El día 15 de octubre una delegación de dirigentes y militantes del movimiento de izquierda Unidad Popular acudió ante el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio para dar a conocer su posición frente a la propuesta de una nueva Consulta Popular.

 

“En los últimos días usted ha planteado la conveniencia de convocar una Consulta Popular, entre otros temas sobre la permanencia o no del CPCCS. En tal virtud nuestra organización política quiere aportar al debate nacional con algunas reflexiones y propuestas”, señaló Geovanni Atarihuana, director nacional de Unidad Popular, quien a continuación expuso los aspectos más relevantes:

  1. El pueblo debe tomar las más importantes decisiones sobre el destino del Ecuador. Nuestra constitución establece con claridad en su artículo 1 que la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad. La Consulta Popular es un mecanismo de democracia directa, que permite que la población asuma decisiones transcendentales.  Más aún si se trata de cambios constitucionales y reformas institucionales. En democracia la voluntad popular debe tener la última palabra.
  2. Es necesario refrendar el mandato popular del 4 de febrero. Una abrumadora mayoría se pronunció por el SI en las siete preguntas de la Consulta del 4 de febrero de 2018. Se estableció un claroMandatoPopular de combate a la corrupción. Constituyéndose así el CPCSS-T, cuya labor en la evaluación de los organismos de control determinó la necesidad de dar por terminados los periodos de los funcionarios que habían incumplido sus funciones y eran parte de la maquinaria de impunidad implementada por el anterior gobierno. Ahora mismo está en marcha los procesos de designación de las autoridades definitivas. Este proceso de reinstitucionalización debe contar con el aval popular. Es el pueblo en las urnas quien debe aprobar o no los cambios realizados. La voluntad del pueblo debe, una vez más, legitimar y brindar seguridad jurídica evitando así que los corruptos puedan cuestionar los cambios.
  3. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debe desaparecer. Luego de una década de funcionamiento es evidente que el CPCCS es un organismo que permitió el control absoluto del Estado por una sola fuerza política, permitiendo así un sistema de corrupción e impunidad a niveles nunca antes visto en el país. No investigó ningún caso de corrupción. Pretendió corporativizar la participación ciudadana, avalando de hecho la política de criminalización de organizaciones sociales y líderes populares. La eliminación de este organismo no afecta en absoluto la vigencia de derechos, ni modifica los elementos constitutivos del Estado. Por tanto, el pueblo ecuatoriano puede ser consultado sobre la conveniencia o no de su eliminación.
  1. La sociedad organizada tiene el derecho de postular candidaturas para los organismos de control. Al eliminar el CPCCS, sus funciones de designar los diferentes organismos de control deberían ser asumidos en el futuro por la Asamblea Nacional.  Debe sin embargo garantizarse la participación en el proceso de la sociedad organizada.  El derecho de veeduría e impugnación ciudadana debe ser respetado.  La postulación de hombres y mujeres para ocupar los organismos de control no puede restringirse a las funciones del Estado. La ciudadanía a través de sus organizaciones sociales, gremiales, de la academia tiene el derecho de postulación.
  1. Si no cambia la justicia, nada habrá cambiado El control de la Justicia, implementado por el anterior gobierno, ha sido un instrumento determinante en el sistema de corrupción. Por un lado, se perseguía a la gente honesta que se atrevía a denunciar y por otra parte se protegía a los corruptos.  La actual Corte Nacional Justicia y sus integrantes han sido cuestionados, en primer lugar, por su origen, nominados en un concurso realizado por el Consejo de la Judicatura cesado, así como por sus actuaciones funcionales a los intereses del anterior gobierno. El pueblo en la consulta popular debe decidir sobre cesación de esa Corte. Proponemos el siguiente texto:

¿Está usted de acuerdo en dar por terminado el periodo de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia?

  1. El pueblo debe ser consultado.

La actual crisis institucional, la necesidad de combatir la corrupción y desmontar el correismo de los organismos de control, requiere la participación de la población. Esa es la única garantía para que los cambios sean profundos e irreversibles.

El debate nacional sobre la necesidad de una Consulta Popular debe ampliarse e involucrar al conjunto de la sociedad. Varios temas pueden y deben consultarse: sobre la defensa del Yasuní, la integración de la Judicatura y la Corte Constitucional.

Desde Unidad Popular reiteramos nuestra decisión de seguir contribuyendo en esta deliberación, así como continuar nuestra acción en defensa de la democracia y la lucha contra la corrupción, finalizó el dirigente político de izquierda.