Por Ramiro Vinueza
Cinco años después de haber presentado su demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, los miembros del caso 10 de Luluncoto recibieron un comunicado en el que se informa de la notificación al Estado ecuatoriano para que en el plazo de tres meses, haga sus observaciones y responda a la demanda de violación de derechos humanos, que fue presentada el 14 de junio de 2014 ante este organismo.
¿Qué significado tiene la comunicación de la CIDH?
Según explica el doctor Juan Pablo Albán, abogado de los 10 de Luluncoto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, consideró que la denuncia podía ser admitida a trámite, en consecuencia le dio curso al Estado, que reglamentariamente cuenta con 90 días desde la notificación (17 de mayo 2019) para presentar su contestación. Bajo el manejo procesal actual de la CIDH, hay un solo intercambio. Esto significa que el Estado Ecutaoriano contesta, esa contestación la trasladan a los 10 de Luluncoto para que formulemos observaciones y con ello el trámite de esta fase está agotado. Entonces la Comisión adopta su primer informe en el que determina si los hechos caracterizan violación a los derechos humanos y en el que decide avanzar a la fase de mérito que es donde ya declara la responsabilidad internacional del estado.
El comunicado de la CIDH, señala también que en cualquier etapa de una petición o caso estará a disposición de las partes para un acuerdo amistoso.
¿Qué dicen las víctimas?
Abigail Heras, quien estuvo privada de su libertad por más de un año junto a Cristina Campaña, señaló que ha recibido con alegría la comunicación de la CIDH, en la que se pone en conocimiento del Estado ecuatoriano la denuncia que planteamos hace 5 años. Es importante esta noticia porque siempre sostuvimos que el proceso judicial emprendido por el régimen de Rafael Correa contra nosotros constituía una persecución; denunciamos que se trataba de un proceso irregular, donde se violentó el debido proceso para finalmente condenarnos. Por ello también manifestamos que iríamos hasta las instancias internacionales porque en el país no encontramos justicia, con jueces y fiscales sometidos a poder de turno y cuyas decisiones judiciales reflejaban las órdenes de quienes gobernaban.
Recordemos, que no hemos sido los únicos judicializados, existe un Informe de la Mesa Verdad y Justicia Perseguidos Nunca Más, instalado por el Consejo de la Judicatura Transitorio en el que se determina que existió irregularidades en nuestro y otros procesos, existe además varios informes sobre nuestro caso entre los cuales está el de Luis Pásara y que anota sobre la falta de independencia judicial del Ecuador abordando específicamente el caso de los 10 de Luluncoto. Estaremos atentos de la respuesta del Estado, a fin de establecer los mejores mecanismos de reparación integral, finalizó
Por su parte, Fadua Tapia, señaló que es importante que la CIDH haya iniciado la fase de admisibilidad de nuestro caso. Estaremos a la expectativa de la respuesta del gobierno que tiene tres meses para responder respecto de las demanda de la serie de violaciones de nuestros derechos. Aspiramos a que entre las respuestas del Estado sea frenar la persecución pues no peleamos únicamente por el caso de los 10 de Luluncoto, lo hacemos también por los cientos de casos de perseguidos, de criminalizados que existen en el país, lo que buscamos también es que se siente un precedente con el fin de evitar que se criminalice a quienes defienden los derechos de la naturaleza, a quienes luchan contra la minería y defienden los derechos humanos, porque sabemos que en el COIP aún existen tipos penales que son utilizados para perseguir y castigar y no precisamente para perseguir delitos. Fadua estableció que esto va más allá del derecho legítimo que las víctimas tienen a percibir una compensación económica por las violaciones de las que fueron objeto.
Cristina Campaña, señaló que la principal respuesta que esperarían por parte del Estado, es que se reivindique su buen nombre, que se haga un desagravio, un pedido público de disculpas, porque sus nombres fueron mancillados al señalarles públicamente y acusarles de que son terroristas. Nosotros no fuimos terroristas, no somos terroristas y eso fue demostrado en el juicio; nosotros somos actores sociales que reivindicamos haber luchado por los derechos de los estudiantes, de las amas de casa, de las personas que han sido vulneradas sus derechos por la políticas gubernamentales. La Defensoría del Pueblo Transitorio, ya dio un paso importante al reconocer que no se hizo el seguimiento debido a este caso, que se violaron nuestros derechos por lo que pidió disculpas públicas a los integrantes de los 10 de Luluncoto.
El segundo aspecto que planteamos es que no vuelva a suceder estas violaciones en contra de los que luchan por la libertad de los pueblos; que la protesta no se criminalice. Saludamos que la Comisión haya llegado a esta fase y esperamos que se den las condiciones para esa reparación integral a la que aspiramos y tenemos derecho finalizó Cristina.
Aparte de todo esto, señala el abogado Juan Pablo Albán, el Estado ecuatoriano como mecanismo de reparación, debería emprender acciones de investigación y sanción. Si ya, la sanción penal no es posible por el tiempo transcurrido, al menos un mecanismo de separación administrativa, en un proceso de ilustración de aquellos funcionarios que conscientemente a sabiendas que se prestaron para perseguir personas y específicamente a las víctimas de los 10 de Luluncoto.
¿Cuáles las principales violaciones?
En la denuncia presentada a la CIDH, el 24 de junio del 2014, luego de describir los hechos, se establece que los derechos vulnerados son protección de la honra y dignidad, vida privada, libertad de expresión, igualdad ante la ley, libertad de reunión, libertad de asociación, integridad personal, libertad personal, principio de legalidad, garantías de debido proceso, tutela judicial.