Por Redacción Opción

Giovanni Atarihuana, director de Unidad Popular, el pasado 11 de julio ante la Fiscalía General del Estado, la denuncia contra los vocales  del Consejo de Participación Ciudadana, José Tuárez, Victoria Desintonio y Walter Gómez, María Rosa Chalá, quienes han pretendido revisar lo actuado por el Consejo Transitorio, empezando por la selección de los jueces de la Corte Constitucional, que emitieron un fallo blindando lo actuado por el Transitorio, que impide vigilar o fiscalizar lo actuado. Los mencionados  vocales tomaron la decisión de nombrar una comisión de abogados  para revisar el proceso de designación de los jueces de la Corte Constitucional.

Esto viola el art. 282 del Código Orgánico Integral Penal, que  dice: “Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. – La persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas, dirigidas a ella por autoridad competente en el marco de sus facultades legales, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años” señaló Atarihuana.

Ante estas denuncias, la Fiscalía General ha decidido iniciar una investigación  previa en contra de los consejeros José Tuárez, Verónica Desintonio, Walter Gómez y Rosa Chalá. Esta etapa de indagación se sustenta en las denuncias presentadas contra estos consejeros, por parte de los asambleístas Jeannine Cruz y Raúl Tello, y Geovanny Atarihuana, dirigente de Unidad Popular. La Fiscalía convocó a los denunciantes, el martes 16 de julio, para que reconozcan firmas. Y se les recibirá sus versiones sobre los hechos denunciados.

En la Asamblea Nacional, se procesa un juicio político, el asambleísta Fabricio Villamar reunió 56 firmas, la Comisión Legislativa de Participación Ciudadana autorizó para que su presidente el asambleísta Raúl Tello enjuicie a Tuárez y a Gómez por realizar proselitismo político, lo cual no les está permitido a los consejeros, recogió 70 firmas.

José Tuárez y los otros tres vocales suman nueva procesos: dos pedidos de juicio en la Asamblea Nacional, un examen especial en la Contraloría y seis solicitudes de investigación judicial, hay varias consecuencias, la censura cuando se trata de juicios políticos; la penal cuando se trata de un delito y la destitución cuando se trata del incumplimiento de una sentencia constitucional.

En un mes el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con el cura Tuárez a la cabeza han desafiado al pueblo ecuatoriano, pretendiendo revisar lo actuado por el Transitorio, desafiaron a la Asamblea  la Asamblea Nacional cuando en la Comisión Legislativa, de Participación Ciudadana señalaron que no son sujetos de control político.