Por Annabell Guerrero Pita
El 2024 marcó un año sombrío para la niñez en Ecuador. Las estadísticas revelan una cruda realidad: miles de niños y niñas han abandonado las aulas o han sido captados por las redes del crimen organizado.
De acuerdo con datos del Ministerio de Educación, durante el año lectivo 2023-2024, en las ocho provincias de la Costa y Galápagos se registró una disminución en la matrícula de 64.024 estudiantes, mientras que en la región Sierra otros 55.300 niños y niñas no se matricularon. Asimismo, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) reporta que en nuestro país 244.000 niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años están fuera del sistema educativo.
La deserción escolar perpetúa el ciclo de pobreza, limita el acceso a oportunidades laborales futuras y expone a niños, niñas y adolescentes a mayores riesgos de violencia y explotación.
Por otra parte, el incremento del empleo infantil es alarmante. En 2022, el número de niños que trabajaban era de 270.340, mientras que en la actualidad asciende a 370.000, lo que supone un aumento del 37%, según la denuncia realizada por una coalición de organizaciones no gubernamentales que trabajan por la niñez en el país.
El reclutamiento forzado por parte del crimen organizado, así como el desplazamiento por violencia e inseguridad, son fenómenos que vulneran los derechos de niños, niñas y adolescentes. Las provincias de Guayas y Esmeraldas son las más afectadas por estas problemáticas. Los efectos de la pobreza en la infancia tornan a esta población vulnerable ante la presión de la delincuencia y el crimen.
Además, tras la declaratoria de Conflicto Armado No Internacional, los abusos contra niños, niñas y adolescentes se han vuelto recurrentes, principalmente por parte de miembros del ejército. Muchos han sido obligados a lacerar su piel para eliminar tatuajes, mientras que otros han sufrido tortura. Un caso emblemático es el de los cuatro niños de Guayaquil: Steven, Josué, Nehemías e Ismael, quienes fueron aprehendidos por 16 militares, sometidos a golpizas y torturas, asesinados y, posteriormente, sus cuerpos incinerados.
De todo esto se desprende que la niñez en Ecuador enfrenta múltiples amenazas que comprometen su desarrollo y bienestar. Abordar esta crisis requiere voluntad política, compromiso social y acciones urgentes. Lamentablemente, los organismos gubernamentales carecen de una estrategia integral para enfrentar las múltiples dimensiones de esta situación. El presupuesto destinado a educación y protección infantil ha disminuido, lo que agrava aún más la crisis.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo, a través de un informe, reveló las altas tasas de maltrato físico y psicológico en la población infantil. Entre 2018 y 2023, las denuncias por violencia sexual a niños y adolescentes sumaron 51.235 casos.
La falta de inversión en educación y salud, la ausencia de programas efectivos para prevenir y erradicar la violencia contra la niñez, junto con la debilidad del sistema judicial para proteger a los menores y sancionar a sus violentadores, perpetúan la impunidad y agravan la vulnerabilidad de esta población.
Es fundamental implementar sistemas eficaces de prevención y atención para menores en riesgo de reclutamiento o violencia, así como priorizar la infraestructura educativa y los programas de becas. Es momento de actuar, de exigir políticas públicas eficaces y de proteger a quienes son el presente y el futuro de Ecuador.
Fuente: Ecuadorenvivo