Por Ab. Juan Pablo Sansur Ode
La particularidad del gobierno nacional es de que todo ordenamiento jurídico pase como les da la gana, sin análisis técnico, ni rigurosidad jurídica, pura y dura politiquería, todo insuflado con dolo y mala fe en su máxima expresión, ante ello al gobierno no le interesa absolutamente nada, sino que a dentelladas y a raja tabla salirse con la suya al costo que sea: sacrificando democracia, sacrificando el debate parlamentario y dejando a un lado voces disonantes, porque ellos creen que de esta manera se construye liderazgo y lo que hay es totalitarismo procaz, que cobijados con asambleístas subordinados como los de ADN consiguen aprobar lo que quieren.
Se está dilucidando en el parlamento ecuatoriano el proyecto de ley que se denomina para la sostenibilidad y eficacia del gasto de los gobiernos autónomos descentralizados, todo es pomposo, rimbombante, fastuoso, pero en realidad todo forma parte de un sainete, de un show, de una tramoya. Ahora habrá un detrimento en contra de los llamados gobiernos autónomos descentralizados, la reforma busca aplicar la regla del 70-30, setenta para inversión y 30 para gasto corriente, no solo para las transferencias del gobierno central, sino esto comprende todos los ingresos de los GAD, pretendiendo que en los proyectos de inversión no se incluyan rubros como estudios o pagos de personal especializado, algo que resulta un absurdo técnico; adicionalmente en caso de ser aprobado este funesto proyecto se ponen en riesgo servicios esenciales como los servicios de salud de Pichincha Humana, las escuelas deportivas, los Centros Warmi y la viabilidad rural que conecta nuestras ruralidades es lo que manifestó la Prefecta de Pichincha Paola Pabón, con la reforma planteada esos servicios pasarían a considerase gasto corriente, cuando realmente son gastos de inversión, el pagar a un profesor es una inversión, el pagar a un entrenador deportivo es una inversión, el pagar a un gestor cultural es una inversión, todo está orquestado premeditadamente para que a través de la triquiñuela y con trapacería nos traten de convencer que los problemas del país radican en las ineficiencias de los llamados gobiernos provinciales y gobiernos locales, cuando este gobierno ha demostrado palmariamente y fehacientemente de que ha sido incapaz de ejecutar el presupuesto general en todos los sectores, incluido la misma inseguridad a la que tanto dice combatir y arreciar.
Hay que subrayar que en este proyecto de ley se estaría violando el artículo 238 de la Constitución que garantiza la autonomía política y financiera de los municipios y prefecturas, lo que pretende el gobierno nacional es licuar una deuda total entre juntas parroquiales, municipios y prefecturas que son de 1.500 millones de dólares y con esta reforma la reducción sería de 1.000 millones anuales para todos.
Existe un gobierno que quiere escabullir sus responsabilidades con los GAD, bajo el supuesto concepto de la eficiencia, la prefectura o municipio que no esté alineado o subordinado al gobierno central será castigado. Siempre la muletilla, la matraca y la catalnica consistirá en la supuesta “eficiencia”, es importante que haya más gasto de inversión que gasto corriente, pero tampoco podemos abrir la rendija y el subterfugio para la persecución política en contra de prefectos y alcaldes que no se arrodillan y que no son sumisos a este presidente fascista.
Habrá una confiscación de recursos, sin misericordia en contra de alcaldes y prefectos, mientras que los que sean gobiernistas no sufrirán retazos, ni retaliaciones presupuestarias, lo que hará el gobierno es retornar al centralismo, más acendrado y agresivo, el Estado central acumula retrasos significativos en las transferencias a los GAD, lo más lamentable en caso de que se apruebe dicho proyecto es la consecuencia de incumplir la regla fiscal ya que los GAD que no lo acaten podrían enfrentar una reducción en la transferencia de recursos permanentes que pasaría del 10% al 5%.