Por Andrés Quishpe
El 17 de febrero del 2013 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales y de asambleístas. Para ese momento, los medios de comunicación del oficialismo señalaban que Correa obtenía un contundente triunfo. Sin embargo, a la luz de este acontecimiento es necesario recordar que, para lograr la votación obtenida, el correísmo movió, a su gusto y sabor, no solo los recursos del Estado —humanos y materiales—, los medios de comunicación “públicos” puestos a su exclusiva disposición, sino también todas las instituciones estatales sometidas a su control, empezando por el Consejo Nacional Electoral, que en ese momento mostraba una incondicionalidad absoluta a Alianza PAIS. Situación similar se vivía en la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional, que, en perfecta sincronía, armaron todo lo necesario para aprobar y poner en vigencia, a toda costa, las reformas al Código de la Democracia con las cuales se fraguó el escenario para la reelección de Correa.
¡Prohibido olvidar! Las reformas a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, desarrolladas en esos tiempos, permitieron brindar facilidades al correísmo para el uso de recursos públicos durante la campaña; impusieron la fórmula D’Hondt para la distribución de escaños en la elección de asambleístas provinciales, fórmula que consagraba una inconstitucionalidad al no garantizar la proporcionalidad y entregar todos los escaños únicamente a las primeras fuerzas con mayor votación. Así, Alianza PAIS, alcanzaba una hegemonía en la Asamblea Nacional que le permitió más adelante reformar la Ley de Comunicación por una Ley Mordaza; eliminar la Ley de Carrera y Escalafón Docente; y reformar la Ley Orgánica de Educación Superior, lo que abrió paso a la intervención de universidades y a la imposición de la “meritocracia” (exámenes estandarizados de ingreso a la universidad), que hasta el momento ha dejado a más de un millón doscientos mil jóvenes sin el derecho a la educación superior. Algo similar ocurrió con médicos, indígenas, ecologistas y también con nuestros recursos naturales, que mediante leyes punitivas o entreguistas fueron afectados.
A esto y otras realidades como la corrupción y el autoritarismo es a lo que la gente le huye y rechaza cuando en el balotaje ve nuevamente en la papeleta a candidatos correístas. No es que la población ecuatoriana, y menos los sectores populares, se hayan derechizado y por eso voten por Noboa. Le dicen no al correísmo porque vivimos en carne propia su política neoliberal y prepotente, llena de despilfarro y robo. Para sustentar lo señalado, no olvidemos que en la consulta popular de abril del 2024 los pueblos del Ecuador le dijeron NO a Noboa en las preguntas del arbitraje internacional y al contrato de trabajo por horas, expresando que en el país aún existe una importante y nutrida corriente antineoliberal.
Volviendo líneas arriba, es menester recordar que, para lograr la vigencia de las reformas legales señaladas, Correa contó con la complicidad de la Corte Constitucional, que hizo caso omiso de las demandas de inconstitucionalidad, y del CNE, que, con la diligencia propia de los esbirros de turno, dispuso incluso el cambio de fecha del calendario electoral con el propósito de que las reformas alcancen a ponerse en vigencia, pues debían ser aprobadas hasta un año antes del proceso electoral. De ahí que del 15 de enero se trasladó al 17 de febrero del 2013 las votaciones.
Ahora el correísmo acusa de fraude a Noboa y pone como evidencia, según un comunicado de CELAC Social, los siguientes elementos: alarma por irregularidades masivas, alteración de lugares de votación, uso de recursos estatales con fines electorales, exclusión de veedurías internacionales, suspensión inaceptable del voto en el exterior y estado de excepción selectivo. Lo cierto es que el Gobierno de Noboa usó todos los recursos que estuvieron a su alcance, realizando maniobras al margen de toda norma jurídica, como el encargo de la presidencia a vicepresidentas ilegalmente designadas; jamás solicitó licencia a la Asamblea Nacional para realizar campaña; más de cinco millones de dólares fueron destinados en último momento a la Secretaría de Comunicación; ciertos prefectos, alcaldes y asambleístas afines o parte de Acción Democrática Nacional (lista 7) realizaron campaña incluso usando recursos públicos, sin licencia y sin empacho alguno, como sucedió con las denominadas cocinas de inducción.
Tanto Noboa y Correa han utilizado al gobierno y Estado para manipular la conciencia y la mente de los ecuatorianos más empobrecidos, para vender la idea de que vivimos en un país de ensueño. Ninguno ha escatimado ocasión alguna para hacer gala de un Estado regalón; como dice el refrán popular, Noboa y Correa “botaron la casa por la ventana”, a través de bonos, insumos agropecuarios, becas, alza de sueldos a militares y policías, entre tantos otros mecanismos con los cuales maquillan la pobreza y tienden una cortina de humo sobre la corrupción que cobija a cada uno de sus gobiernos; sobre la prepotencia, el autoritarismo, la violación de los derechos de los trabajadores, la falta de libertades democráticas que proscriben el derecho a la libre expresión y resistencia. Cada vez más, Noboa se aproxima a ser un buen alumno de Correa.
Si a todo esto sumamos las multimillonarias campañas mediáticas de Correa-Luisa y Noboa con el uso y abuso de los recursos y medios “públicos”, al amparo de la permisividad vergonzosa del CNE, concluimos que cada uno de los resultados electorales en su debido momento son un corolario de procesos fraudulentos. Solo así, tal vez se pueda entender que, así exista un ganador de la segunda vuelta (2025), al pueblo le tocará luchar y trabajar por defender y buscar la materialización de sus derechos, frente a toda la ofensiva neoliberal que algunos ya comienzan a mencionar que es hora de ejecutarla, obviando al cincuenta por ciento de ecuatorianos que no votaron por Noboa y a otra buena parte de sus electores que, como señalamos líneas arriba, le dieron el voto para evitar el triunfo del correísmo. Razón por la cual Noboa no tiene un cheque en blanco. Mal haría en menospreciar la capacidad y lucha de los pueblos del Ecuador, ya que esta lucha no es producto de fraudes, es fruto de años de resistencia y organización.