Por Encarnación Machado
El proyecto de ley calificado como urgente en materia económica presentado por el gobierno, bajo el nombre de “fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía”, es una medida jurídica, política y económica orientada a profundizar la privatización del sector eléctrico y garantizar condiciones excepcionales de acumulación para el gran capital minero, utilizando como justificación un contexto de emergencia fabricado por el propio gobierno de Daniel Noboa.
Cabe recordar que, hace algunas semanas la Corte Constitucional en el marco de las disputas Inter burguesas declaró inconstitucional ciertas reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (LOSPEE), que hoy buscan insistir.
El gobierno señala que este proyecto busca atraer inversión privada, garantizar sostenibilidad fiscal y asegurar el suministro eléctrico. Sin embargo, detrás de este discurso se esconde una profundización del rol del Estado como facilitador de negocios privados, especialmente en actividades de alto impacto ambiental y social. El sector eléctrico, teóricamente concebido como un servicio público estratégico, es visto por el oficialismo y sus aliados internacionales, como un soporte funcional del extractivismo minero.
La reforma a la LOSPEE, abre la puerta a mecanismos de delegación, asociación y participación privada, flexibilizando 14 controles y criterios de selección bajo el argumento de eficiencia y estabilidad macroeconómica. En la práctica, esto implica transferir infraestructura, gestión y rentas del sistema eléctrico al capital privado, mientras el Estado conserva los riesgos financieros, sociales y ambientales. Se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas.
El proyecto no puede analizarse de forma aislada, tal como se desprende del propio documento, existe una articulación explícita entre la reforma eléctrica y la minera, donde el suministro energético se subordina a las necesidades de grandes proyectos extractivos. El énfasis no está en garantizar electricidad accesible y de calidad para la población, sino en asegurar continuidad operativa, tarifas favorables y seguridad jurídica a la gran minería, incluso en contextos de restricción energética.
Las reformas a la Ley de Minería buscan flexibilizar los controles ambientales, simplificar trámites en beneficio de las 15 grandes transnacionales y reducir costos de transacción para las empresas mineras y sustituye estándares de protección por controles administrativos posteriores. El uso de la figura de urgencia económica resulta políticamente cuestionable.
La Constitución establece este mecanismo para enfrentar situaciones excepcionales que requieren respuesta inmediata. No obstante, el proyecto introduce reformas estructurales de largo plazo, que modifican la naturaleza de sectores estratégicos y comprometen decisiones futuras. La urgencia se convierte así, en un atajo institucional para limitar el debate democrático, reducir el control legislativo y evitar una deliberación social amplia sobre un tema que afecta directamente a la soberanía energética. El proyecto de ley presentado por el gobierno de Noboa busca garantizar la rentabilidad privada en nombre de la estabilidad macroeconómica. La minería aparece como tabla de salvación fiscal, pese a que ella significa profundización 16 de la dependencia al imperialismo, grave conflictividad social y degradación ambiental.
El sector eléctrico, lejos de planificarse en función del desarrollo nacional, se reconfigura como un insumo estratégico al servicio de las empresas privadas que pretenden generar y comercializar el servicio.
En definitiva, este proyecto no fortalece los sectores eléctricos, por el contrario, los desmantela. Debilita la planificación pública, erosiona la soberanía energética y consolida un modelo primario-exportador dependiente del imperialismo.
Frente a ello, resulta imprescindible abrir un debate profundo sobre el modelo energético y minero que el país necesita, uno que priorice el interés nacional, la transición energética justa y el control democrático de los recursos estratégicos. Lo contrario es aceptar, sin discusión, que el futuro eléctrico del país quede subordinado a las necesidades del gran capital internacional minero.