Por Natasha Rojas
El 20 de agosto de 2023, las y los ecuatorianos ejercimos nuestro derecho al voto y decidimos entre la defensa de la vida y la naturaleza, frente a la política extractivista. Esta consulta fue fruto de la iniciativa ciudadana impulsada por los colectivos Yasunidos y Quito Sin Minería, a la que se sumaron una diversidad de organizaciones sociales, populares, partidos políticos de izquierda y ciudadanía en general. El país votó a favor de detener la extracción petrolera en el Yasuní con un 58,97%, mientras que la población de Quito respaldó, con un 68%, la prohibición de la minería en el Chocó Andino.
Estos resultados constituyeron un hito histórico para el Ecuador, en tanto garantizaron los derechos de la naturaleza frente a una política extractivista que contamina ríos, destruye el ambiente y fragmenta a las comunidades.
En la Consulta Popular de 2023, jóvenes, mujeres, trabajadores y, en general, el pueblo ecuatoriano, dijimos mayoritariamente y de manera contundente SÍ a la vida y NO al extractivismo. Ese pronunciamiento se convirtió en un mandato constitucional, de cumplimiento obligatorio para el gobierno central, ya que los resultados son de carácter vinculante. Sin embargo, han transcurrido dos años desde aquella decisión soberana en las urnas, y aún no se ha detenido la explotación petrolera en el Bloque 43 del Yasuní; tampoco en el Chocó Andino se han revertido las concesiones mineras vigentes.
El Parque Nacional Yasuní, con un millón de hectáreas, es el área más biodiversa de la Amazonía y hogar de los pueblos en aislamiento voluntario Tagaeri y Taromenani. Alberga miles de especies de flora y fauna y fue reconocido por la UNESCO como Reserva de la Biosfera en 1989. Por su parte, el Chocó Andino, un bosque nuboso de 286.000 hectáreas en la cordillera occidental, obtuvo la misma distinción en 2018.
El modelo económico extractivista trae consigo desastres ambientales, desigualdad, desplazamiento de comunidades, conflictos sociales, criminalización de los defensores de la naturaleza, corrupción y crimen organizado a través de la minería ilegal. El Ecuador requiere un modelo de desarrollo que redistribuya la renta y la riqueza, garantice los derechos humanos, de la naturaleza y de los animales, y que, al mismo tiempo, erradique el machismo, el racismo y la xenofobia.
Hoy, cuando nuestro país se apresta a una nueva consulta popular convocada por el presidente Daniel Noboa, cabe preguntarse si se respetará el pronunciamiento soberano del pueblo en las urnas. Un claro ejemplo del autoritarismo y del desprecio por la voluntad popular lo constituyen precisamente las consultas del Yasuní, el Chocó Andino, Kimsacocha y la referente al trabajo, todas ignoradas o reeditadas a pesar del rechazo ciudadano.
El mandato popular no puede ser desconocido. Se requiere de la unidad de las y los ecuatorianos para seguir demandando su cumplimiento, tanto con acciones a nivel interno como ante instancias internacionales.
Dos años de la Consulta Popular.
Dos años de incumplimiento.
Natasha Rojas