Presupuesto municipal: improvisación e irresponsabilidad

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Por: Natasha Rojas

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Como establece  el Art. 245 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, COOTAD y mediante ordenanza 0193 entra en vigencia el Presupuesto General  del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para el ejercicio económico 2018, claro que en esta oportunidad a través del Ministerio de la Ley por  falta de acuerdos al interior del Consejo Metropolitano de Quito.

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En el presupuesto de una institución se expresa la concepción del Modelo de Gestión a implementarse, los objetivos y prioridades económicas, sociales y políticas de quien la dirige, en este caso del Alcalde de Quito, Mauricio Rodas.

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El Presupuesto Municipal para el ejercicio económico del año 2018,   evidencia una grave afectación presupuestaria en los tres ejes prioritarios de desarrollo establecidos en el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial “desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo ambiental”, disminuyendo los recursos económicos en los sectores de ambiente, recolección de la basura, agua potable, hábitat y vivienda, patrimonio, productividad, planificación, cultura, inclusión social, lo que incluso violenta los Artículos 57 y 58 del COOTAD al establecer que el presupuesto “deberá guardar concordancia con el plan cantonal de desarrollo y con el de ordenamiento territorial”.

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El Artículo 171 del COOTAD, clasifica a los ingresos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en corrientes (impuestos, tasas, contribuciones especiales de mejoras generales y/o específicas, entre otros); de capital (transferencias del Presupuesto General del Estado de los ingresos permanentes y no permanentes como lo establece la Constitución); y, de financiamiento (contratación de deuda pública interna y externa).

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En este marco el Presupuesto del Municipio de Quito para el año 2018 asciende a 1.563.539.404,52; mismo que se compone de dos grandes rubros: 699´597,089.63 que será utilizado por el Distrito Metropolitano de Quito, que representa el 45% del presupuesto y que en relación al presupuesto codificado del 2017 sufre una disminución de 48´093.678.24, producto de la disminución de ingresos propias y de las transferencias que realiza el gobierno central; y, 863´942.314,89 que se destina para la  construcción del Metro de Quito mismo que representa el 55% del presupuesto total, lo que sobre endeuda a la ciudad y no resuelve de raíz el problema de la movilidad que vive nuestra ciudad.

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En relación a los ingresos corrientes y/o “ingresos propios”, se evidencia un incremento en la recaudación del impuesto predial urbano que pasa de 63.4500.000 en 2017 a 82.782.000 en el 2018 y, el impuesto predial rústico pasó de 2.465.000 en el 2017 a 3.000.000 en el 2018, a través de la Ordenanza de Revalorización de Catastros, misma que provocó el incremento irracional de los predios, afectando fundamentalmente a los sectores populares y que hasta el momento no se ha resuelto la revalorización de los predios.

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En esa misma línea llama la atención el incremento en la contratación de deuda pública interna y externa, misma que asciende aproximadamente a 754 millones de dólares, que representa el 48% del presupuesto consolidado municipal.  Sin tomar en cuenta el último endeudamiento de 134 millones de dólares  adicionales.

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Otro aspecto que genera inquietudes es la disminución presupuestaria en relación al 2017, en la atención de áreas fundamentales para el desarrollo de la ciudad (ambiente, productividad, turismo, obra pública, agua potable, hábitat y vivienda, planificación cultura).

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Es inexplicable cómo en una situación de crisis sanitaria que vive la ciudad se disminuya para esta área 4.983.422.06, a pesar de que en meses anteriores se incrementó el costo de la “Tasa Para la Gestión Integral de Residuos Sólidos” en otras palabras la “tasa por   recolección de la basura”, misma que pagamos a través de las planillas de energía eléctrica.

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Es inentendible mirar cómo se encuentran deterioradas las calles principales y secundarias, los barrios sin atención en obras de adoquinado, maquinarias y vehículos de la EMP de Movilidad y Obras Públicas paralizados varios meses por falta de recursos para repuestos que tendrían costos de 20 o 30 dólares, sin embargo se disminuye 71 millones de dólares a la Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, dejando intocados los problemas de movilidad cotidianos que sufre la ciudadanía.

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Resulta incomprensible, así mismo, la disminución de 1.315.518.11 en Desarrollo Productivo y Competitividad; de 1.725.000.00 en Hábitat y Vivienda, cuando estas dos áreas constituyen ejes fundamentales para el desarrollo, la competitividad, la productividad y la generación de empleo.

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Mientras se disminuye el presupuesto en áreas fundamentales para el desarrollo integral de la ciudad y sus ciudadanos, se incrementa de manera desmedida el presupuesto para la Alcaldía Metropolitana pasando de 1.697.021.17 en el 2017, a 4.633.368.65 en el 2018, es decir un incremento innecesario de 2.936.347.48 cuando la ciudad tiene otras prioridades. La pregunta que nos hacemos es: ¿En que se invertirá estos recursos y más aún a puertas de un proceso electoral?

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Estos rubros expresan la equivocada política económica local implementada por la actual Administración Municipal que afecta la inversión social y deteriora la calidad de vida de los ciudadanos.

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En relación al presupuesto de las Administraciones Zonales, éste asciende a 65.713.570,4, que representa el 4.20% del presupuesto consolidado. De este rubro se destina 21.346.347,5 a los denominados “presupuestos participativos”, que representa el 1.36% del presupuesto total; y, 13.690.219,2 para obras de infraestructura en los barrios que representa el 0,88% del presupuesto total. Rubros irrisorios para atender las necesidades de la comunidad. En lo que corresponde a los recursos para las Administraciones Zonales, el Alcalde Rodas debería explicar los parámetros que se utiliza para la transferencia de los mismos, así como también, los parámetros que utilizan los Administradores Zonales para definir los rubros tanto de presupuestos participativos como de infraestructura comunitaria.

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Finalmente se puede afirmar que el Presupuesto General del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para el ejercicio económico 2018, disminuye los recursos áreas fundamentales en el desarrollo integral (ambiente, obras pública, agua potable, hábitat y vivienda, patrimonio, desarrollo productivo y competitividad, planificación, cultura, inclusión social) y crece el endeudamiento interno y externo mismo que será pagado por los quiteños los próximos años.

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Nuestra ciudad requiere de un “Gran Acuerdo por Quito”, a fin de construir una propuesta con la participación de todos y todas, que dé respuesta a los problemas de los ciudadanos, que resuelva los problemas estructurales en el ámbito territorial, político, económico, social, cultural y los problemas cotidianos de seguridad, movilidad, medio ambiente, drogadicción, obras básicas de infraestructura, entre otros.

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