Moreno, –al igual que Correa– gobierna al servicio de los intereses de los grandes empresarios nacionales y extranjeros. Es un gobierno de naturaleza burguesa, aunque quiera etiquetarse de otra manera.

El Programa Económico de Estabilización Fiscal y Reactivación Productiva, presentado por el presidente Moreno el lunes pasado, señala que se propone “preservar los derechos de las grandes mayorías, estabilizar la economía del país, reactivar la producción y promover la generación de empleo, con eficiencia, trasparencia y corresponsabilidad”. Contiene 4 ejes y 14 políticas.

Muchos coinciden en señalar que este Plan está lleno de generalidades; otros, los empresarios lo han felicitado, por la “confianza que crea” y porque está en el rumbo deseado por ellos. Y no es para menos, pues alcanzaron dos de sus más altas exigencias al gobierno: la eliminación del pago del anticipo del impuesto a la renta IR y la disminución progresiva del impuesto a la salida de capitales ISC. Aparte que deja abierta la puerta a otras concesiones a los empresarios y al capital extranjero.

Días  antes del anuncio, en redes sociales se difundió la idea de que se venía un paquetazo económico, que incluía la elevación del IVA, la eliminación de subsidios del gas y la gasolina, eliminación de miles de empleos, entre otros aspectos. Semanas atrás, una ministra fue destituida por declarar que en el gobierno se analizaba la posibilidad de eliminar subsidios.

Si eso se proponía el gobierno, no lo pudo hacer. No pudo meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos porque existe un fuerte rechazo a cualquier posibilidad de que los hombres y mujeres del pueblo paguen los costos de la crisis y de la corrupción. Se multiplicó el sentimiento de rechazo y creció la idea de prepararse para las movilizaciones ante la posibilidad de medidas antipopulares.

Vale la pena destacar que en todas las reuniones de las organizaciones sociales, como el FUT, la CONAIE, el FRENTE POPULAR, la UNE, la FESE y otras que acudieron al dialogo con el gobierno, a la vez que presentaron sus propuestas, para la reactivación económica, el fomento del empleo, etc., siempre dejaron claro que no estaban dispuestos a aceptar ninguna medida que afecte la economía popular.

Si alguna duda quedaba sobre la naturaleza del gobierno de Moreno, las medidas adoptadas deja en claro qué intereses y a qué sectores representa, que el pueblo no puede confiar en un gobierno que no es suyo y que debe prepararse para enfrentar futuros intentos de afectar su economía y seguir favoreciendo a los de siempre.

La mayoría de medidas responden a las presiones de las cámaras empresariales, de los grandes exportadores, de las empresas transnacionales que baten palmas porque el gobierno va por el buen camino de las reformas laborales, de la eliminación de empresas públicas y por las alianzas públicas – privadas. Es evidente que el camino que perfila el gobierno en su plan, puede abrir las puertas a un proceso de privatizaciones y desmantelamiento de la propiedad estatal de áreas estratégicas, profundizar la precarización laboral y restringir derechos.

La experiencia dice que la unidad de las organizaciones, la movilización en las plazas y calles, hablan más fuerte, juegan un papel decisivo para alcanzar reivindicaciones y recuperar derechos. En estos espacios se debe insistir con las  propuestas presentadas por el movimiento popular y que no fueron recogidas por el gobierno en su Plan; sin embargo, deben seguir peleando por ellas, porque son justas.

El plan de Moreno dice que con sus medidas se reducirá el 7% del desempleo y la pobreza extrema en 5%. Sin embargo, el tema de la economía social y solidaria, quedan solo como un enunciado general, pese a que en las medianas y pequeña empresas, generan el mayor porcentaje del empleo en el país.