Por Remo Cornejo Luque
Es evidente que Daniel Noboa Azin (DNA) no gobierna para los trabajadores y pueblos, así lo demostró en sus primeros 18 meses de gestión y así lo testimonian los primeros 100 días de su segundo mandato.
Noboa pertenece a la clase burguesa pro imperialista, es socio del gran capital y está comprometido con las órdenes del FMI; representa a la clase explotadora que saquea los recursos naturales y conculca derechos laborales.
En la Asamblea Nacional (AN) la actuación de la maloliente mayoría oficialista, anti derechos laborales y populares, y la ofensiva gubernamental contra la Corte Constitucional marcan los escenarios en este segundo período. No olvidar que el partido ADN tiene el control del Consejo de Administración Legislativa y de las comisiones más importantes, lo cual le permite impulsar la agenda política neoliberal diseñada desde Carondelet.
Hasta el momento han pasado cuatro propuestas de leyes urgentes en materia económica: Solidaridad Nacional, Integridad Pública, Áreas Protegidas y de Transparencia Social, (ya viene la quinta que complementa el asalto al IESS), pese a las demandas de inconstitucionalidad presentadas por organizaciones sindicales y por la Unidad Popular, cuestión que está tramitando la Corte Constitucional. A esas leyes se suman dos proyectos existentes que ADN aprovechó para acomodar a su gusto y conveniencia: Inteligencia y las últimas reformas electorales. Todo este entramado jurídico – político sienta las bases para afirmar el carácter autoritario del gobierno, más, cuando todo lo aprobado por la AN trae consigo el atropellamiento a la Constitución so pretexto de combatir al crimen organizado.
La hoja de ruta de DNA es controlar todos los poderes del Estado, igual que sucedió en la «década robada», y lo está logrando. Así entonces, entretenido en sus protervos afanes, desatiende los problemas prioritarios de la población como son: inseguridad, desempleo, alto costo de la vida y el combate a la corrupción, lo único que han hecho las políticas gubernamentales es agravar el nivel de vida de las familias ecuatorianas. Veamos unos datos que demuestran la incapacidad y las mentiras del gobierno: En el primer semestre de este año se han registrado 4 619 homicidios (47% de incremento, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado); 5 mil empleados públicos echados a la calle (esto es el inicio, en total serán 75 mil), incrementando la tasa de desempleo; una proforma presupuestaria con déficit de USD 5 mil millones y que prioriza el pago de la Deuda Externa en USD 10 mil millones, aproximadamente; la educación y salud no son declaradas en emergencia, siguen con presupuestos bajos y se prefiere gastar USD 80 millones en una Consulta Popular inútil, mientras mueren 12 neonatos en el hospital por falta de insumos médicos; persecución a dirigentes sociales y se busca judicializar y eliminar a las organizaciones sociales que protesten contra el gobierno; elevación mensual del precio de la gasolina; se quiere privatizar, vía concesiones, el IESS, las hidroeléctricas, el petróleo, etc.
Las calles seguirán siendo el escenario de la protesta popular en contra de las políticas neoliberales de Noboa y el 11 de septiembre el FUT y Frente Popular así lo demostrarán en una nueva jornada nacional que crece en cada acción, aunque en contraposición el gobierno declare contramarchas, igualito a lo que hacía Correa.