La deuda externa es un eslabón fundamental de la cadena de dominación global. Es una forma de la exportación de capitales que caracteriza a los países imperialistas y convierte en vasallos a los países dependientes, reforzando el sistema de acumulación de la riqueza en pocas manos.

Se destaca además la existencia judicializable de tramos de deuda, es decir de deudas que de acuerdo a legislación internacional y antecedentes históricos pueden llevar a juicios para denunciarlas y no pagarlas. Este tipo de deuda se califica como: deuda odiosa, cuando es obtenida por dictadores y gobernantes corruptos que contrajeron la deuda sin conocimiento de la población y, más de las veces, para subyugar a su mismo pueblo; o como, deuda ilegítima cuando se trata de créditos que se contratan con la condición de cumplir con imposiciones políticas y comerciales que afectan las distintas áreas de vida del país. La deuda ilegítima fue instrumento para imponer el neoliberalismo en todas las áreas de vida económica y social del país, como lo evidenció la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC) en 2008.

A esto se suma la deuda ilegal, es decir aquella contratada de manera irregular, sin cumplir las normas del propio país, con ocultamiento de la información e incluso con coimas y corrupción como parte del proceso para adquirir y pagar la deuda. A este tipo de análisis se refirió, en lo fundamental, el nuevo examen de auditoría realizada por la Contraloría, que fue sintetizado en la presentación del borrador el 14 de marzo de 2018.

El informe trata de la deuda pública, es decir de la deuda interna y externa, contratada por el gobierno de Correa entre el 1 de enero de 2012 y el 24 de mayo de 2017. Antes de esto, el organismo habría emitido 13 informes entre 2002 y 2016 (El Universo, 3 de agosto de 2017). Esto usó el gobierno de Correa para decir que la deuda ya se había auditado y tratar de evitar el nuevo examen, pero callaban que se trataba de estudios puntuales de ciertas deudas, además que buena parte de esos informes los firmó Carlos Polit, el mismo que para Correa era un “lujo” de contralor y que hoy está prófugo de la justicia.

Los graves resultados presentados en el borrador de la auditoría no abarcan la búsqueda de indicadores de deuda odiosa o de deuda ilegítima, ni se observan los impactos sociales, ambientales, económicos, regionales y de género de este proceso de endeudamiento. Al menos hasta que salga el informe definitivo, tampoco impiden que el gobierno de Moreno continúe el endeudamiento agresivo. Por ello hace falta una nueva auditoría integral incluyendo representantes de las organizaciones sociales. Hay que romper esta cadena de dominación y acabar con la demagogia de Correa-Moreno sobre el tema.

Las principales conclusiones del borrador del informe son:

  • La deuda externa realmente asciende a más de 65.700 millones de dólares (hasta mayo de 2017), es decir 52,54% del PIB, superando el límite legal del 40%. En ese monto, sin embargo faltan las cuentas de 170 instituciones públicas como Petroecuador o el Seguro Social.
  • El Decreto Ejecutivo No. 1218 firmado por Correa excluyó la deuda interna de la estadística general del crédito público. De esta manera se redujo el porcentaje del PIB para seguir endeudándose.
  • Tres resoluciones del Ministerio de Finanzas determinaron, contra normas superiores, que los expedientes de los créditos son “reservados y secretos” para que la ciudadanía y organismos de control no posean la información.
  • El gobierno derogó leyes con definiciones claras para permitir subjetividad en señalar, por ejemplo, que se entiende por “infraestructura”.
  • Se excluyeron también las deudas por las preventas de petróleo. No fueron registradas, pero serían unos $ 6.660 millones hasta 2016. El Gobierno ya tuvo que pagar 35 millones de dólares que la petrolera no pudo cubrir con crudo, siendo ese pago una evidencia de que es deuda pública.
  • Por último, el Gobierno no tiene un archivo completo de las operaciones de deuda.

Las responsabilidades principales recaen en el expresidente de la República, autoridades del Ministerio de Finanzas, Banco Central, Senplades y Petroecuador.