Por Annabell Guerrero Pita
En un país que atraviesa la más grave crisis de la administración de justicia, en la que incluso se advierten nexos de la máxima autoridad del Consejo de la Judicatura con el crimen organizado, lo mínimo que cabría esperar es que el proceso de selección de la o el Fiscal General del Estado —quien dirigirá la institución encargada de la persecución penal— sea transparente, riguroso y creíble.
Sin embargo, lejos de responder a esta exigencia básica, nos encontramos frente a un proceso cuestionado desde su inicio. La Comisión Técnica de Selección está integrada por perfiles que han sido señalados por no cumplir con requisitos mínimos como conocimientos sólidos en materia penal, experiencia en control social y probidad notoria.
La presidenta de esta Comisión se graduó como abogada recién en 2024 y su conocimiento en materia penal se limita a algunos cursos tomados recientemente, aparentemente para cubrir esta carencia. Aún más grave resulta la situación del vicepresidente de la Comisión —delegado del Ejecutivo—, sobre quien pesa una orden de alejamiento respecto de 21 adolescentes que habrían resultado afectados por su conducta. Estos hechos constan en documentación pública y no corresponden a simples rumores.
Se trata, por tanto, de un proceso que nace viciado y que parece responder a un mandato previo: garantizar que el perfil que llegue a la Fiscalía sea funcional al poder. Ahora bien, es cierto que la eventual suspensión o nulidad del concurso también plantea un escenario preocupante, pues implicaría mantener a un Fiscal encargado durante meses o incluso años, como ya ha ocurrido en otras instituciones debido a la incapacidad —o al cálculo político— del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, distinción que en ocasiones resulta difícil de establecer.
Pese a estas consecuencias, lo sano para el país y para la democracia es cuestionar las irregularidades, los cálculos y las componendas que atraviesan este tipo de concursos. Si un proceso de esta naturaleza nace viciado, la máxima autoridad de la Fiscalía carecerá de legitimidad. Normalizar prácticas de este tipo provoca un daño profundo a las instituciones.
No podemos permitir que se repita lo ocurrido en el concurso para el Consejo de la Judicatura, en el que se produjeron graves irregularidades: se dejó prescribir un proceso disciplinario contra un postulante; se excluyó arbitrariamente a otro para hacer coincidir el resultado con el perfil previamente definido por el poder de turno, para lo cual se presionó al presidente de la Corte Nacional de Justicia y, como parte de estas maniobras, incluso se le otorgó un cargo diplomático a su hijo.
Es urgente designar a la máxima autoridad de la Fiscalía, pero no a costa de sacrificar la legalidad, la transparencia y la legitimidad del proceso.