Por Redacción Plan V
Unidad Popular es una de las organizaciones que va por el No en la consulta. Su director nacional, Geovanni Atarihuana, expone sus razones. Dice que es un No diverso: «una guerra de guerrillas contra otro proyecto concentrador de poder».
¿El No de Unidad Popular es un No únicamente a las cuatro preguntas de la consulta popular o también a la gestión del presidente Noboa?
Esta consulta se va a convertir en un plebiscito sobre su gestión.
¿Y eso no es perder la oportunidad de reflexionar sobre algo clave para todo el país, como su rediseño institucional?
El Presidente tiene algunos objetivos con esta consulta. De entrada, una Constitución a su medida para tres cosas…
¿Otra Constitución a la medida?
Una nueva Constitución para concentrar el poder en su familia y en sus empresas. Hemos visto lo que ha hecho desde la Asamblea, la Contraloría, la Fiscalía, la Justicia, el SRI. Segundo objetivo: quiere eliminar y restringir derechos que le estorban a su empresa y a su clase social. Derechos, por ejemplo, laborales; por eso insisten en el trabajo por horas, en eliminar la estabilidad, las utilidades y, como dice la Ministra (trabajo), hasta los décimos les estorban. También quieren eliminar los derechos de la naturaleza, en tanto el Grupo Noboa tiene intereses en la minería y en concesionar los sectores eléctrico y petrolero.
Pero todo lo que Usted critica ocurre en el contexto de una Constitución que para el correísmo también fue un traje a la medida…
Yo creo que no. Nosotros, como movimiento, estuvimos en Montecristi y derrotamos a Correa, por ejemplo, en que la educación en las universidades públicas sea gratuita, o en el tema del seguro social campesino como un derecho. Esta Constitución tiene muchos defectos que deben corregirse, sobre todo el híper presidencialismo, pero se debe respetar todo el ámbito de derechos.
Geovanni Atarihuana es el Director Nacional de Unidad Popular, lista 2 (antes MPD). En su juventud fue presidente de la FEUE. En su oficina cuelga un retrato de Milton Reyes, dirigente universitario asesinado en los 70.
La progresividad de los derechos es un principio universal. ¿Qué derechos cree Usted que se van a eliminar?
Los derechos de las nacionalidades, los de la naturaleza, los laborales, la educación gratuita en las universidades, el papel de la seguridad social. Por todo ello, la consulta se va a convertir en un plebiscito sobre el mal gobierno de Noboa.
¿Qué otras limitaciones ven en la Constitución actual?
Hay un tema de incumplimiento de prioridades, como el presupuesto para educación y salud. Presupuestariamente, una las metas era que al 2012 debían haber sido cubiertos, el 6% del PIB para educación y el 4% para salud.
Pero ningún gobierno ha cumplido…
¿Mal de muchos, consuelo de bobos? El pueblo ya se ha pronunciado varias veces al respecto. Ahora, el Presidente ha anunciado USD 5.900 millones para educación. Pero sabes cuánto puso este año en curso: la mitad. No llega ni a USD 2.500 millones.
¿No fue esa una determinación populista? ¿Prometer sin tener claro los esquemas de financiamiento permanente?
La prioridad es la salud, la vida de la gente. Hay que priorizar, pues. Volvamos a los impuestos del Grupo Noboa: casi USD 100 millones perdonados durante 20 años, ¿no es cierto? ¿Cuánto hubiéramos cubierto con eso? Al menos la tercera parte de los medicamentos que actualmente le faltan al sistema público. Luego, hay USD 2.000 millones en deudas en firme y hay otros USD 2.000 millones de las grandes empresas que no pagan y aquí el “negocio” es aguantar, hacer juicios… Ahí tendrías USD 4.000 millones que podrían servir para cumplir con educación y salud.
Hablemos ahora sobre la pregunta para eliminar la prohibición de bases militares extranjeras en el país. Si tenemos fenómenos globales, como el crimen transnacional, ¿no corresponde apostar por procesos de cooperación internacional?
Tú lo has dicho. Una cosa es cooperación, otra cosa es sometimiento.
¿Por qué sometimiento?
Pongo el ejemplo de Colombia: tiene siete bases militares durante más de cuatro décadas. Eso no ha resuelto el tema. De paso, en los últimos años se ha duplicado el área de las plantaciones para el procesamiento de cocaína, ¿no es cierto? Entonces, de vuelta al país, primero no es solución y, segundo, nos compromete del lado de una potencia en momentos álgidos de la geopolítica mundial. Si tú tomas partido por una potencia, obviamente te convierte en blanco de otra potencia.
Supongamos que cambia el ciclo político en Ecuador, hay otra ideología y el mandatario de ese momento decide permitir bases de Irán o de Putin. ¿Eso cambia su punto de vista?
Eso no va a pasar porque el pueblo va a decir No. Aquí no puede haber bases ni de Putin, ni de China ni de los Estados Unidos.
Lo dice el Director Nacional de Unidad Popular…
Pero por supuesto. Una vez que supuestamente tengan el permiso de poner bases, van a poner donde ellos quieran en acuerdo con los norteamericanos o con quien sea. En esto punto primero hablaron de las Galápagos, pero por la presión de los jóvenes y los ambientalistas han ido rectificando el discurso.
¿Cuál es la alternativa de UP a este tema puntual?
Si me preguntas, deberíamos cambiar de gobierno. Pero entre tanto necesitamos decisión política para fortalecer la lucha contra el lavado de activos, el nudo fundamental de la criminalidad que se juega alrededor de USD 5.000 millones al año. Ah, pero los ecuatorianos no sabemos que buena parte de esos dineros pasan por el sistema financiero nacional. Luego, ¿qué pasa con el tema de los puertos? ¿Por dónde se va el 80% de la cocaína que sale de este país hacia Europa?
¿Los puertos deben ser militarizados?
Pueden ser militarizados, pero sobre todo debe haber gente que no permita que se conviertan en avenidas para el narcotráfico, además en cajas de banano, pues. ¿Quién responde de los puertos? De los públicos, la Aduana. ¿Y de los privados?, ¿cuántos tiene la Corporación Noboa? Y si vamos por un enfoque integral sobre el tema de seguridad, mientras no haya trabajo o educación no habrá un cambio en esa situación conflictiva. La ecuación es simple: más trabajo, más educación, menos delincuencia. Así de sencillo. Pero el Gobierno nos vende la idea de una guerra de dos años con la que ha justificado varias cosas. Ya la consulta popular de 2024 le dio las herramientas que pedía. ¿Dónde están los resultados? Entonces, tienes un gobierno que o es cómplice o es incapaz.
Instantes atrás Usted dijo que más trabajo es una respuesta ante la crisis de inseguridad. Pero ustedes no apoyan un nuevo sistema laboral, flexible y con derechos, que favorezca a quienes no tienen trabajo, en especial para quienes quieran trabajar incluso por horas… ¿Entonces?
¿Estás seguro que hay jóvenes que quieran trabajar por horas? Veamos la votación de la consulta de abril de 2024: el 70% de la gente se pronunció por el No.
Pero no hay nada más vulnerador de derechos que no tener trabajo…
Es que “flexibilización laboral” es un eufemismo para ocultar explotación y sobreexplotación laboral.
¿Cómo multiplicar las fuentes de trabajo, entonces?
Primero con un gobierno que piense en la gente. Pongamos un caso: en el país hay cerca de 900.000 unidades productivas agrícolas. ¿Dónde está el apoyo estatal? ¿Dónde está el crédito barato real más allá de los anuncios por campaña o de la “bonocracia”? El microcrédito, por ejemplo, es el más caro del país. Luego, por pagar la deuda externa no se cumplen con los presupuestos para obra pública, siendo esta actividad un dinamizador del mercado laboral.
Vamos a la pregunta sobre el número de asambleístas. El país está hastiado de tanto show, de gente que va al Pleno a revisar catálogos de joyas. Si los partidos siguen siendo negligentes y candidatizan a cualquiera, pueden ser 151 u 80 legisladores y el problema será el mismo. ¿Qué propone UP?
El tema no es cantidad, es calidad.
«Si hay menos asambleístas, hay menos representación. 13 provincias van a tener un representante. Y en este contexto, un partido va a representar a todo Chimborazo, a todo Cotopaxi. Eso restringe la democracia».
¿Qué mea culpa al respecto tienen que hacer los partidos y UP en particular?
Por supuesto que los partidos tienen que ser autocríticos, pero nosotros no hemos tenido asambleístas camiseteros. Estamos de acuerdo con que la gente está harta de una Asamblea que no le representa. Entonces, esta es una pregunta gancho, una pregunta cebo, para capitalizar el hastío de la gente. Pero en este caso el remedio puede ser peor que la enfermedad, si hay menos asambleístas y son de la misma calidad de esta gente que pasa dibujando, de esa que tiene órdenes desde la bananera, de esa que dice que ha “resolvido” las cosas.
ADN y correísmo allanaron el camino para un bipartidismo, al recuperar el método D’Hondt. Así iríamos a conformar una Constituyente, si la gente le da el Sí al oficialismo en esta pregunta. ¿Concuerdan ustedes con la imagen de una potencial Constituyente como un monstruo de dos cabezas?
Por supuesto, en este punto no hay diferencia entre Noboa y Correa, pues ellos quieren un bipartidismo y nosotros hemos presentado ya la demanda de inconstitucionalidad en el tema del método D’Hondt, por ejemplo, y de la interpretación que boicotea las alianzas políticas en el Código la Democracia. Pero adicionalmente el tema es que, si hay menos asambleístas, hay menos representación. 13 provincias van a tener un representante. Y en este contexto, un partido va a representar a todo Chimborazo, a todo Cotopaxi. Eso restringe la democracia.
¿Por qué este país va de extremo a extremo? Pasamos de la paradoja de creer que 236 movimientos significan mayor democracia a un escenario de un potencial bipartidismo…
La irrupción de movimientos y partidos locales fue uno de los inventos del correísmo: facilitaba la consolidación del partido único a escala nacional, pero transfiriendo poder a caiques locales. ¡Pero si hasta hubo partidos parroquiales, pues! Y obviamente hay una autoridad electoral que ha permitido todo esto. En todo caso, nosotros somos partidarios de que obviamente haya una diversidad ideológica en el país, pero no hay tantas ideologías como para tener 17 partidos nacionales y menos 200 locales. Este es un tema que hay que corregir, pero no sobre la base de decir que aquí solo habrá correísmo o noboísmo. Ecuador va mucho más de allá de esa polarización.
¿Cómo están las cuentas de UP con respecto a fondos estatales?
Desde la existencia de Unidad Popular (2015, n.d.l.r.), no hemos tenido acceso al fondo partidario. Pero para nosotros, eliminar el fondo partidario es una reforma totalmente antidemocrática. Porque luego vienen las grandes chequeras, las chequeras de las economías criminales y las chequeras de los sobornos. Entonces, un partido, por ejemplo, de maestros, de estudiantes, de sectores medios, no podría competir. En la época del MPD teníamos fondo partidario y esto nos permitía efectivamente llegar en mejores condiciones, porque los partidos tienen que ser centros de pensamiento social.
Geovanni Atarihuana Ayala es el Director Nacional de Unidad Popular. Tiene 53 años, es hijo de maestros. Fue presidente de la FESE y la FEUE. En la sede del partido, en el tradicional barrio América (centro-norte de Quito), posa frente a una fotografía de Jaime Hurtado González, líder histórico del Movimiento Popular Democrático, asesinado el 17 de febrero de 1999. Fotos: Luis Argüello / Plan V
Varias organizaciones mal usaron tal fondo hasta en cirugías estéticas…
Efectivamente, pero para eso hay Contraloría y Consejo Nacional Electoral, y no pueden pagar justos por pecadores. Entonces, frente a esas maquinarias multimillonarias, el fondo partidario permite la democratización de la participación política, pues incide en que una fuerza que representa sectores populares o profesionales pueda competir con los banqueros en alguna forma.
¿Qué es para ustedes un partido político en la actualidad?
Una organización social con una visión filosófica, política, programática de cómo vemos el país. Nosotros somos un partido de izquierda revolucionaria y creemos en la necesidad de la justicia social, de la plurinacionalidad, de la soberanía y de unas definiciones claras sobre quién genera la riqueza y cómo presentar soluciones al país en cada momento histórico, porque en este país no son más de 200 las familias que se llevan la riqueza.
¿Revolucionarios como Chávez u Ortega?
Nosotros a Ortega lo hemos cuestionado en los últimos cinco años, porque se ha convertido en el Somoza del siglo XXI. Y sobre Venezuela nosotros decimos que Maduro no representa los intereses del pueblo venezolano, pero tampoco justificamos a Trump amenazando con invadir Venezuela.
¿UP cree que con la convocatoria a consulta y la posibilidad de una Constituyente el Gobierno marca una agenda que enmascara problemas serios como el aumento de la criminalidad, el desempleo y la crisis en el sistema de salud?
Tiene el doble propósito: distraernos de los principales problemas e hilvanar un traje a la medida. Ninguna de las preguntas, incluida la de la Constituyente, va a resolver los problemas urgentes de la gente que son seguridad, trabajo, salud, educación; campos en donde el Gobierno está absolutamente en deuda porque ha sido incapaz y esto es algo que le va a costar a la hora de la consulta. Cuando el Presidente habla de pasar las prestaciones de salud de la Seguridad Social al Ministerio de Salud, eso le va a pasar factura. Nosotros sentimos en la calle, en el contacto directo con la gente, un crecimiento del No. Incluso los que antes votaron por Noboa para oponerse al correísmo se dan cuenta de que Noboa es un Corrrea 7.0.
El No en esta consulta luce heterogéneo: tiene una multiplicidad de voces. Eso puede ser una ventaja, pero en términos estratégicos puede dispersar los mensajes. ¿Cómo articular un discurso robusto frente a la maquinaria publicitaria del Sí?
Yo creo que en este caso es una ventaja. Es una especie de guerra de guerrillas. Piensa en los dos millones de integrantes del Seguro Social Campesino atemorizados de perder sus derechos: ¿cómo va a votar esa gente? ¿Cómo va a votar la juventud universitaria cuando ya hay voces que hablan de eliminar la gratuidad de la educación superior pública? Entonces, hay mensajes diversos para públicos diversos. Hay temas que nos unifican por el No, para defender los derechos en sus distintas acepciones. Por ejemplo, los ambientalistas están muy activos en el tema de la defensa de los derechos de la naturaleza, del agua. Estuve hace poco en Azuay y la gente sabe que para defender Kimsacocha hay que votar No. Por ello, yo diría que más bien esa multitud de razones y voces por el No va a confluir efectivamente en un plebiscito contra Noboa. Incluso gente de la misma derecha se da cuenta del proyecto autoritario y concentrador de poder de Noboa.
Pero ADN está registrado en el CNE como centro-izquierda, o sea coideario de ustedes…
Todo se puede decir en el papel, pero como dice Jesucristo: por sus obras los conoceréis.
Fuente. Revista Plan V. publicado 11 de noviembre 2025