Pronunciamiento INREDH
El gobierno de Daniel Noboa propuso una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución, luego desistió de esta idea y envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley denominado “Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno” bajo el carácter de económico urgente.
Estas dos propuestas del gobierno representan un serio riesgo para el orden democrático, el respeto de los derechos humanos y el principio de separación de funciones.
Si estas iniciativas se concretan sin los debidos controles constitucionales y fuera de los marcos jurídicos establecidos podrían derivar en una forma de ruptura institucional de facto, debilitando las bases del Estado de Derechos, y la consolidación de un régimen autoritario; todo esto sin solucionar la grave situación de violencia que vive el país.
Ante estas circunstancias, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH, manifiesta lo siguiente:
- Una Asamblea Constituyente en este momento, a más de ser inoportuno en la situación económica que vive el país y producirse en una sociedad que, hoy por hoy, está altamente polarizada y despolitizada, puede conducirnos a una situación de que se eliminen o restrinjan la gama de derechos que contempla la actual Constitución.
- En este contexto un debate constitucional honesto implica la participación de todos los sectores sociales y con información pormenorizada sobre las pretensiones por las que se desea dicha asamblea; caso contrario, se puede transformar en un elemento que proporcione ventajas económicas a los grupos de poder y ventajas políticas al gobierno de turno sobre sus adversarios, restringiendo el espacio democrático.
No es saludable para una democracia que nuevas mayorías políticas, por legítimas que sean, impulsen cambios que puedan poner en riesgo derechos fundamentales conquistados a lo largo del tiempo, muchos de ellos fruto de procesos históricos marcados por esfuerzo, participación ciudadana y, en ocasiones, altos costos humanos.
- Aunque ambas candidaturas finalistas en la segunda vuelta del 13 de abril de 2025 hicieron referencia a la posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente, no existió un pronunciamiento expreso ni vinculante de la ciudadanía sobre este tema. Afirmar lo contrario implica una lectura imprecisa del proceso electoral, que estuvo marcado más por antagonismos políticos coyunturales que por un debate profundo sobre reformas constitucionales.
- La Constitución vigente contempla mecanismos claros para su reforma o enmienda, con el objetivo de perfeccionar sus disposiciones mediante un proceso participativo y deliberativo. Estos procedimientos permiten que la ciudadanía decida, de forma informada, qué aspectos institucionales deben ajustarse y cuáles deben preservarse, incluso frente a desafíos como la inseguridad. Temas como la flexibilización laboral, la explotación de recursos sin consulta, o el trabajo por horas —ya debatidos y rechazados por la ciudadanía en procesos anteriores— no deben imponerse bajo el pretexto de una nueva Constitución.
Existen límites infranqueables: no pueden modificarse los derechos fundamentales, las garantías, la estructura del Estado ni el procedimiento mismo de reforma.
Hasta el momento, el presidente Daniel Noboa no ha expresado con claridad qué contenidos pretende introducir en una eventual nueva Constitución. No obstante, las declaraciones públicas de algunos de sus voceros sugieren una orientación preocupante hacia la restricción de derechos y el debilitamiento de los sistemas de protección de personas, pueblos y naturaleza.
- En el caso de que se insista en ir hacia una asamblea constituyente, la gran mayoría de la población está consciente de que no debe darse con nominaciones a dedo o gremiales, sino bajo elecciones directas. Esta posición no varió a pesar de las vocerías gubernamentales que pregonaban la necesidad de una asamblea rápida, técnica y con personas seleccionadas sin votación popular. Frente a esta realidad, no sorprende que el ministro de Gobierno haya manifestado que ya no es prioridad la asamblea constituyente y, a reglón seguido, el gobierno proponga una ley en la que se restringen derechos y se crean mecanismos propios de una dictadura, contraviniendo disposiciones expresas de la actual constitución.
- La denominada “Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno”, pese a su nombre, no plantea mecanismos efectivos para reducir la violencia ni combatir estructuralmente las economías criminales. El contenido de la propuesta se orienta principalmente a consolidar un escenario de guerra interna, en el que predomina una lógica punitiva, centrada en el uso de la fuerza policial y militar exonerada de controles y responsabilidades claras.
- La ley no aborda de forma seria la infiltración de bandas delincuenciales en las instituciones del Estado, ni propone herramientas concretas para desmontar las redes de corrupción o lavado de activos que sostienen estas estructuras. En cambio, refuerza una narrativa que focaliza la represión en los sectores más empobrecidos, profundizando visiones de perfilamiento racial, estigmatización social y territorial que pueden derivar en el aumento de casos de desaparición forzada e incluso, de ejecución extrajudicial, como lo ya ocurrido con los cuatro niños de la Malvinas: Josué e Ismael Arroyo, Steven Medina y Nehemías Arboleda y las más de 33 desapariciones forzadas registradas por organizaciones de derechos humanos como el Comité Permanente de Derechos Humanos – Guayaquil e incluso por la Defensoría del Pueblo.
Con estos antecedentes, se hace necesario que, como organización que defiende los derechos humanos, de los pueblos y la naturaleza, nos manifestemos en contra de estas pretensiones que en nada van a contribuir a la reducción de la criminalidad, al contrario, profundizarán las condiciones de pobreza y aumentarán las canteras de las cuales se nutren las bandas delincuenciales.
Restringir derechos y debilitar las garantías constitucionales no puede ser una opción, ni como objetivo de una eventual Asamblea Constituyente, ni como fundamento de leyes que recuerdan a prácticas propias de regímenes autoritarios.
Lo que el país necesita es construir diálogo en torno a cualquier proceso de reforma, reducir los niveles de confrontación y garantizar que la seguridad no se imponga a costa de la vulneración de los derechos humanos y de la institucionalidad democrática.
Quito, 20 de mayo de 2025
Asamblea General de INREDH