser entonada por algunas destempladas voces de la prensa comprometida con esta ideología y los dinosaurios de la opinión económica que en su momento fueron los adalides de estas recetas, pero que a propósito omiten las consecuencias de la crisis del 99.  Es fácil entonces, escuchar que es necesario un mayor protagonismo del sector privado, que se apruebe una reforma laboral que permita una mayor flexibilización y por ende la competitividad de sus empresas y que se haga un mayor esfuerzo por poner “a dieta” al Estado como lo dicen jocosamente.  Esta reducción ya se ha hecho evidente con la no renovación de contratos a más de 40.000 ex servidores públicos en el último año, quienes no tienen espacio en el sector privado, pues ahí también se redujo la cifra de empleos adecuados (empleo con todos los derechos laborales) a más de 160.000 personas, según datos del propio organismo oficial que lleva las estadísticas nacionales como es el INEC.

 

Pero el tema no solo queda ahí, el pasado 21 de agosto el gobierno del Licenciado anuncio más recortes, entre ellos:

 

  • Se reducirán 20 instituciones más, entre ministerios, institutos, agencias y empresas públicas. De las 137 instituciones públicas que recibió el Gobierno de Moreno, se eliminaron antes 13 y ahora son 20 más.
  • Se suprimirán el Ministerio de Justicia, que actualmente dirige Rosana Alvarado, y la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom).
  • Se fusionarán estos ministerios: De Comercio Exterior con el de Industrias, el SRI con el Servicio de Aduanas, Secretaría de Riesgos con el Ministerio de Defensa, Ministerio de Ambiente con la Secretaría del Agua.
  • Se suprimirán las embajadas en Bielorrusia, Angola y Argelia; y ocho consulados más. La fusión de ministerios y secretarías, más la eliminación de las entidades diplomáticas significarán un ahorro anual de más de 60 millones de dólares, indicó Moreno.
  • Se eliminarán el Instituto Espacial Ecuatoriano y las Secretarías de Límites Internos y de Cualificaciones Profesionales.
  • Se fusionarán y optimizarán empresas públicas como CNT, TAME, Correos del Ecuador, lo que generará un ahorro de $ 350 millones.
  • Se venderán 1.000 vehículos del parque automotor del Estado.
  • Gobierno eliminará el pago de tarifas de celulares a todos los ministros, subsecretarios, asesores y directores.
  • Se retirará el personal de seguridad de todos los ministros, a excepción de aquellos que tengan un alto nivel de riesgo.

 

Estos ajustes que a primera vista parecerían guardar una lógica y ser aplaudidos en tiempos de austeridad provocarían un ahorro de aproximadamente $900 millones, se complementan con una política de carácter abiertamente neoliberal como es la eliminación de los subsidios a los combustibles; y es así que, se anuncia también la eliminación del subsidio a la gasolina súper, con lo cual se produce un incremento de alrededor de 70 ctvs. por cada galón de este combustible, ubicándose su precio final en $2.98, con lo cual solo se espera recuperar un poco más de $100 millones.

 

Parte del paquete de medidas es el anuncio de la liquidación de empresas como la Cementera Nacional, Fabrec, Enfarma. La venta o concesión de TAME, Correos del Ecuador y el giro de negocios de CNT, CNEL, que dicho en otras palabras significa su proceso de privatización. La tarea para esperar al salvador empréstito del FMI, no termina ahí, pues se ha llamado a un supuesto diálogo para concretar la eliminación del subsidio al diesel y las gasolinas extra y eco-país; y digo supuesto, porque se ha privilegiado dicho diálogo son los nuevos aliados de Moreno: los empresarios y banqueros, dejando fuera a sindicatos y sectores sociales; es un hecho entonces que la lógica fondomonetarista se hace presente para que esta vez, haciendo bien los deberes, acuda el joven ministro de Economía y Finanzas a tocar las puertas de Washington para recibir el tan anhelado cheque por más de $8.000 millones que es lo que se ha anunciado estará dispuesto a entregar este organismo multilateral, en medio de un ambiente de zozobra social que facilitaría la incursión de un viejo modelo de mayor explotación económica y laboral.

 

¿Que si hay medidas alternativas para enfrentar esta crisis?, por supuesto que las hay. Para comenzar, el último informe del SRI es revelador, los 214 grupos económicos tuvieron ingresos por $63.705 millones en el 2017, un 10% más que en el año anterior. Pero apenas pagan $1.447 millones de impuesto a la renta. Los grupos Pichincha, El Juri, Schlumberger generaron el 34% de los $63.705 millones de ingresos. Si pagarían un punto más de impuesto a la renta tendríamos más de $1.400 millones de dólares y se evitaría subir el precio de los combustibles; pero además, es necesario estudiar las siguientes medidas alternativas:

 

  • Se debería reducir el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12% al 10% para propiciar una mayor demanda agregada nacional.
  • Se debe congelar los latisueldos en el sector público a los funcionarios de nivel jerárquico superior a un techo de 10 Salarios Básicos Unificados, con lo cual el país ahorraría aproximadamente $600 millones.
  • Se debe auditar los contratos petroleros, establecer las glosas que sean necesarias por intermediaciones ilegales; y finalmente, cambiar la forma de contratación petrolera con lo cual el país recuperaría aproximadamente $400 millones anuales.
  • Se debe brindar un marco legal adecuado para propiciar la apertura de los mercados financieros internacionales con el objetivo de hacer más competitivas las tasas de interés y la incorporación de nuevos instrumentos financieros como las criptomonedas en condiciones adecuadas.
  • Se debe hacer una nueva auditoría de la deuda pública, para establecer su legalidad y legitimidad; determinar responsabilidades para la aplicación del derecho de repetición y en caso de ser necesario declarar una moratoria para llegar a un acuerdo justo y razonable con los acreedores.
  • Se debe firmar los instrumentos internacionales que sean necesario para recuperar al menos un 10% de los más de $35.000 millones de dólares que se presume fueron perdidos en actos de corrupción en la década pasada.

 

Como se ha analizado, el viraje del Gobierno de Lenin Moreno hacia las políticas del Fondo Monetario Internacional, es evidente, por lo tanto, es un deber de los pueblos y las organizaciones sociales y políticas patrióticas denunciar estos elementos y propiciar otro tipo de alternativas que hagan que la crisis la paguen sus beneficiarios y quienes las ocasionaron y no se descargue una vez más en la espalda de los trabajadores.