Por: David Rosero
De acuerdo a la Comisión de la Verdad y la Justicia, durante el correato existieron 245 casos de persecución política en contra de dirigentes sociales, defensores de derechos humanos, líderes indígenas, periodistas y ciudadanos; por protestar, denunciar la corrupción o pensar distinto al gobierno anterior. Cada uno de estos casos consta de varios criminalizados, ejemplo: los 10 de Luluncoto, los 21 del Arbolito, los 7 de Cotopaxi, 30S, maestros de la UNE, Saraguros, estudiantes brutalmente reprimidos y encarcelados del Central Técnico, Mejía, entre otros. Así, la cifra llega a varios cientos de ecuatorianos que fueron violentados en sus derechos humanos por parte del régimen anterior (aquí no constan los derechos vulnerados a más de 800 mil jóvenes que no pudieron ingresar a la universidad, miles más a los que se les negó el derecho a la educación cuando el desgobierno anterior cerró 8 mil escuelas comunitarias o los niños abusados en unidades educativas por pseudo ¨maestros¨ de la RED, etc.)
Varios organismos nacionales e internacionales de derechos humanos durante la década pasada señalaron el sistemático atropello de derechos en el Ecuador por parte del correísmo. La CIDH, Amnistía Internacional, Inredh, Universidad Andina, Fundamedios, Fundación Dayuma, los medios de comunicación, etc., investigaron, documentaron y denunciaron estos atropellos constantes. Mediante el tristemente célebre Decreto Ejecutivo 16, más de 600 organizaciones fueron ilegalizadas (Pachamama, UNE, etc.). Se impusieron organizaciones paralelas desde el Estado (RED de ¨maestros¨, CUT, FEUE correísta, etc.) para combatir a la sociedad civil. Las insultaderas de los sábados servían para denigrar y juzgar a quienes disentían con el autoritarismo y la mega corrupción imperantes. Se establecieron normativas como el COIP y la Ley Mordaza como instrumentos para criminalizar el derecho a la protesta y silenciar a los medios de comunicación respectivamente. El correato secuestró las distintas funciones del Estado mediante una mayoría sumisa en el primer Consejo de Participación Ciudadana que impuso por palancocracia a siniestros personajes en altas esferas del Estado. Se adiestro a policías, militares e inteligencia SENAIN en tareas de represión y espionaje. En definitiva se impuso un estado de propaganda y miedo, mientras atracaban los recursos económicos de todos los ecuatorianos de acuerdo a denuncias documentadas de la Comisión Nacional Anticorrupción, Fernando Villavicencio, medios de comunicación, informes de Contraloría, etc.
Hoy, quienes engendraron este Estado autoritario de tintes fascistoides dicen ser ¨perseguidos políticos¨, estos cínicos y prófugos de la justicia en su gran mayoría son investigados por la enorme corrupción, que de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo ascendería a cerca de 70 mil millones de dólares. La crisis económica deben pagarla los nuevos ricos del correato y sus grupos económicos beneficiarios de la década del lleve. NO el pueblo!