Redacción Opción
La aprobación por parte de EEUU de un impuesto del 3,5% a las remesas constituye un atraco al salario de los millones trabajadores migrantes que hacen los trabajos más duros, con las más bajas remuneraciones y en condiciones muy precarias, sin seguridad social, con horarios de trabajo extendidos. Esta medida también tendrá repercusiones para millones de familias de América Latina y ecuatorianas que sobreviven con lo que pueden enviar sus familiares desde ese país.
La medida fue aprobada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos como proyecto de ley de recortes de gastos y alivio fiscal impulsado por el expresidente Donald Trump, que incluye un impuesto del 3,5% a las remesas enviadas desde ese país. Esto significa que los migrantes que envíen dinero a sus países de origen deberán pagar un impuesto adicional sobre cada transferencia. Por ejemplo, si un ecuatoriano en EE. UU. envía $500 a su familia, tendrá que pagar $17,50 adicionales solo en concepto de este nuevo impuesto.
El impacto en las familias ecuatorianas será duro, y tendrá efectos para la economía del país pues las remesas de los migrantes, es veinte y siete veces más alta que la inversión extranjera, dinamiza el consumo y sostiene la dolarización. Las remesas han tenido un sostenido crecimiento en estos años, en 2024, alcanzó los 6.539,8 millones de dólares, los que representa el 5,3% del PIB del país. La mayoría de las remesas 73,5% provienen de EEUU. De hecho, este nuevo impuesto podría mermar el envío de dinero o reducir los montos enviados, afectando directamente la economía de hogares vulnerables.
El impuesto representaría una pérdida para el país de más $168 millones anuales. Esto sale de multiplicar los $4.804 millones del total de remesas que llegaron desde Estados Unidos a Ecuador en 2024 por el 3,5% de impuesto. Sin embargo, se calcula que la caída puede ser dos o tres veces mayor y tendrá repercusiones en la diminución del consumo interno ya que la remesas inyectan mensualmente más de $500 millones, dinero que cubre vivienda, alimentación, salud y educación, aumentara la pobreza y la crisis laboral.
Se estima que 1,2 millones de ecuatorianos viven en EE.UU., de los cuales 660.000 tienen Green Card o ciudadanía estadounidense, lo que los eximiría del impuesto. Sin embargo, el resto estaría en situación irregular o con visas temporales, lo que los pondría directamente en la mira del nuevo tributo o incluso de deportaciones.
Evidentemente, este es un impuesto que castiga a los trabajadores mirantes en EEUU y que ya pagan impuestos allá y cuyas remesas también pagan impuestos acá, es un golpe a las familias más pobres que dependen de esos ingresos.