Por Remo Cornejo Luque
En medio del chuchaqui que causó el show de la extradición de fito, -escenario que fue aprovechado para justificar leyes retrógradas y antipopulares-, el narcotráfico y crimen organizado siguen su curso ascendente ante los ojos impávidos de un Estado que por sus resultados en el «combate a los GDO» se va convirtiendo en cómplice y encubridor de los carteles internacionales de drogas.
Para todos, nuestro país desde hace rato se ha convertido en un punto estratégico para el tráfico de drogas, con rutas que conectan, principalmente, con Colombia y Perú, con destinos hacia Europa y Estados Unidos; los puertos marítimos y aeropuertos son soportes de este cometido. De igual manera, todos vemos atónitos el crecimiento de los homicidios, así pues, durante el primer trimestre de 2025 se registraron 2.361 homicidios, lo que representa un aumento del 65% en comparación con el mismo período de 2024, cuando se reportaron 1.428 crímenes, según datos del Ministerio del Interior. Este incremento sitúa al primer trimestre de 2025 como el más violento en la historia reciente del país y la propaganda gubernamental dice: «Ya la gente puede abrir sus locales, ya la gente puede trabajar y puede enviar a sus hijos a la escuela»..¡Plop!.
Ante tamaña incertidumbre y zozobra que se vive, el pasado 3 de junio la Asamblea Nacional aprobó la reforma del artículo 5 de la Constitución, que abre la puerta a la instalación de bases militares extranjeras en el país. Tema que debe pasar por el ojo crítico de un referéndum que debe resolver si se trata de una respuesta a la crisis de seguridad o un atentado a la soberanía. Para mi entender esto no resuelve la placenta de la inseguridad que está arraigada como cáncer de la corrupción en todas las esferas institucionales del Estado.
Dato mata relato. Recordemos que en 2009, las tropas estadounidenses dejaron la base militar de Manta, tras 10 años de «cooperación» en el combate a los cárteles de la droga. Durante sus 10 años en Manta las incautaciones anuales de cocaína -en promedio- fueron de 24.421 kilogramos.
Luego, tras la salida de los militares extranjeros, las incautaciones siguieron subiendo. En los 10 años siguientes (2010-2019), el promedio anual fue de 53.129 kilogramos. Posteriormente, desde el 2020 hasta el 2022, el promedio anual fue de 151.058 kilogramos decomisados.
De tal manera que una primera conclusión que podría derivar del análisis de estas cifras es que la presencia militar norteamericana no es la condición sine qua non para extirpar el narcotráfico. Para rubricar esta conclusión basta con mirar al norte de nuestro territorio y ver que Colombia desde el 2009 firmó un acuerdo con
Estados Unidos que le permitía el acceso a siete bases colombianas para operaciones conjuntas en áreas como la lucha contra el narcotráfico; sin embargo, el vecino del norte sigue siendo una potencia mundial, junto a Perú (también hay firmados convenios con EEUU) en producción y comercialización de drogas.
Más, alrededor de esta farola, el gobierno «genético» buscará engatusar a la población alrededor de otras preguntas de consulta que de seguro carecerán de trascendencia para los intereses de los trabajadores y pueblos, esas otras preguntas estarán disfrazadas, cuál demagogia pura, de generación de empleo, seguridad jurídica y fomento a la productividad.
Desde el campo popular y de izquierda se debe llamar a defender la soberanía nacional y rechazar los afanes geopolíticos de la bota militar extranjera en suelo patrio; y, concomitante, elevar la exigencia de que se consulten temas importantes como: la estabilidad laboral del sector público; derogatoria ley de espionaje; incremento o no de aportes y años de servicio para la jubilación al IESS; moratoria de Deuda Externa; declarar la educación y salud en emergencia; condonación de las deudas de los pequeños y medianos campesinos y agricultores; extractivismo; privatización del petróleo, energía eléctrica y telecomunicaciones; reducción del número de asambleístas, etc.
¡La lucha está presente y continúa…!