Por Remo Cornejo Luque
La inseguridad sigue su curso ascendente. A un año de declarar la «guerra interna» a los GDO, el crimen organizado sigue campante, los secuestros, extorsiones y sicariatos, continúan alterando la paz y convivencia familiar. Siguen los desaparecidos y las muertes extrajudiciales como lo ocurrido con los cuatro niños de las Malvinas. Solo en este mes de enero se registran 700 muertes, es decir 23 diarias. Este es el mes más violento de nuestra historia. La metida de mano al bolsillo de los ecuatorianos por concepto de incremento del IVA, no ha servido para contrarrestar nada.
A este panorama de inseguridad, se suma el abandono a las áreas sociales de la población. El gobierno destinó solo el 3.4% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación, muy lejos del 6% que la Constitución exige, teniendo como resultado que más del 40% de las escuelas están destruidas, más de 205.000 niños y adolescentes están fuera de las instituciones y hay un déficit de 74.000 profesores. Al mismo tiempo, la violencia ha golpeado fuertemente a los estudiantes: hay más de 7.300 víctimas de violencia sexual y más de 200 asesinatos cerca de los colegios.
En cuanto al IESS existe una deuda estatal por USD 24233 millones y el gobierno del improvisado e inútil muñeco de cartón no la asume ni reconoce, solo habla de USD 1828470 (informe del Ministerio de Economía a octubre de 2024). Además, frente a la no retroactividad declarada por la Corte Constitucional, respecto de la inconstitucionalidad de la eliminación del 40% de aportes del gobierno a las pensiones jubilares, que perjudicaron al IESS en USD 5194 millones, las organizaciones sindicales vienen levantando su oposición a dicha resolución anti IESS y anti obrera.
El desempleo, sigue subiendo. Producto de los apagones se perdieron 250 mil plazas de trabajo. Apenas 3 de cada 10 ecuatorianos tienen empleo pleno y el trabajo informal o subempleo sigue creciendo, tal como crece la agobiante deuda externa que ya supera los USD 48744 millones y que este gobierno, siguiendo el sendero de sus antecesores, destina aproximadamente USD 9 mil millones anuales para pago de intereses y amortizaciones, cuando ese recurso bien puede servir para atender las necesidades poblacionales.
Se suma el tormento de las deportaciones. Miles de compatriotas han migrado tras el sueño norteamericano o europeo, y hoy la administración de Trump plantea deportaciones masivas contra 31.252 ecuatorianos. El martes 28 de enero de 2025 ya llegaron los primeros 202 deportados, llegaron con esposas, cadenas en la cintura, manos y tobillos, les desencadenaron apenas 20 minutos antes de aterrizar en Ecuador, y Noboa en campaña, ni le importa. Queda demostrado entonces que en el país no hay un presidente que defienda la dignidad de los ecuatorianos.
Este gobierno no ha escapado de las garras de la corrupción. Hay varios negociados que favorecen a su círculo cercano y familiar, caso barcazas, generadores eléctricos, Olón, alimentación de las cárceles, etc.
En definitiva, todos los que ya han gobernado y han sido incapaces de resolver las necesidades y aspiraciones de los trabajadores, campesinos y pueblos, no tienen el derecho a seguir desgobernando al Ecuador.
Es la hora del pueblo, de los de abajo, de los que generan la riqueza del país. Es la hora del profe Jorge Escala y de todas las listas 2 de UNIDAD POPULAR.