Redacción Opción
Esta mañana, desde las 4am. se iniciaron las acciones acordadas por las diversas fuerzas sociales, instituciones locales, gremios de transportistas, organizaciones y comunidades indígenas. esta decisión esta orientada a detener la construcción de una mega cárcel anunciada por el gobierno y qu estaría instalada cerca del centro de la ciudad de Archidona, poniendo en riesgo la seguridad y la paz de esa zona amazónica. A continuación reproducimos el manifiesto de los organizadores del paro.
¿Por qué Archidona le dice no a la construcción de la cárcel?
1.- VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE NUESTRA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PERSONAS DEL SECTOR VULNERABLE Y CIUDADANÍA EN GENERAL.
Hoy nos enfrentamos a una decisión trascendental que afecta no solo el futuro de nuestra ciudad, sino también el bienestar de miles de personas que a diario conviven en esta zona. Se propone la construcción de una cárcel de máxima seguridad en el centro de Archidona, a escasos metros de nuestras principales instituciones educativas y centros de desarrollo social. Esta propuesta no solo pone en riesgo la seguridad de nuestra comunidad, sino también la calidad de vida de miles de familias que dependen de este entorno para su desarrollo y bienestar.
Junto a la cárcel que actualmente existe, se encuentran asentadas cuatro Unidades Educativas: María Inmaculada, UE. Archidona, Leonardo Murialdo y Mercedes Tunay, que albergan a cerca de 5.000 estudiantes. Además, tenemos Centros de Desarrollo Infantil donde se cuida a niños menores de dos años, una escuela para niños y jóvenes con discapacidad, y el único centro gerontológico donde residen nuestros abuelitos.
Cada día, estas instituciones acogen a más de 7.000 personas: estudiantes, padres de familia, maestros, personal de transporte, comerciantes y funcionarios públicos, quienes transitan por esta zona en busca de educación, salud y trabajo. Una construcción de este tipo en el centro de nuestra ciudad podría poner en peligro la seguridad de todas estas personas, especialmente la de nuestros niños y abuelitos, quienes más vulnerables se encuentran.
Este es un tema que va más allá de la seguridad penitenciaria, es una cuestión de salud, de educación y de convivencia pacífica. Necesitamos proyectos que fortalezcan nuestro desarrollo y no que lo pongan en riesgo. Las autoridades competentes deben considerar el impacto social y humano que tendría esta obra, y debemos buscar alternativas que garanticen la seguridad sin comprometer el bienestar de nuestra comunidad.
Invitamos a las autoridades y a la sociedad a reflexionar sobre esta situación y a buscar soluciones más adecuadas para Archidona, que prioricen la seguridad, el desarrollo y el bienestar de nuestros ciudadanos, especialmente de los más vulnerables.
El cantón Archidona cuenta con más de 37.000 habitantes, de los cuales el 83% pertenecen a pueblos y nacionalidades que históricamente han vivido en armonía y respeto mutuo. La llegada de una cárcel de alta peligrosidad a nuestro territorio no solo incrementaría los riesgos de inseguridad, sino que también traería consigo la llegada de personas involucradas en actividades criminales de alto nivel, y con ellas, sus familiares y aliados del crimen organizado.
La presencia de estos individuos en nuestra comunidad no solo pondría en peligro nuestra seguridad, sino que también generaría un entorno propenso a actividades delictivas como robos, secuestros, extorsiones e incluso asesinatos. Todos sabemos cómo funcionan los centros penitenciarios de máxima seguridad: desde su interior se coordinan múltiples actos criminales, que afectan no solo a quienes están privados de libertad, sino a las comunidades que rodean estos lugares.
Como ciudadanos de Archidona, Tena y de la provincia de Napo, merecemos vivir en un entorno seguro, en el que nuestros niños puedan ir a la escuela sin temor, en el que nuestras familias puedan caminar por las calles sin poner en riesgo su integridad. No podemos permitir que una decisión que pone en peligro nuestra seguridad y bienestar se lleve a cabo sin tomar en cuenta las consecuencias devastadoras que tendría para cada uno de nosotros.
Afectación económica. Hoy nos enfrentamos a una oportunidad crucial para el futuro de nuestra comunidad. Las autoridades locales y los emprendedores del cantónes Archidona, Tena y de la provincia de Napo han puesto sus esfuerzos en reactivar el turismo, una actividad económica sostenible que no solo contribuirá al bienestar y la riqueza de nuestro país, sino que también pondrá a Archidona en el mapa como un destino turístico de primer orden, en el corazón de la Amazonía. Este es un proyecto que tiene el potencial de transformar nuestra ciudad, generando empleo, fomentando el comercio local y promoviendo el reconocimiento de nuestras tradiciones ancestrales.
Sin embargo, este sueño de crecimiento y prosperidad se vería gravemente amenazado si se lleva a cabo la construcción de una cárcel de máxima seguridad en el centro de Archidona. ¿Cómo podemos esperar que los turistas nacionales e internacionales elijan nuestro cantón, nuestros territorios ancestrales, si en su corazón se pretende construir un centro de reclusión que, lejos de ofrecer seguridad, solo traerá consigo más riesgos y problemas de inseguridad?
Es evidente que la construcción de una cárcel de alta peligrosidad desmotivaría no solo la llegada de turistas, sino también las inversiones de todo tipo. Los negocios, los emprendedores y las comunidades locales quedarían desprotegidos frente a una ola de criminalidad que afectaría el desarrollo de Archidona y retrasaría el progreso que tanto hemos trabajado para alcanzar. La inseguridad que generaría una cárcel de máxima seguridad no solo afectaría a los residentes, sino que podría poner en peligro el futuro económico de toda la región.
Problemas de servicios básicos. Según se ha conocido extraoficialmente, la nueva cárcel de máxima seguridad que se planea construir en el centro de Archidona albergará más de 1.500 privados de la libertad. Esta decisión no solo pone en riesgo la seguridad de nuestra población, sino que también representa un gran desafío para la infraestructura y los servicios básicos de nuestra ciudad.
Archidona, como sabemos, ya enfrenta problemas con el sistema de alcantarillado sanitario y las plantas de tratamiento, que no están en condiciones de soportar la carga adicional que una población carcelaria de esta magnitud implicaría. El servicio de agua, que en la actualidad es deficiente, empeoraría aún más con la llegada de más de 1.500 internos, junto con sus familiares y el personal necesario para operar la cárcel. Los sistemas de servicios básicos simplemente no están preparados para afrontar esta nueva demanda, lo que afectaría gravemente la calidad de vida de nuestros ciudadanos.
Además, debemos considerar la sobrecarga que esto implicaría para los servicios públicos esenciales, como la salud. Archidona no cuenta con un sistema de salud adecuado ni con la infraestructura suficiente para atender a una población carcelaria de esa magnitud, sin contar con las emergencias que se generarían a raíz de los nuevos hechos delictivos asociados a este tipo de instalaciones. Esto pondría una enorme presión sobre nuestros centros de salud, que ya están al límite de su capacidad.
Seguridad ciudadana. Nos encontramos ante una decisión que pone en juego no solo el futuro de nuestra ciudad, sino también la seguridad y el bienestar de toda nuestra provincia. Sabemos que el Gobierno Nacional no ha podido resolver aún los problemas logísticos de la Policía Nacional ni del Ejército Ecuatoriano. Las municipalidades de Archidona, Tena y otros cantones de nuestra provincia han venido apoyando con recursos esenciales como combustible, llantas, mantenimiento de vehículos y apoyo en el mantenimiento del UPC, pero la realidad es clara: nuestros recursos son limitados y nuestra capacidad de respuesta está al borde del colapso.
Hoy nos preguntamos con legítima preocupación: ¿Podrá nuestra fuerza pública contener los hechos delictivos cuando lleguen verdaderos terroristas y criminales de alta peligrosidad a asentarse en nuestro territorio? La construcción de una cárcel de máxima seguridad en el centro de Archidona no solo traerá consigo un aumento significativo en la criminalidad, sino que pondrá una presión insostenible sobre nuestra ya limitada infraestructura de seguridad.
Además, hoy se nos promete que todos los problemas de salud, educación, seguridad y vialidad se resolverán «de la noche a la mañana». Sabemos que esto es irreal. Las soluciones rápidas y superficiales no abordan las verdaderas necesidades de nuestra comunidad, y mucho menos pueden garantizar que los problemas derivados de la construcción de una cárcel de alta seguridad se resuelvan de manera efectiva.
Está en nuestras manos, como pueblo de Archidona y de la provincia de Napo, el decidir si permitimos o no que este atropello contra nuestra seguridad y calidad de vida se lleve a cabo. Debemos ser conscientes de que la construcción de esta cárcel no solo afectará nuestra tranquilidad, sino que también desestabilizará los esfuerzos que hemos hecho para mejorar nuestra infraestructura y nuestra calidad de vida.
Es momento de alzar la voz y exigir soluciones reales y sostenibles para nuestra gente. Archidona merece un futuro en paz, en el que la seguridad, el bienestar y el progreso no estén comprometidos por decisiones que solo traerán más problemas.
PROPUESTA
En el cantón Archidona y la provincia de Napo, la seguridad y el bienestar de nuestros niños son, sin duda, nuestras prioridades más importantes. Es por ello que, en un momento tan crucial, hacemos un llamado a la reflexión y al diálogo constructivo sobre la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad.
Es indiscutible que la seguridad es una necesidad en toda sociedad, y que, al mismo tiempo, debemos velar por preservar el entorno adecuado para el crecimiento, el desarrollo y la protección de nuestras futuras generaciones. Por este motivo, solicitamos que se considere la posibilidad de ubicar la nueva infraestructura penitenciaria fuera del casco urbano de Archidona. Esta decisión garantizaría que la proximidad a nuestras escuelas, parques y zonas residenciales no se vea comprometida, asegurando que nuestros niños crezcan en un ambiente seguro y libre de preocupaciones.
Invitamos a todas las partes involucradas: autoridades locales, expertos en seguridad y urbanismo, GOBIERNO NACIONAL encabezado por el presidente Daniel Noboa, a dialogar de manera abierta y respetuosa. Es necesario encontrar una solución que equilibre las necesidades de seguridad con la protección del bienestar de todos los habitantes de Archidona, en particular de los más vulnerables, como lo son nuestros niños.
Confiamos en que, mediante el entendimiento mutuo y la cooperación, podremos alcanzar una solución que sea en beneficio de la seguridad de nuestra comunidad sin poner en riesgo el entorno familiar y educativo de nuestros menores.
Respaldo Jurídico
Art. 250.- El territorio de las provincias amazónicas forma parte de un ecosistema necesario para el equilibrio ambiental del planeta. Este territorio constituirá una circunscripción territorial especial para la que existirá una planificación integral recogida en una ley que incluirá aspectos sociales, económicos, ambientales y culturales, con un ordenamiento territorial que garantice la conservación y protección de sus ecosistemas y el principio del sumak kawsay.
Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:
7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley.
16. Participar mediante sus representantes en los organismos oficiales que determine la ley, en la definición de las políticas públicas que les conciernan, así como en el diseño y decisión de sus prioridades en los planes y proyectos del Estado.
17. Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos.
Art. 45.- … Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.
LEY ORGÁNICA PARA LA PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA.
Art. 8.- Derecho al acceso a la información. Todas las instituciones que son parte del Subsistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, con incidencia en la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, garantizarán el derecho al acceso a la información sobre la planificación integral, el ordenamiento territorial y el uso de los fondos creados mediante esta Ley; y, a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos.
Art. 9.- Planificación Integral Amazónica. Constituye el conjunto de procesos, entidades e instrumentos que permiten la interacción de los diferentes actores sociales e institucionales, para organizar y coordinar la planificación del desarrollo y del ordenamiento territorial en todos los niveles de gobierno de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.
Art. 26.-… Los Planes Sectoriales del Ejecutivo con incidencia en el territorio, los planes especiales para proyectos nacionales de carácter estratégico y los planes fronterizos, deberán contener lineamientos especiales para la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, con estricto apego a lo contenido en el Plan Integral para la Amazonía.