Redacción Opción
Los maestros organizados en la UNE, emitieron un comunicado en el que denuncian las desastrosas condiciones en las que han iniciado sus actividades en la región Costa y en las Islas Galápagos. Los maestros ingresaron a laborar el día 14 de abril, mientras la llegada de los estudiantes se prevé a partir del día 24 de manera escalonada.
La UNE señala que: “Según el último informe de Mineduc, son aproximadamente 451 planteles a escala nacional que presentan daños causados por el invierno, concentrándose la mayoría en las provincias del Guayas, con 183, en Manabí con 74 y en la provincia de El Oro con 49. Sin embargo, denunciamos que estas cifras son sesgadas y no responden a todo el contexto sobre infraestructura escolar”
Añaden que días atrás el mismo Ministerio de Educación, dio cuenta de que la época invernal y el sismo ocurrido el 18 de marzo de 2023, afectaron a más de 112 instituciones educativas en los cantones de Durán, Guayaquil, y Samborondón. Guayas tiene 25 cantones y es fácil colegir que esa diferencia de 71 planteles en mal estado no corresponde a toda la realidad.
Pero además denuncian que el Gobierno no dice nada sobre los planteles desmantelados por la delincuencia en los días de vacaciones, tampoco se incluye en la lista a los establecimientos que no han recibido mantenimiento en su infraestructura por años. Enumerar solo a los planteles que fueron afectados por el invierno o terremoto, es desconocer a los centros educativos con bancas destrozadas, baños fuera de funcionamiento por falta de mantenimiento; pozos sépticos desbordados (en escuelas rurales), maleza crecida, infraestructura energética colapsada, realidades que no están en las cifras del régimen para no invertir en educación.
Por ello los maestros y maestras de la UNE demandan que haya un proceso de supervisión y mantenimiento según los niveles de riesgo, establecer problemáticas y prioridades a la infraestructura educativa antes del retorno, no hacerlo sería poner en riesgo la vida de todos los actores educativos. Esta demanda será posible ejecutarla si el Gobierno cumple con la entrega de los 98 millones de dólares que están presupuestados en la PGE del 2023 para inversión e infraestructura escolar y no solo 45 millones como señala la ministra Brown. “Proponemos que los recursos se los canalice por medio de las autoridades educativas, para que, en coordinación con los responsables de los establecimientos, prioricen las obras a ejecutarse” señalan.
Ese necesario estas acciones insiste la UNE, pues la situación económica de los padres de familia y en general de las familias ecuatorianas tienen afectadas su economía por el alto costo de la vida. Según el INEC, la inflación en marzo del 2023 ascendió, con relación a febrero, de 0,02% a 0,06%. La pobreza de los padres y la despreocupación gubernamental frente a la educación ocasiona que niños/as, sobre todo en las zonas rurales y urbano marginales, no puedan asistir a la escuela. Aún está pendiente el reintegro de más de 195 mil niños, niñas y jóvenes que no han retornado a las aulas, desde la pandemia de la COVID-19, como lo sustenta el INEC en un informe del 2022, y donde la principal causa es la falta de recursos económicos.
“Es por eso que no compartimos aquella decisión de Mineduc que señala que los planteles afectados en su infraestructura puedan avanzar sus actividades de manera telemática. ¿Quién dotará de internet a estudiantes y docentes?, ¿Dónde queda el derecho a una educación de calidad?” Señala la UNE
Y añaden que otra amenaza, en la mayoría de los planteles educativos del Ecuador, para este nuevo año lectivo, sigue siendo el microtráfico y la delincuencia. Y pese a la vigencia del Plan Nacional de Escuelas Seguras, la presencia de uniformados en los entornos escolares es escasa. Aún no está claro cómo deben actuar estudiantes, docentes, personal de apoyo y administrativo frente a los nuevos tipos de violencia e intimidaciones, entre las que destacan las amenazas de bombas a las gasolineras del país, varias de ellas ubicadas alrededor de establecimientos educativos, así como el secuestro y reclutamiento a menores de edad.
“Donde existe violencia, infraestructura de mala calidad y pobreza, no existe educación de calidad y es por eso por lo que demandamos al Gobierno, enfrentar estas y otras realidades en los hechos, mediante políticas públicas e inversión en salud, trabajo y educación, no con demagogia o manipulación de datos” finaliza el comunicado.