Por: Abg. Vladimir Andocilla R.
El país se encuentra en un debate político-jurídico respecto al “Proyecto de ley orgánica para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno”, el mismo que aborda varios cambios legislativos que tienen observaciones respecto al incumplimiento de estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Como un aporte a este debate es importante señalar que, el Comité de Derechos del Niño en sus Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico del Ecuador publicadas el 27 de febrero de 2025, recomendó al Estado que respecto “conflicto armado interno” declarado: Mantenga la edad mínima de responsabilidad penal en los 14 años; derogue toda iniciativa que pretenda que los niños respondan como los adultos por los delitos graves, tales como el secuestro para obtener un rescate, la delincuencia organizada o el terrorismo; promueva, siempre que sea posible, que a los niños se les apliquen penas no privativas de la libertad, como la libertad condicional o los trabajos comunitarios, o mecanismos de desjudicialización, y vele por que los niños en contacto con el sistema judicial puedan acceder a servicios de salud y psicosociales; asegure de que solo se recurra a la privación de libertad como medida de último recurso y por el período más breve que proceda, y se revise periódicamente con miras a poner a los niños en libertad.
Además, el Comité señaló que, el Estado debe velar por la realización de los derechos del niño de conformidad con la Convención, el Protocolo Facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados; instrumentos internacionales que los protege durante los conflictos armados, contra la venta y la explotación sexual, y facilita la presentación de denuncias.
Estas observaciones y recomendaciones cobran importancia por cuanto, se conocen casos de violaciones a derechos humanos a niño, como ocurrió en el caso de los niños de “las Malvinas”, quienes desaparecieron estando a cargo de militares y posteriormente aparecieron brutalmente asesinados.
La Asamblea y el Ejecutivo tienen la obligación constitucional de asumir estas observaciones e incorporar en la legislación y normas que dicten, por lo que, en el proyecto que se está debatiendo, se debe impedir que queden en impunidad loas casos de vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes por parte de las fuerzas del orden.