Por: Remo Cornejo Luque

El caso sobornos determinó la existencia de “una estructura criminal corporativa”, encabezada por Correa y Glas, quienes recibían aportes ilegales de las empresas que buscaban un contrato con el Estado. La sentencia es de 8 años de cárcel.

Un año después, como de Ripley, el 32.71% de electores pone en segunda vuelta a los artífices de la década robada, ya sea por ignorancia o clientelismo político, o, por alguna mano traviesa. Lo cierto es que el populismo aberrante mantiene una base social amorfa y despolitizada, que favorece a la corrupción y a la delincuencia organizada.

El CNE, con poca credibilidad por lo ocurrido en el 2017 donde en forma fraudulenta lo favorecieron a Moreno, buscó curarse en sano y resarcir su imagen. El 7 de febrero en la noche informó los resultados de un conteo rápido, desbaratando los “Exit Poll” presentados por encuestadoras pagadas, y ponía a Yaku en segunda vuelta con el 20.04%, desplazando al tercer lugar a Lasso.

Las reacciones no se hicieron esperar, pues enfrentar a Yaku en segunda vuelta era derrota segura. Empezaron los cabildeos y muñequeos, la confrontación transparencia vs manos traviesas, cobró prioridad.

Con el 97% de actas procesadas se mantenía la proyección del conteo rápido del CNE. No obstante, seguían apareciendo diversas denuncias de irregularidades, pronunciamientos de las CNA de Guayas y Los Ríos exigiendo transparencia. El nudo crítico, fue ese 3% de actas que estuvieron estancadas varios días y que al final, mantuvieron a Arauz, bajaron a Yaku y subieron a Lasso. El 11 de febrero Yaku denunció que se estaba consumando el fraude, que había 12 mil actas sin cadenas de custodia y de esas el 30% no tienen las actas originales presidenciales. La población absorta gritaba ¡No al fraude!

Antes de que se tuerza la voluntad popular la búsqueda de transparencia era vital. El reconteo acordado en el CNE con la presencia de los candidatos que pujan por entrar al balotaje, recontar el 100% de la votación en Guayas y el 50% en 16 provincias, fue clave para bien de la democracia. Lasso debe mantener su palabra y no recular del reconteo, y no debe defender a Arauz de las acusaciones de la fiscalía colombiana, a no ser que exista algún pacto entre ellos. El CNE y el TCE, al amparo de la Ley electoral, sabrán juzgar esas denuncias, y posteriormente, de ser necesario, lo hará la justicia ordinaria.  

Que se imponga la democracia, la transparencia y la legitimidad electoral. El pueblo y las nacionalidades indígenas optaron por el cambio y no van a permitir ser burlados. Una nueva crisis política podría ser un mal preludio para la gobernanza.