Por Prof. Stalin Vargas Meza
El 8 de junio de 2025, la ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya y el Gerente General del Banco Central del Ecuador, Guillermo Avellán, le enviaron la Carta de Intención a la Sra. Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional, le dicen que ganaron las elecciones y que han logrado importantes avances en la implementación del programa de reforma económica, respaldado por el Mecanismo Ampliado del Fondo (SAF) de 48 meses, añaden que se han fortalecido las finanzas públicas, la inflación se ha mantenido baja, las reservas internacionales se han recuperado y que se han cumplido las metas establecidas para la Segunda Revisión en el marco del acuerdo del SAF¨[1].
¿Qué solicitaron?
Solicitaron un aumento del préstamo de 1000 millones de dólares, que se finalice la Segunda Revisión lo que permitirá recibir el desembolso de 610 millones de dólares y que se reprograme la Tercera Revisión del acuerdo del SAF, del 15 de julio de 2025 al 15 de agosto de 2025.
¿Cuáles son los objetivos del programa?
Después de que adjuntaron el Memorando de Políticas Económicas y Financieras (MEFP), en el que se describen las políticas macroeconómicas y estructurales que el gobierno de Noboa va a implementar, señalaron los objetivos: 1. fortalecer la sostenibilidad fiscal, protegiendo al mismo tiempo a los grupos vulnerables; 2 reconstruir los márgenes de maniobra fiscales y externos; 3. salvaguardar la dolarización y la estabilidad macroeconómica; 4. mejorar la estabilidad e integridad financieras; y 5 continuar la agenda de reformas estructurales para liberar el potencial de la economía, impulsando un crecimiento económico sólido e inclusivo.
Esos objetivos hay que leerlos en lo que verdaderamente quieren decir, por ejemplo, cuando dice ¨fortalecer la sostenibilidad fiscal¨, nos están diciendo que van a ahorrar recursos a través de reducir el gasto público y crear nuevos impuestos para poder pagar a los tenedores de los bonos de la deuda externa.
Cuando dicen que el objetivo es continuar con ¨la agenda de reformas estructurales¨, están planteando avanzar en la flexibilización laboral, entregar el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte a las administradoras de fondos de pensiones, el Fondo de Salud Individual y Familiar a los prestadores privados, privatizar las empresas públicas, convertir las cooperativas de ahorro y crédito en bancos privados.
¿Qué está haciendo ahora?
El gobierno del presidente Noboa, implementa la fusión de ministerios y el despido de 5.000 empleados públicos. Se comprometió con el FMI a bajar 1.2% del PIB del gasto salarial del sector público, durante el periodo 2025-2028. Esto significará el despido de 70.000 servidores públicos.
La promulgación del Decreto Ejecutivo 83 que incrementa el precio de las gasolinas Extra y Ecopaís, a través de la aplicación de un sistema de bandas que permite subir y bajar el precio hasta un 5% mensual de acuerdo al mercado.
La aprobación de la Ley Orgánica de Integridad Pública, en especial la disposición transitoria décimo primera para que la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, emita las regulaciones necesarias para identificar las cooperativas de ahorro y crédito que deban transformarse en sociedades anónimas del sector financiero privado, bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos.
Impulsa las asociaciones público-privadas (APP) y las concesiones al sector privado para la privatización de las empresas públicas, todo esto a nombre de la eficiencia y la optimización de costos estructurales.
Estos y otros son los compromisos del presidente Noboa con el Fondo Monetario Internacional, los economistas neoliberales encubren la nueva Carta de Intención, insisten en decir que es para el desarrollo del país, lo cierto es que las consecuencias de esos compromisos no permitirán el crecimiento del país, ni el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
EX PRESIDENTE UNE NACIONAL