Por Jaime Chuchuca Serrano
La tradición histórica de la oligarquía ecuatoriana se levanta sobre el dominio de la tierra y de las poblaciones. La modernización capitalista de las haciendas y plantaciones mantuvo ciertos patrones terratenientes y sumisiones esclavizantes. Lo mismo ocurrió con las modalidades del poder en el Estado, que se consideraba como una gran hacienda al servicio de quienes llegaban al poder. En el gobierno de Noboa, la oligarquía 2.0, los esquemas tradicionales han variado muy poco. La oscuridad de la administración hacendataria se traslada a la cosa pública. La falta de transparencia de las cuentas y los datos públicos hace imposible el seguimiento y la investigación propia de una democracia.
En el gobierno de Noboa se ha extendido la reserva de datos a programas tan elementales como los bonos, contrataciones, funcionarios y las cuentas institucionales. La prensa hasta ahora no ha podido ingresar a la Cárcel del Encuentro, inaugurada al 35%. Del otro lado, si no se oculta información, no se actualizan los datos mensuales, que es otra forma de evadir la investigación. Los mecanismos de corrupción continúan en los órganos de poder, en asambleístas sumisos que no fiscalizan, en la función judicial, fiscalía y organismos de transparencia y control que trabajan a disposición del gobierno de turno.
Hay varios casos emblemáticos de corrupción en el gobierno de Noboa y muchos culpables siguen sin inmutarse. El caso de la compra de los Chalecos de Cartón que logró pruebas del mismo ejército. Los millonarios casos de Progen y ATM en las eléctricas. El pago de 22 millones de dólares a los Bucaram Aivas. La contratación opaca de El Ordeño en los desayunos escolares. El tráfico de influencias del gobierno con Dundde Precious Metals en Kimsakocha y otros contratos mineros con empresas cercanas al clan. El caso de Petronoboa. Las denuncias a Noboa Trading por tráfico de droga en cargamentos de banano. Las desapariciones forzadas a manos de los militares, como con los 4 niños de Las Malvinas, también tienen corrupción de por medio. El tráfico de influencias para la adjudicación del Campo Sacha a Sinopetrol y Amodaimi. El uso de recursos públicos indebidos en las campañas electorales. La desaparición de la deuda del grupo Noboa en el SRI. La corrupción en el sector de la salud y el IESS; el reciente caso Healthbird… Y la lista continúa. No solo que los casos de corrupción se han incrementado, sino que el cinismo de la élite gubernamental ha crecido.