La persecución política del Gobierno de Daniel Noboa continúa

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Por UNE

Este 11 de noviembre, la Unión Nacional de Educadores (UNE) acudió a la audiencia única y oral de pruebas y alegatos sobre la denuncia del CNE a UNE-UNTE por una supuesta falta de subsanación al Informe de Cuentas de la Campaña por el Yasuní, que busca sabotear su participación legítima en la campaña de la Consulta Popular y Referéndum del 16 de noviembre de 2025.

No obstante, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, recibió un segundo informe de subsanación (Oficio Nro. UNTE-UNE-2025-010, de 25 de febrero de 2025), que incluía 46 hojas con todas las observaciones atendidas, entre ellas USD 950 en donaciones justificadas y registradas conforme a la normativa electoral. Dicho expediente, no fue remitido al TCE, lo que vulnera el derecho a la defensa y el principio de objetividad procesal.

Durante rueda de prensa, el presidente nacional de la UNE, Andrés Quishpe, quien se desempeñó como jefe de campaña en la Consulta del Yasuní, manifestó que la denuncia presentada constituye una persecución política, ya que no existe infracción electoral y la normativa no contempla sanciones para los jefes de campaña. Quishpe señaló que el objetivo del Gobierno sería “amedrentar a la UNE y silenciar su firme postura por el NO en la Consulta Popular 2025”, reiterando el compromiso del gremio en defensa de la educación, la naturaleza y los derechos.

La organización recordó que la sanción solicitada por el CNE carece de sustento legal, puesto que el artículo 281 del Código de la Democracia no establece responsabilidad solidaria para jefes de campaña, y que el CNE no presentó el expediente administrativo completo, requisito obligatorio conforme al artículo 161 del Reglamento del TCE. Asimismo, citó los precedentes jurisprudenciales de las causas 079-2024-TCE y 122-2024-TCE, que determinan que sin prueba plena no puede imponerse sanción.

La UNE advirtió que esta actuación ilegal e inconstitucional evidencia un intento de amedrentar al gremio, deslegitimar su papel histórico en la defensa de los derechos colectivos y obstaculizar la participación ciudadana.

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