Por: Mateo Rodríguez

Entre mayo y junio de 1990, los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, sobre todo de la Sierra y Oriente ecuatoriano, liderados por la Conaie, protagonizaron el primer levantamiento que  significó una afirmación cultural colectiva.

La acción de protesta tuvo un preludio el 28 de mayo con la toma de la Iglesia de Santo Domingo. La madrugada del 4 de junio, en siete provincias del Ecuador, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo y Cañar, los indígenas cortaron, en numerosos puntos, la carretera Panamericana y otras arterias  importantes de la zona. En días posteriores se dieron cortes de carreteras en Cañar, Azuay, Loja y la región Amazónica, a cuyas acciones se sumaron la toma de una docena de haciendas y algunos edificios públicos en las capitales provinciales.

Las demandas fundamentales de este levantamiento giraban alrededor de: solución y legalización en forma gratuita de la tierra y territorios para las nacionalidades indígenas; agua para regadío, consumo y políticas de no contaminación; declaratoria del Estado Plurinacional; la entrega inmediata de los fondos presupuestarios para las nacionalidades indígenas; obras prioritarias de infraestructura para las comunidades, protección y desarrollo de los sitios arqueológicos, expulsión del Instituto Lingüístico de Verano, legalización y financiamiento de  la medicina indígena por parte del Estado.

El gobierno socialdemócrata de Rodrigo Borja tuvo que enfrentar esta acción histórica en medio de la sorpresa que causó el carácter masivo de la protesta que, entre otras actividades se destaca la convocatoria que se hizo al arzobispo de Quito, Antonio González, y al obispo de Latacunga, José Mario Ruiz, para que mediaran con las organizaciones. El movimiento indígena aceptó el diálogo, pero previamente exigió que el mismo sea en igualdad de condiciones y con respeto mutuo, así como exigieron se retire el cerco policial que rodeaba a la Iglesia de Santo Domingo, la desmilitarización de las comunidades indígena y la libertad de los detenidos. Como lo recuerda Luis Macas, presidente en ese entonces de la Conaie, “de esta forma se Inició una serte de reuniones de diálogo, de aproximadamente cinco meses, donde se dilató el tratamiento de los problemas básicos de nuestra demanda; no existió concreción ni respuestas positivas a nuestros pedidos. Hábilmente el gobierno armó cadenas de televisión y una campaña de difusión donde aparecía como que él estaba atendiéndonos, distorsionando de esta manera la realidad.  Mientras dialogábamos el propio presidente de la Republica, en forma por demás imprudente, hacia declaraciones como aquella efectuada en Santo Domingo de los Colorados, donde señaló que ningún gobierno ha hecho tanto por los aborígenes, como el suyo, y que los Indígenas éramos unos «mal agradecidos», que nos dejábamos manipular por agitadores profesionales, provocando movimientos violentos que perturban la paz del país.” Una vez más, el movimiento indígena debió movilizarse para exigir se cumpla lo acordado, en 1992 se realizó la Marcha de los Pueblos Amazónicos.

Como lo señalara el comunicado de la organización indígena, el Levantamiento del Inti Raymi de 1990, se constituyó en un hecho político y social de importantes connotaciones, fue la irrupción del movimiento indígena como un actor en el acontecer nacional, “con plena conciencia de su identidad cultural, política e histórica y consecuente con un proyecto político nacional que busca cambiar las estructuras del poder”.

Este primer levantamiento abrió un debate en el país, en las organizaciones populares, universidades, etc. Demostró el carácter plurinacional, multicultural y multiétnico del Ecuador, los comunistas marxistas leninistas constatamos esta realidad y en el IV Congreso asumimos una resolución al respecto. En definitiva, se sacudió la conciencia en todo el país. Los pueblos originarios estremecieron a la sociedad, al punto que incluso la Constitución actualmente se reconozca la plurinacionalidad, aunque en los hechos las clases dominantes han hecho todo para impedir su concreción.

Desde hace 30 años la política ecuatoriana no puede ser analizada sin tomar en cuenta al movimiento indígena, mismo que se convirtió en un actor de primera línea. Incluso las organizaciones electorales de derecha ha trabajado por cooptar y dividir el movimiento. Muchos han sido los casos en que el PSC, Creo y otras agrupaciones han tratado de incorporar candidatos indígenas. Por su parte, este movimiento social y nacional, representado principalmente por la Conaie, ha tenido el acierto de constituir su organización política, la que se reivindica como fuerza progresista, democrática y antineoliberal. Su accionar ha permitido generar instancias unitarias importantes entre las organizaciones y los pueblos que conforman el Ecuador.

A partir de este levantamiento, en palabras de Pablo Miranda, “hay que contar obligatoriamente con los pueblos indígenas” como una de las fuerzas importantes para la revolución; ellos han adquirido una mayor conciencia de su rol histórico y ello ha llevado a que sean sujetos importantes en el derrocamiento de Bucaram, Mahuad, Gutiérrez; así como en la lucha contra el gobierno de Correa y Moreno. Su accionar, sumado a la movilización de los trabajadores, mujeres y jóvenes de muchas ciudades del país, hizo que en octubre de 2019, se detenga la aplicación del decreto 883.

El movimiento indígena es una realidad, que debe ser tomada en cuenta para el desarrollo de las fuerzas revolucionarias en la lucha por liberación  social y nacional.